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El gobierno de Joe Biden anunció este viernes que no extenderá extenderá el estatus del parole humanitario una vez que expire su plazo: a finales de mes para los venezolanos y en enero de 2025 para cubanos, nicaragüenses y haitianos.
La decisión afecta a medio millón de personas, quienes deben buscar alternativas legales para permanecer en el país o enfrentarse a posibles deportaciones en los próximos meses.
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"Su parole terminará automáticamente al final de su período de libertad condicional (hasta dos años desde el día en que recibió parole en Estados Unidos). Si no ha solicitado un estatus legal o un periodo de estancia autorizada, tendrá que salir de Estados Unidos antes de que expire su periodo de parole, o puede que se le someta a un procedimiento de expulsión", advierte una actualización de la página web del DHS.
"Si no se le ha concedido un estatus legal o un período de estancia autorizada, puede comenzar a acumular presencia ilegal en Estados Unidos", añade la publicación.
Ahora todos ellos podrían enfrentar la deportación, ya que sus permisos expiran al término del período de libertad condicional.
Aunque se seguirán aceptando nuevas solicitudes para el parole, estas solo otorgarán protección por un máximo de dos años sin posibilidad de renovación.
A pesar de que el parole no ofrece una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía, organizaciones proinmigrantes esperaban que Biden extendiera el programa, en especial dado su precedente con los re-paroles otorgados a ucranianos y afganos.
Además desde que se implementó la medida, los cruces irregulares desde Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba se han reducido un 99%.
Aunque el anuncio de DHS cae como un cubo de agua fría para muchos de los beneficiarios, los cubanos cuentan con la enorme ventaja de poder solicitar una residencia permanente (green card) gracias a la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que les permite pedir la residencia tras un año en el país.
En el caso de venezolanos y haitianos podrían acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS) si llegaron antes del 4 de junio de 2024 y el 31 de julio de 2023, respectivamente.
Sin embargo, para los 93,000 nicaragüenses la situación es más complicada, ya que no son elegibles para el TPS y deberán recurrir al asilo, algo que se ha vuelto más difícil bajo las nuevas restricciones de la Administración Biden.
Si no encuentran otras opciones legales estos inmigrantes podrían enfrentar procesos de deportación, aunque no está claro cómo se llevarían a cabo, ya que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela no aceptan deportaciones estadounidenses, mientras que Haití sí lo permite.
Actualmente 344,335 venezolanos y 200,005 haitianos residen en el país bajo el TPS, aunque este también expira: en septiembre de 2025 para los venezolanos y en febrero de 2026 para los haitianos.
El programa de parole humanitario fue lanzado en octubre de 2022 con el fin de ofrecer una vía legal a los inmigrantes venezolanos que llegaban de manera irregular a Estados Unidos.
Hasta la fecha, cerca de 117,000 venezolanos han recibido protección bajo este programa, obteniendo permiso para vivir y trabajar en el país por dos años.
En enero de 2023 el gobierno de Biden amplió la iniciativa para incluir a ciudadanos de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes también cruzaban la frontera en cifras alarmantes.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al cierre de agosto de 2023 unos 530,000 inmigrantes de estos cuatro países residían en Estados Unidos gracias al parole.
De ese total, 210.000 son haitianos, 117.000 venezolanos, 110.000 cubanos y 93,000 nicaragüenses.
El programa ha sido criticado, especialmente por los republicanos. Donald Trump y sus aliados lo calificaron de ilegal, argumentando que es un abuso de la autoridad presidencial.
Antes de la decisión de la Administración Biden, el candidato republicano ya había prometido que desmantelaría el programa si es reelegido.
"Prepárense para irse", dijo en una entrevista con Fox News hace unos días.
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