Los españoles que vivían en Cuba al triunfo de la Revolución, y cuyas propiedades fueron confiscadas por el nuevo régimen, han fortalecido su esperanza de recuperar sus bienes tras la reciente activación del Título III de la Ley Helms Burton.
Según reporta ABC, una empresa privada denominada 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales ha estado durante años identificando a españoles que fueron víctimas del despojo cubano.
Su estrategia no es acudir a la vía judicial, sino recopilar toda la documentación que demuestre la propiedad o herencia de sus patrimonios y hacer las gestiones pertinentes para que cuando se den las condiciones adecuadas, Cuba las devuelva.
Jordi Carabarrocas, director general de la entidad, se basa en 40 casos similares ocurridos en otros países, que en un 90 % concluyeron con la devolución de lo confiscado a sus legítimos propietarios.
“En un momento cercano de la historia, Cuba entrará en ese camino de la reversión” de las expropiaciones, dijo.
La activación de la Helms Burton le sirve de locomotora. Aunque es cierto que los españoles no pueden acogerse a ella, la medida de Trump les beneficia indirectamente, porque Estados Unidos “tira del carro” y “a corto o medio plazo va a paralizar cualquier inversión en Cuba”, lo cual, en su opinión, forzaría el reintegro.
1898 CRP ha reunido ya a 450 familias españolas; de ellas, medio centenar residen en Estados Unidos. Carabarrocas cree que podría haber 3.000, con bienes confiscados por valor de 30.000 millones de dólares.
QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO ESPAÑOL POR LOS SUYOS
Durante el mandato de Adolfo Suárez (1976-81) el gobierno español comenzó a negociar un convenio (finalmente se firmó en 1986, con Felipe González en el poder) mediante el cual Cuba se comprometió a indemnizar a más de 3.000 españoles con 5.416 millones de pesetas (unos 32,5 millones de euros) “por todos los bienes, derechos, acciones e intereses” afectados por leyes y medidas dictadas por el gobierno de Cuba desde 1959.
Muchos estimaron que las cifras abonadas se quedaban por muy debajo del valor real de las propiedades. Otros ni siquiera se enteraron del citado acuerdo bilateral.
El actual gobierno de Pedro Sánchez estima que las reclamaciones sobre pertenencias expropiadas son un caso cerrado, al menos a nivel de Estados, y que la postura de la administración Trump “no es homologable al planteamiento europeo”.
Fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que una posible reapertura del acuerdo de indemnización de 1986 “está fuera de lugar”, y que “cualquier reclamación que se plantee tendrá que ser, exclusivamente, a nivel particular”.
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