René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba -organización que quiere llevar a juicio a los responsables de crímenes de lesa humanidad en la Isla- declaró este lunes que en la reunión prevista en la OEA para el próximo viernes quedarán cerrados los expedientes de los cuatro primeros casos estudiados.
El jurista mexicano ha indicado que van a dejar los expedientes "listos para iniciar el proceso de juicio" porque contienen suficiente información y una "carga probatoria enorme" para que "cualquier tribunal del mundo" pueda juzgar a los responsables.
No obstante, dijo que Justicia Cuba busca la creación de un tribunal ad hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad por parte del régimen surgido de la revolución de 1959, como ocurrió con los cometidos por el nazismo, en Ruanda o en la antigua Yugoslavia.
Bolio dijo que de los cuatro casos estudiados hasta ahora por una comisión que está formada por juristas, activistas de los derechos humanos y políticos de varios países, no solo latinoamericanos, dos ya están "judicializados".
El hundimiento del remolcador en 1994, que dejó 37 muertos, está en la órbita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que le costó la vida a cuatro pilotos, en la justicia estadounidense, señaló.
Los expedientes de los cuatro casos cubren "toda la cadena" de responsabilidades, desde los autores intelectuales a los que ejecutaron las órdenes.
Esperan que en 2019 se constituya el tribunal y que "empiece a resolver estos casos". Según ha declarado Bolio, ya han hablado con "varios estados" e instituciones internacionales y esperan que el año próximo sus gestiones le proporcionen "los dientes" que necesitan para cumplir con su objetivo.
Bolio ha destacado la importancia del "apoyo político" que ha recibido de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, intervendrá este viernes en la conferencia que tendrá lugar en Washington.
La Comisión fue creada por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de diez naciones de Europa, América y Asia en marzo del 2017 "tras el aumento de represión" en la Isla.
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