La justicia argentina decidió otorgar el límite de 30 días a Florencia Kirchner, hija de los expresidentes Néstor y Cristina, para permanecer en Cuba mientras se analiza su solicitud. La joven de 28 años había pedido extender 45 días más su estadía en la Isla.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), encargados de atender los “delitos” por los cuales la Florencia es acusada, recomendó aprobar una prórroga de solo 30 días. La sentencia fue dictaminada por el fiscal del caso Diego Velasco, de acuerdo con reportes del diario Clarín.
Recientemente, Cristina reveló a través de sus redes sociales, parte del historial clínico de su hija, después de recibir críticas por su viaje a la Isla para acompañar a Florencia.
El informe médico reveló que la paciente sufre de un trastorno de estrés postraumático. Además de otros diagnósticos como: síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores. Actualmente, se atiende en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), en La Habana.
Los abogados de la familia Kirchner habían solicitado un autorizo para que la joven permaneciera 45 días más en Cuba con vistas a culminar su tratamiento. Para ello, el juez del tribunal 5, Daniel Obligado, hizo entrega el pasado sábado del informe de salud al Cuerpo Médico Forense (CMF). El objetivo era determinar si Florencia podía viajar o no, y -en cualquier caso- el tiempo necesario para su recuperación.
Durante la presente jornada el CMF respondió al tribunal. Según el medio citado, los especialistas indicaron que necesitan ver la historia clínica completa de la hija de la expresidenta. También solicitaron examinar en persona a Florencia, antes de realizar cualquier dictamen.
Hasta no tener toda la información pertinente, la justicia argentina ha decidido no aprobar o rechazar dicha autorización. Aunque tanto Cristina como su hija no tienen prohibido salir del país, deben informar a los tribunales si se ausentan.
La joven de 28 años, como el resto de su parentela, están siendo investigados por asociación ilícita y lavado de dinero, a través de empresas familiares con fondos provenientes de obras públicas. No obstante, hasta el momento no se han fijado las fechas del juicio.
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