La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, dictó una resolución este martes que otorga medidas de protección cautelares a tres presos políticos cubanos que han sufrido abusos graves en diferentes cárceles.
Josiel Guía Piloto, integrante del grupo opositor Partido Republicano de Cuba, sufrió un colapso pulmonar hace poco tiempo a causa de una golpiza que le propinaron los guardias de la cárcel, denunció su madre
A raíz de este lamentable hecho, la madre de Guía Piloto explicó que los guardias golpearon a su hijo porque este se negó a usar el uniforme que dan a los reclusos en la prisión. Luego del incidente, lo movieron a la prisión de alta seguridad Taco Taco, en Artemisa.
Según el comunicado de la CIDH sobre su caso, este prisionero de conciencia cumple una condena de cinco años, dictada en 2016, por los supuestos delitos de “desacato” y “desorden público”. Antes había sido arrestado al menos en 22 ocasiones.
La Comisión acuerda que los tres presos han sufrido además de los abusos en cárceles, persecución y detenciones arbitrarias por parte del Gobierno cubano.
Por su parte, Iván Amaro Hidalgo, activista del Partido de la Democracia Pedro Luis Boitel, ha soportado golpizas fuertes y ha sido objeto de maltrato psicológico en la prisión de Agüica, desde que fue detenido en 2016 bajo los delitos de “atentado” y “desacato”.
El año pasado las autoridades cubanas aumentaron su condena inicial de tres años a cinco, por el presunto delito de atentado en el interior de la cárcel.
El último preso, Jesús Alfredo Pérez Rivas, activista del Partido Republicano de Cuba, ha sido víctima asimismo de violencia física y mental en la prisión de trabajos forzados de Copa, en Santa Clara.
Pérez Rivas presentó recientemente una infección urinaria grave por falta de tratamiento médico, denunció su madre, quien ha sido amenazada por agentes de la seguridad del Estado con retirarle la custodia de la hija de Rivas, si llegaba a denunciar las condiciones inhumanas en las que permanecía su hijo.
La CIDH pidió al Gobierno de Cuba que "adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal" de estos hombres y demandó que se les diera "acceso a un tratamiento médico adecuado".
El régimen se ha negado a brindar información sobre los presos políticos a esta organización internacional.
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