NUEVA YORK, 17 mayo (Reuters) - El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, prohibió el jueves a los jueces de inmigración la práctica de archivar casos de deportación que involucran a algunos inmigrantes que tienen lazos profundos con Estados Unidos.
La práctica conocida como "cierre administrativo" permitió a los jueces remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en Estados Unidos pese a carecer de un estatus legal.
Bajo la presidencia del demócrata Barack Obama hubo un esfuerzo por cerrar administrativamente ciertos casos como una forma de permitir que los jueces se centraran en asuntos de mayor prioridad y redujeran el atraso en los tribunales de inmigración. Más de 200.000 casos fueron cerrados durante los últimos seis años de su mandato.
Los cierres se aplicaban rutinariamente a personas sin antecedentes penales que habían vivido durante muchos años en Estados Unidos, a menudo con hijos o cónyuges que son ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, tras el cierre esos inmigrantes podían postular a obtener permisos de trabajo.
El Gobierno del presidente Donald Trump ha tomado un rumbo muy diferente sobre la inmigración, declarando que todos aquellos que se encuentren en el país de manera ilegal, ya sea que representen o no una amenaza para la seguridad pública, están sujetos a la deportación.
Dado que los tribunales de inmigración están bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, el fiscal general puede emitir opiniones en casos de inmigración que permitan establecer un precedente legal para los jueces en todo el país y la Junta de Apelaciones de Inmigración.
El jueves, Sessions emitió una orden de este tipo en un caso en el que un juez había otorgado un cierre administrativo para un menor no acompañado procedente de Guatemala.
Antes de la decisión de Sessions, el Gobierno o un inmigrante podía pedirle a un juez el cierre de un caso. El fiscal general dictaminó que los jueces "no tienen la autoridad general para suspender indefinidamente los procedimientos de inmigración por cierre administrativo".
(Reporte de Mica Rosenberg. Editado en español por Carlos Aliaga)
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