Una gran cantidad de picadillo es ofertado con el empaque roto y descongelado en el concurrido mercado Carlos III de La Habana. Así lo ha denunciado recientemente el realizador cubano Geovanys Federico García Vistorte a través de sus redes sociales.
“Decenas de tubos de picadillo de pollo curado se ofrecen casi descongelados, rotos y expuestos como quiera, en el Centro Comercial de Carlos III”, escribió el también guionista de radio y televisión cubanos en su perfil de Facebook.
García Vistorte aseguró que las fotos fueron tomadas en la mañana del domingo 23 de septiembre de 2018. “Evidentemente ese alimento en unas horas no servirá para nada... Es injusto derrochar así”, expresó.
A la pregunta de un usuario que quería conocer si el alimento se encontraba subsidiado, el realizador respondió que no, dado que el mismo se ofertaba a 0.90 CUC (alrededor de 23 pesos cubanos).
El acceso a Internet en Cuba ha pasado de ser privilegio de unos pocos y se abre camino entre miles de usuarios. Con un número creciente de cubanos conectados, han llovido las denuncias de todo tipo en las redes sociales y, además de las referidas a los derechos humanos, el maltrato al consumidor es el factor común en una buena parte de ellas.
Hace unos pocos días, salieron a la luz casos como el de los exorbitantes precios de productos alimenticios en tiendas de La Habana: un paquete de espaguetis a 14 CUC -la mitad del salario mensual en la Isla- y un galón de naranja agria a 26 CUC, por citar los más recientes.
Además del desabastecimiento generalizado, el panorama del comercio interior se agrava con sucesos como el recogido por un usuario a quien una empleada estatal le sugirió que “no se bañara” para no verse obligada a venderle dos jabones.
La primera resolución legal cubana sobre la protección de los derechos del consumidor entró en vigor el 1ro de junio, con el objetivo de cubrir el vacío y la dispersión legislativa que existían en la materia y frenar las crecientes violaciones de los derechos del cliente.
El nuevo reglamento estipula que los clientes deben recibir mercancías y prestaciones con calidad, tener garantizado el oportuno abastecimiento de bienes de primera necesidad y la protección de sus "intereses económicos", de modo que puedan adquirir artículos con "adecuada relación calidad-cantidad-precio".
Además, incluye el derecho a compensaciones por daños y perjuicios, y dispone vías y mecanismos para tramitar reclamaciones.
Según la normativa los clientes podrán exigir que se les dispense "un trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación con las condiciones de calidad, cantidad, precio, peso, volumen, medida de los productos y servicios de cualquier naturaleza que adquieran".
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