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Una familia cubana, cuyos ascendientes eran propietarios de una hacienda azucarera que fue expropiada por el gobierno de Fidel Castro en 1960, ha anunciado que demandará a las empresas españolas Meliá y Blau ante tribunales norteamericanos por el delito de tráfico ilícito con propiedades confiscadas, informó ABC.
Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill, amparados por la reciente activación del Título III de la Ley Helms Burton por la administración de Donald Trump, han dicho que reclamarán una compensación por la explotación de hoteles situados en un terreno de más de 40.000 hectáreas al norte de la provincia de Holguín.
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Se trata de los hoteles Sol Río de Luna y Mares, y Paradisus Río de Oro, pertenecientes a Meliá, así como el Costa Verde y el Playa Costa Verde, de la cadena Blau.
Los inmuebles son propiedad del Grupo Gaviota, que controlan los militares cubanos, y por ello han sido incluidos en una “lista negra”, de bienes sujetos a sanciones por parte del gobierno norteamericano.
Los herederos de Sánchez Hill están investigando si hay más compañías españolas que operen otras instalaciones ubicadas dentro de su antigua hacienda.
En lo que fueron sus tierras el gobierno norteamericano ha identificado al menos 11 hoteles, todos controlados por Gaviota, además del embarcadero Puerto Vita.
“Para nosotros poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo, porque va a hacer ya 60 años que nos robaron nuestras propiedades”, explicó Jorge Latour Sánchez, de 84 años.
Él abandonó la Isla junto a cinco hermanos, nietos del patriarca, tras la expropiación forzosa del régimen. Tres de ellos ya murieron.
“Ellos no podrán ver cómo por fin se puede hacer justicia después de tantos años”, añadió.
Actualmente viven más de 100 familiares del terrateniente Sánchez Hill, casi todos en Estados Unidos, pero algunos en España. En 1996 una sociedad limitada en Florida para canalizar las indemnizaciones, al que nombraron igual que la hacienda azucarera robada, Central Santa Lucía.
Desde hace años están tratando de negociar con la empresa Meliá una posible indemnización. Entre 2000 y 2002 sostuvieron cuatro reuniones: dos en Miami y otras dos en Washington, una de ellas en el departamento de Estado. Según su asesor legal, Nicolás Gutiérrez, estuvieron muy cerca de un acuerdo de indemnización por cinco millones de dólares.
“El problema es que la otra parte se dio cuenta de que el gobierno americano no tenía intención de aplicar la ley en su totalidad de forma inminente y pasaron de ofrecer cinco millones a ofrecer poco más de 3.000 dólares, una verdadera afrenta. Eso ha cambiado ahora porque a Trump le importa un bledo lo que piense la Unión Europea”, explicó.
Son varios los cubanos de Miami que se preparan para reclamar las propiedades que les fueron expropiadas tras 1959. Recientemente América Tevé divulgó el caso de Emilio Izquierdo, a cuya familia el régimen le quitó un negocio que tenía en Pinar del Río.
El Gobierno de Estados Unidos avisó que ninguna empresa, ya sea norteamericana o europea, estará exenta de su nueva política hacia Cuba.
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