El 39% de los jubilados cubanos cobra la pensión mínima. El dato en sí suena mal, pero cuando se cambian los porcentajes por números, suena aún peor. De los 1,7 millones de beneficiarios que tiene la Seguridad Social (entre jubilaciones, protección a la maternidad y personas con invalidez parcial), cuatro de cada diez jubilados cobran 1.528 pesos al mes (entre 4,50 euros y 4,70 dólares, al cambio informal de esta semana).
Para que se entienda: un salario mínimo en Cuba (2.100 pesos) equivalía en mayo pasado a dos kilos de pollo. Un pensionista no podría comprar con su sueldo ni siquiera un kilogramo de leche en polvo, que hace cinco meses costaba 1.800 pesos. La consecuencia directa es que cada vez se ven más ancianos en las calles de La Habana revisando la basura y acopiando materias primas, para reunir un poco de dinero que les permita llegar a fin de mes.
La cifra de jubilados cobrando la pensión mínima la ha confirmado a la prensa oficialista Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según explica en declaraciones a Cubadebate, el Estado destina 40 millones de pesos al pago de pensiones en medio de una inflación, que se resistió a bajar del 30% en 2023.
Justamente los pensionistas son los que han mostrado serias preocupaciones después de que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel anunciara en septiembre la desaparición del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la excusa de que se descentralizará este servicio para transferir competencias a los municipios y provincias.
El discurso oficial asegura que esto se hace con el ánimo de "aligerar el aparato estatal", pero en la práctica se traspasa a los territorios la papa caliente ya que al menos ese 39% de pensionistas cubanos con ingresos mínimos tienen todas las papeletas para engrosar la lista de personas en riesgo de pobreza extrema.
Especialmente complicada es la situación de quienes no tienen familia en el extranjero que les mande dólares para poder tener acceso a una dieta balanceada en la recta final de sus vidas. Dependen, exclusivamente de lo que llega a la bodega. En este mes de octubre, ni café ni aceite, ni frijoles, ni pasta dental. La propia prensa oficialista describe la situación de la distribución de alimentos subvencionados por el Estado dentro de "un panorama complejo".
Aún así, el discurso oficial reitera, ya sin un ápice de credibilidad colectiva, que "esta medida no implica dejar a la población desprotegida", so pretexto de que la Seguridad Social es una "conquista" que quieren conservar aunque en estos momentos no se ha tomado ninguna medida en este sentido. Lo dice con eufemismo la directora general de Seguridad Social: "Estamos trabajando para que esta situación mejore, aunque las circunstancias actuales no permiten cambios inmediatos", reconoce sin dar detalles sobre a qué se refiere cuando asegura que están trabajando en ello.
Y en la línea de pasar la papa caliente a los territorios, la funcionaria asegura que quien tenga problemas económicos debido a ingresos insuficientes, como ese 39% de jubilados que cobran 1.528 pesos al mes, puede acudir a las direcciones de trabajo a solicitar ayudas, que recibirán después de una investigación de cada caso, añade sin aclarar qué requisitos hay que cumplir para recibir esa subvención, en un país en el que el 89% de la población está en situación de pobreza extrema.
Salario mínimo fijado a finales de 2020
En diciembre de 2020, el gobierno cubano fijó el salario mínimo en 2.100 pesos cubanos (CUP), unos $87 dólares al cambio previsto de 24x1, mientras que las pensiones se dijo que oscilarían entre los 1.528 ($64) y 1.733 CUP ($72), según una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) publicada en la Gaceta Oficial.
En ese momento, desde CiberCuba se advirtió de que el impacto de la medida para los ciudadanos dependería de los niveles de inflación durante el proceso de unificación monetaria, que ha sido desastroso. De hecho, el propio Díaz-Canel ha reconocido que tiene la intención de "rectificar el reordenamiento".
La modificación del método para calcular la cuantía de las pensiones por edad y por invalidez total decretada por el gobierno cubano ha generado desde entonces dudas y malestar entre jubilados y pensionistas, que denuncian la precariedad en las que les ha dejado el Gobierno, que ha encontrado una solución: que los jubilados vuelvan a trabajar. Para ello se aprobó una actualización de la Ley de Seguridad Social, que permite a los pensionados reincorporarse al trabajo y cobrar a la vez tanto la pensión como el salario del cargo ocupado.
El propio régimen reconoció en junio pasado que la inflación está descontrolada y que la situación de la economía "continúa siendo muy tensa", ya que "los precios siguen creciendo aunque a menor ritmo". La agonía continúa.
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