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El 64 por ciento de los $650 millones de dólares financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para las obras del Puerto del Mariel fue utilizado indebidamente, reveló una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil.
Las cifras sobre el destino de los fondos empleados en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel están contenidas en un informe discutido y aprobado unánimemente este miércoles por la máxima corte de las finanzas en Brasil, del cual se desprende que de cada $2 dólares prestados a Cuba, $1.56 debe explicaciones sobre su uso. Los fondos malversados en el megaproyecto cubano rondarían los $416 millones de dólares.
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El reporte del TCU determinó el monto del millonario desfalco sufrido por el banco estatal en las obras realizadas por constructoras brasileñas en varios países, incluyendo Cuba.
Se trata de la primera de cuatro auditorías concluídas por el TCU, que analiza el uso de los préstamos del banco estatal brasileño para diversos tipos de construcciones. Según las características técnicas de las obras, el tribunal las clasificó en cuatro grandes grupos: carreteras, generación de energía eléctrica, infraestructura urbana y puertos.
El documento indica que el BNDES prestó para estas obras un total de $6 073 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones fueron desviados: $1 066 millones en la construcción de carreteras (desvío de 50,41%), $932 millones en obras urbanas (desvío de 45,38%), $587 millones en obras de energía eléctrica (desvío de 46,73%) y $416 millones concedidos para la construcción de puertos (desvío de 64%).
Aunque la auditoria no cita nominalmente el Puerto del Mariel, se puede deducir que este último dato se refiere a la obra ejecutada en Cuba por Odebrecht, una vez que se trata del único préstamo concedido por el BNDES para la construcción de puertos en el exterior.
El desvío
El TCU considera “desvío de finalidad” del dinero del BNDES todos aquellos recursos que la institución entregó a las constructoras para exportar a esos países sus servicios, así como materiales fabricados en Brasil, y no fueron destinados a ese fin.
Según ese modelo de financiación, el BNDES le prestaba a las constructoras brasileñas con contratos en el exterior, pero las obligaba a gastar ese dinero en compras en Brasil, como una forma de incentivar la economía nacional.
Prácticas engañosas, así como falta de control, permitieron que el destino de esos recursos no se cumpliese y se desconozca el paradero de la mitad de los fondos, según el informe.
Por este modelo de negocio, que tuvo su auge en los años del gobierno de Lula da Silva -entre 2003 y 2010- y se extendió al primer mandato de Dilma Rousseff, se beneficiaron principalmente países de África y América Latina cercanos ideológicamente al Partido de los Trabajadores, de Lula.
Odebrecht es señalada en el informe como la empresa que más dinero recibió de ese esquema.
La punta del iceberg
Este primer informe del TCU profundizó en los préstamos para la construcción de carreteras y expone en sus 231 páginas el modus operandi utilizado por seis constructoras brasileñas para malversar más de $1 000 millones de dólares en Angola, Ghana, Honduras, Guatemala y República Dominicana.
Un estado de cosas que, de acuerdo con el ministro que presentó el informe, Augusto Sherman, no será diferente cuando se presenten las próximas auditorías.
“Las informaciones relativas al conjunto de los financiamientos para exportación de servicios de ingeniería, demuestran que ese estado de cosas se repitió independientemente del tipo de obra, del país o de la compañía involucrada”, señaló.
Cuando aún faltan por presentarse tres informes más, entre ellos el de los puertos, el juez Sherman ya adelantó que los valores desviados “reiteradamente durante 10 años” pueden ser aún mayores.
“Si proyectamos esos porcentuales para el total de operaciones del banco, el desvió de finalidad puede haber llegado a los 21 000 millones de reales (unos $5 250 millones de dólares)”, escribió el ministro.
Seguir el dinero
Para finalizar, el tribunal ha dado 60 días para que personas y empresas involucradas en los préstamos justifiquen sus operaciones, entre ellos el presidente del BNDES en los años de la construcción del Mariel, Luciano Galvão Coutinho.
Esta auditoria tuvo inicio en 2015 y ha sido conducida desde entonces por el mismo juez federal del Tribunal de Cuentas, Augusto Sherman.
Sherman inició en esa corte en 1992 como analista de finanzas y ejerce el cargo de Ministro Sustituto desde el segundo gobierno del expresidente Fernando Henrique Cardoso, pasando por los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer y ahora Jair Bolsonaro.
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