José Dávila Núñez, un empresario de 51 años residente en Miami, fue sentenciado el 11 de octubre a 63 meses de prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada, por su participación en un esquema de fraude al programa Medicaid. Además, Dávila fue condenado a pagar $3,869,703 en concepto de restitución.
Dávila se había declarado culpable el 14 de junio de conspiración para cometer fraude en el sistema de salud. Según los documentos judiciales y la declaración de hechos acordada, Dávila y sus co-conspiradores abrieron una clínica de salud mental llamada New Behavior Health Direction, Incorporated (New Behavior), en Hialeah Gardens, Florida, utilizando a un propietario falso como fachada. Entre abril de 2019 y septiembre de 2020, presentaron reclamaciones falsas a Medicaid por valor de $3,869,703, alegando haber brindado servicios de rehabilitación psicosocial (PSR), un tipo de terapia destinada a ayudar a personas con trastornos como la depresión y la ansiedad. En septiembre de 2020, el falso propietario retiró los ingresos del fraude, entregó parte del dinero a Dávila y luego huyó a Cuba. La empresa de Dávila, Max Medical Consulting Services, Incorporated, ubicada en Miami, recibió aproximadamente $500,000 de los ingresos fraudulentos generados por New Behavior.
Durante la audiencia de sentencia, Dávila también fue responsabilizado por un fraude adicional de $2,617,992. Este monto estaba relacionado con los sobornos que él y sus cómplices pagaron a pacientes entre noviembre de 2018 y diciembre de 2022, a cambio de que estos recibieran servicios de PSR en otras tres clínicas de Miami: Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center y Larkin Behavior Health, Incorporated.
El gobierno de los EE. UU. logró confiscar aproximadamente $1.7 millones en efectivo relacionados con las cuentas bancarias de New Behavior.
Este caso se suma a la creciente lista de fraudes en el sur de Florida, muchos de los cuales han involucrado a ciudadanos cubanos o personas con vínculos a la isla. La región ha sido escenario de numerosos esquemas fraudulentos relacionados con el sistema de salud, destacándose especialmente el fraude a Medicaid y Medicare, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para combatir estas actividades delictivas en el área.
El 1 de abril de 2024, el cubano Ariel Núñez Finalet fue condenado a prisión en Miami por estafar al Medicare cerca de 17 millones de dólares. Núñez estuvo prófugo durante una década, participando en una red que presentó reclamaciones fraudulentas por medicamentos innecesarios a través de farmacias en Florida.
Posteriormente, el 3 de abril de 2024, una joven de Hialeah, Lisandra Santana, fue acusada de fabricar un accidente para cobrar un seguro y terapias, simulando lesiones falsas para reclamar dinero. La policía descubrió que ella misma rompió la bolsa de aire del vehículo para hacer creíble el fraude.
A inicios de mayo, dos cubanas, María Campos e Isabela Méndez, fueron detenidas por preparar un falso accidente automovilístico en Miami con el objetivo de presentar reclamaciones médicas fraudulentas por más de 35 mil dólares. Un día después, el 2 de mayo de 2024, Krystal Arbona, otra joven cubana, fue acusada de liderar un fraude de 40 mil dólares al seguro tras un accidente de tráfico en Miami. Las investigaciones revelaron que las terapias reclamadas nunca se realizaron.
El 2 de julio de 2024, las autoridades arrestaron a Margelys Moreira Pino, una cubana en Miami-Dade, por sobornar a pacientes para reclamar al Medicare servicios médicos inexistentes. Este esquema resultó en más de 100 mil dólares en reclamaciones fraudulentas.
Finalmente, el 23 de julio de 2024, otro cubano en Miami, Agustín García Marsán, fue detenido por estafar a ancianos en un esquema de fraude, utilizando la "estafa de abuelos" para obtener miles de dólares.
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