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Quien por estos días observa la terminal de calle cuatro, en la ciudad de Santiago de Cuba, desprovista totalmente de los bulliciosos camiones privados, se sorprende con esta escena insólita, ajena por completo a la realidad de esta urbe. Muy pocas veces ha sucedido esto, y muchos refieren el huracán Sandy como la última vez que pasó algo similar.
Y más allá del descontento que provocan las recientes medidas del Estado para regular el precio del transporte privado en Santiago de Cuba, la iniciativa gubernamental ha dejado en verdadero desamparo a las personas, pues ahora más que a la merced de los cuentapropistas y la famosa ley de oferta y de demanda, están sujetos a un sistema ineficiente de transportación estatal que demuestra con creces por estos días las inmensas carencias que posee y las pocas ganas de soluciones.
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Además, muchos opinan que la medida ha revelado aún más la histórica y profunda dependencia de los nacidos en esta provincia a las iniciativas privadas de transportación, un viejo problema que hoy se vuelve más explícito, mientras que también pone en relieve los ineficientes mecanismos de control, marcos regulatorios y medidas coercitivas que hasta ahora se empleaban por parte del gobierno.
“Hasta tres horas estuve ayer en la terminal para poder ir a Contramaestre, salió una guagua del Estado pero no pude cogerla, me pude ir en la segunda. El transporte está infernal en estos días. Es cierto que los particulares estaban poniendo precios de hasta 50 pesos para ir a Contramaestre, pero al menos estaba la opción y muchos la usaban, ahora todo depende del Estado y el resultado es la debacle. En toda la mañana ni un solo camión ha venido. Ahora los que se benefician son los trabajadores estatales que con pequeños sobornos te cuelan en dichos medios de transporte del estado”, comenta una santiaguera.
Para quienes viven en la ciudad cabecera y se mueven dentro de ella, la realidad también se ha vuelto hostil. Comenta una joven profesora universitaria que no comprende por qué extremar esas medidas, por ejemplo, con los llamados pisicorre “en el caso de estos vehículos se les bajó el precio de cinco pesos a tres pesos. Por años existió el consenso entre consumidores y oferentes de que el precio fuera cinco pesos en determinadas rutas, por ejemplo, Boniato, El Distrito, El Caney…, y la nueva medida ha desestimulado a los portadores privados.
"Hoy, por ejemplo, puedes pasarte perfectamente dos horas en una parada y no pasa uno, o todos están llenos. Creo que era mejor respetar ese viejo acuerdo informal que por años ha existido, la cosa dentro de la ciudad está más dura, y no veo solución, ¿salió en algún medio que entrará un nuevo lote de ómnibus? No creo”.
La temporada estival es, de por sí, un momento en que se estresa, y mucho, el tema del transporte.
Elena comenta que años atrás era habitual que las guaguas de empresas, luego de cumplir con sus recogidas de trabajadores, apoyaran la transportación en la ciudad, “pero es que el Estado justamente aplicó la nueva política de precios en el momento en que estas guaguas se insertan en la transportación de las personas en los planes vacacionales. Pero además, la de mi trabajo, por ejemplo, no puede apoyar la transportación de la población en este momento de crisis por varios argumentos que el Estado desestimó. Primero hay recorte de combustible, también no pueden insertarse de a lleno pues se deterioran y crearían un problema a la empresa, y por si fuera poco, tienen que apoyar las vacaciones de los trabajadores. O sea, el transporte de las empresas no es una alternativa viable en esta etapa, y el Estado debió considerar eso antes de aplicar tal medida en el inicio del verano”.
La realidad de quienes se mueven entre los municipios se ha tornado dura por estos días, más incluso que quienes se trasladan dentro de cualquier urbe.
Ramiro considera que son momentos donde las cosas se hacen bien o no se hacen, y no a medias como ha hecho el Estado, y por eso ha creado un caos.
“Se han transmitido varios programas televisivos, el periódico ha hablado de las resoluciones que avalan esto de topar los precios y las medidas que se pueden aplicar en caso de quien no respete. Pues nada, si ya empezaron a organizar un tema que se les fue de control, pues que lo hagan completo, que apliquen medidas y todo el mundo cogerá la cola, pues lo único que han hecho con hacer las cosas a medias es crear una situación caótica, por eso la gente está en una parada, dos horas en el sol, y se siente desamparada”, opina.
Cuestiones legales… de espuelas a amenazas
El Decreto-Ley No. 356/2018 sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, las resoluciones 194/2018, del Ministerio de Finanzas y Precios, y 174/2018 del Ministerio de Transporte, esta última sobre las obligaciones de los titulares de Licencia de Operación de Transporte, entre otros, forman parte del cuerpo legal que permite al Estado topar los precios y exigirles a los cuentapropistas el cumplimiento.
Sin embargo, en boca de los transportistas privados solo resuena una idea pronunciada por Lisette Martínez Riera, subdirectora de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en la televisión local: “en el reglamento se plantean las obligaciones de los trabajadores por cuenta propia y es obligatoriedad de los trabajadores por cuenta propia cumplir con lo que está establecido, y además se plantea en este reglamento que será cancelación o suspensión de la actividad, por los órganos y organismos competentes, cuando se incumpla con alguna de las cuestiones que aquí se están planteando que son obligaciones del trabajador por cuenta propia. Y por tanto hay un decreto ley, que es el 357, que regula las contravenciones personales y deja bien claras todas las medidas que se pueden aplicar que van de la notificación preventiva, que lleva una multa incluso de mil pesos, hasta la multa de 4 mil 500 que lleva el comiso del instrumento o del objeto, o que lleva también la cancelación de la actividad hasta dos años”.
Al mismo tiempo que a los transportistas privados se les exige cobrar barato el pasaje, y no se les garantiza nada de los recursos para realizar su labor, ahora se les unen las casi explícitas amenazas y hostigamiento de que, de continuar con su “huelga”, podrían enfrentar acciones legales por parte del Estado.
Una política que, hasta la fecha, no ha resuelto el problema de la movilidad de las personas y que, al contrario deja ahora mismo a los de a pie sin solución al problema agravado de su transportación y los hace sufrir en carne propia el diálogo no consensuado entre Estado y sector privado.
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