Los delitos vinculados al ganado mayor en Cuba, que según el régimen afectan gravemente la economía y la seguridad alimentaria, han involucrado a más de 9,000 personas en lo que va de año, según datos presentados por el coronel Manuel Valdés Brito, jefe del Órgano de Enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (MININT).
El tema fue analizado en el programa televisivo Hacemos Cuba, donde participaron además Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, y Yoel Palmero Meneses, miembro del Buró Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
El coronel Valdés destacó que este delito tiene un impacto significativo en 55 municipios de nueve provincias, lo que evidencia su extensión y complejidad.
Durante el año, los órganos del MININT han concentrado esfuerzos en combatir estas ilegalidades, ejecutando 6,000 acciones de enfrentamiento y abriendo 902 procesos investigativos, que resultaron en la neutralización de 9,005 individuos, de los cuales el 52% recibió medidas penales.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran: Propietarios fallecidos o ausentes sin declarar su ganado, nacimientos y transacciones no registrados, animales sin inscribir o identificados incorrectamente, robo, sacrificio ilegal y faltantes en las manadas y medidas de control y responsabilidad de los productores.
Se registraron 591 denuncias relacionadas con hechos que atentan contra el control de la masa ganadera, un sector prioritario para el desarrollo agrícola del país.
Según el régimen, los productores de ganado mayor deben cumplir con estrictas regulaciones, entre las que destacan acreditar la posesión de la tierra, garantizar el cercado perimetral de las áreas de pastoreo, disponer de instalaciones adecuadas como cuadras, cobertizos y corrales, y denunciar de inmediato la pérdida, robo o sacrificio ilegal de animales.
El coronel Valdés enfatizó que el combate a este flagelo es una prioridad nacional debido al impacto económico y social que genera. “Es uno de los delitos más frecuentes en el país y su enfrentamiento exige un esfuerzo coordinado de todos los organismos implicados”, concluyó.
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