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El cubano Ángel Chapotín Carrillo, de 42 años de edad, admitió ayer miércoles que durante los años 2015 y 2016 recaudó un total de 1.3 millones de dólares de contribuyentes de Arkansas y de otros 16 estados, además del Distrito de Columbia. La fiscalía ha señalado que se trata de una estafa a nivel nacional, según la cual diez cubanos se hicieron pasar por funcionarios del IRS (Internal Revenue Service).
La principal forma de operar de la red consistía en llamar por teléfono a los contribuyentes para decirles que tenían deudas fiscales pendientes que debían pagar de forma inmediata bajo amenaza de arresto o deportación.
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Un medio de prensa local destaca que los implicados estafaron a más 750 personas en Arkansas, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania, Oregon, Utah, Idaho, Oklahoma, Alabama, Minnesota, Wisconsin, Missouri, Kansas, Iowa, estado de Washington y Washington DC.
Además de Chapotín Carrillo, los restantes implicados de mayor envergadura son Yosvany Padilla (27 años); Dennis Delgado Caballero (39 años) y Jeniffer Valerino Núñez (21 años).
También están acusados Elio Carballo Cruz, Esequiel Bravo Diaz, Ricardo Fontanella Caballero, Alejandro Valdés, Alfredo Echevarria Rios y Joel Leon Pando.
Los acusados enfrentan cargos de fraude y serán juzgados todos menos uno, que se encuentra fugitivo de la justicia y las autoridades creen que ha huido a Cuba.
Las autoridades judiciales creen que es muy probable que Ángel Chapotín Carrillo sea uno de los organizadores en Arkansas, de un fraude a nivel nacional que ha estafado a unas 7 mil víctimas, con pérdidas totales que rondan los nueve millones de dólares.
Junto a Chapotín Carrillo el mayor implicado es Yosvany Padilla, quien ha reconocido que estuvo activamente involucrado en la trama y que se dedicó a falsificar y distribuir documentos de identificación falsos para otros cómplices.
El cargo de conspiración por fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión y una multa que puede alcanzar los 250 mil dólares, aunque el declararse culpables y facilitar la investigación podría conducir a reducción en las penas.
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