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Las compañías españolas Meliá e Iberostar han contratado los servicios de varios despachos de abogados para preparar su defensa en el caso de que la administración estadounidense levante la suspensión del título III de la ley Helms Burton, según informó el suplemento Cinco Días del diario El País.
Esta suspensión, que expirará el próximo 17 de abril, impide a los cubanoamericanos reclamar ante las cortes de Estados Unidos propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
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A inicio de marzo el gobierno norteamericano dejó claro que esta suspensión tiene una excepción, ya que sí se podrán interponer demandas contra las empresas que están sancionadas por Washington y que están incluidas en una "lista negra".
En ese registro se encuentra Gaviota, el grupo de turismo del Gobierno de Cuba, que tiene 84 hoteles en la Isla en régimen de propiedad. La gestión de los recintos hoteleros recae en operadores extranjeros. De hecho Meliá "explota seis de esos hoteles, dos en Varadero, tres en Villa Clara y otro en Jardines del Rey, tal y como indicó el citado medio.
Por su parte Iberostar gestiona otros seis, uno en la Habana, tres en Varadero, uno en Villa Clara y otro en Jardines del Rey.
Hay que recordar que el título III de la mencionada ley permite a los norteamericanos, que posean registros de propiedades en Cuba, iniciar un proceso judicial contra el gobierno cubano y las empresas que están utilizando para sus negocios los bienes confiscados.
En noviembre del año pasado se conoció que Meliá había llegado a un acuerdo con los dirigentes de la mayor de las Antillas para renovar sus licencias en el país hasta 2042. La inversión total en la Isla ascendería a 400 millones de dólares.
La oferta del Gobierno de Cuba para negociar
El pasado 21 de marzo el Gobierno de Cuba se mostró dispuesto a negociar un acuerdo para compensar a los reclamantes de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
"Lo que Cuba está dispuesta a hacer (...) es entrar en un proceso de negociación en la búsqueda de un acuerdo de suma total para que puedan ser compensados los antiguos reclamantes, reconocidos por la Comisión de reclamaciones extranjeras de EEUU", afirmó el director para EE.UU de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío.
A cambio de iniciar esta negociación, el diplomático pidió poner en marcha "un proceso de discusión" para que Washington indemnice al gobierno cubano por lo que calificó como "daños materiales por años de agresión militar".
Sus declaraciones tuvieron lugar después de que el pasado 4 de marzo se filtraron informaciones de que la administración estadounidense iba a levantar la suspensión del título III de la Ley Helms-Burton, lo que hubiera permitido demandar a algunas empresas extranjeras que operan en Cuba.
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