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Denuncian la presencia de un buldócer y unos 60 policías para demoler viviendas en Boca de Galafre, Pinar del Río

Más de 15 viviendas en la playa Boca de Galafre han sido notificadas vía verbal para su demolición este viernes por las autoridades de Pinar del Río.

Una de las viviendas, en la playa Boca de Galafre en Pinar del Río. © Cortesía de Lázaro Luis Ruiz Echevarria.
Una de las viviendas, en la playa Boca de Galafre en Pinar del Río. Foto © Cortesía de Lázaro Luis Ruiz Echevarria.

Este artículo es de hace 4 años

El coordinador en Pinar del Río del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Lázaro Luis Ruiz Echevarría, ha denunciado la presencia policial y de equipos para demoliciones, entre ellos un buldócer, en la playa Boca de Galafre en la zona sur de esta provincia de Cuba, donde hay viviendas que el gobierno local quiere demoler por su ubicación: "justo sobre la duna o interrumpiendo el manglar”.

"Hasta el momento no se ha podido obtener ninguna imagen de lo que está sucediendo porque hay un cerco total de policías uniformados y otros de civiles que no dejan entrar a ningún personal hasta ahí", especifica Ruiz en un mensaje vía Whatsapp a CiberCuba.

Yanisleidys Hernández, una de las dueñas de las más de 15 viviendas a demoler en esta playa, comunicó a este activista que "ya estaban en la casa, en la parte de afuera, en el portal y en la sala tratando de persuadir a las familias para que los dejaran hacer su trabajo y no hacerlo a la fuerza".

Según señala esta ciudadana, "hay un cerco alrededor de la casa –que será demolida– de efectivos uniformados de la policía que no permiten que entre nadie, ningún personal civil, ni vecinos, ni nada, ni tomen imagen de estos hechos que se van a realizar".

La vivienda de Hernández está valorada en unos 10.000 CUC y se construyó hace "cuatro años, con el sacrificio de su salario y sus ahorros", agrega el coordinador del OCDH en Pinar del Río.

Este activista detalla que "más de 50 efectivos del MINIT uniformados y vestidos de civil con carros patrulleros y camión de brigada especial" se reunieron en la mañana de este viernes en la sede de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del municipio pinareño San Juan y Martínez. Además, autoridades locales, ambulancias y todo el equipo de demolición se movieron desde allí a las casas de Boca de Galafre.

Debido al despliegue policial, el opositor cubano Rolando Pupo Carralero, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática, y su esposa Sandra Hacer, quien es directora del boletín independiente Panorama Pinareño del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), fueron interceptados a dos kilómetros de donde están las viviendas con notificación de demolición y acompañados hasta la Carretera Nacional con la orden de volver a su casa.

La demolición de estas viviendas en la playa Boca de Galafre estaba programada en un principio para este 22 de mayo. Pero, según el activista de OCDH les fue notificada este jueves vía verbal por el director de planificación física del municipio San Juan y Martínez de Pinar del Río, y sin ninguna copia del documento, que se realizaría este 31 de mayo.

Yanisleidys Hernández se negó a retirarse de la vivienda, y junto a otros ciudadanos "permanecen allí hasta el día de hoy", afirma Ruiz. Esta cubana "ha estado siempre firme como una Mariana denunciando todas estas violaciones y quebrantamientos con respecto a su familia", especifica.

En una publicación de este observatorio independiente de derechos humanos en la isla, Hernández denunció que desde hace dos años pagaba incluso hasta el servicio eléctrico, pero que la empresa estatal decidió cortar la luz cuando ellos no estaban en casa. La única explicación entonces fue que era una orden del gobierno municipal.

Después de días de ir de la sede del Gobierno provincial a la dirección Provincial del Partido Comunista (PCC), no obtuvo ninguna respuesta sobre su caso.

Sin embargo, su esposo "Omar González Moranto fue citado y atendido por el delegado del MININT en San Juan y este le expresó que las casas serían demolidas quieran o no, y que le compensarían", agrega esa publicación.

Las autoridades les advirtieron que no denunciara esta demolición, ni diera información a organismos independientes.

La afectada aclara que "la casa está construida en terreno privado y es propiedad de Osmin Crespo, quien es como familia y les cedió el lugar para que hicieran la casa, y que en igual situación están Mayelín Pino Hernández y el propio Osmin, a los que también le retiraron la electricidad y están expuestos a perder sus propiedades", apunta esta información del OCDH.

Nuestro medio de momento no ha podido verificar cómo transcurre la demolición, estamos a la espera de más detalles.

NOTICIA EN DESARROLLO.

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