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El Gobierno de Cuba eliminará a partir de este lunes los subsidios a las viviendas construidas por el Estado, informa el medio oficialista Granma.
"El precio de transferencia de las viviendas que el Estado construya y asigne a personas jurídicas y naturales es el costo presupuestado de la construcción, calculado a partir del sistema presupuestario de la construcción vigente", apunta el Acuerdo del Consejo de Ministros 8641/2019, publicado en agosto en la Gaceta Oficial.
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Desde 1985 el Gobierno de Cuba cubría entre el 76 y 82% de las viviendas construidas por ellos, ahora los ciudadanos deberán asumir el 100% de la construcción, conservación o reparación, apunta el citado medio.
El director de Asuntos legales de la vivienda del Ministerio de la Construcción, Santiago Herrera Linares, justificó la nueva normativa como "una cuestión de racionalidad económica y también de justeza".
La medida llega en un momento de crisis energética en Cuba que las autoridades llaman "situación coyuntural", aunque viene desde 2018 cuando comenzó la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos.
El funcionario público afirmó que "una vivienda media, de unos 60 metros, puede costar entre 6 000 y 8 000 pesos cubanos, lo cual no es ni lejanamente el valor de lo que se ha invertido en ella".
En Cuba el salario medio es de apenas 777 pesos cubanos (CUP) al mes, unos 31 dólares, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). La subida salarial en el sector estatal incrementará –según el Gobierno– los ingresos medios mensuales a 1.067 CUP, cerca de $43.
Sin embargo, a los cubanos el dinero no les alcanza, entre otras cosas, por los altos precios en las tiendas estatales.
El directivo aclaró que "no es una cosa de mercado" porque el acuerdo prevé que el Gobierno financie el 100% del precio de las viviendas de personas "que no estén en condiciones de asumir su pago", especifica el documento.
Los cubanos que no tengan recursos deberán esperar la decisión del Consejo de la Administración Municipal de si la entrega en usufructo o arrendamiento.
"Si se trata de personas beneficiarias de la asistencia social, el inmueble se entrega en usufructo. En caso de que cese la insolvencia del beneficiado, este puede solicitar la adquisición de la propiedad. En este supuesto el pago se realiza a nombre de la entidad que ingresó inicialmente su costo al Presupuesto del Estado", puntualiza la Gaceta Oficial.
"El Estado gasta una cantidad de dinero, pero ese no era el monto que abonaba luego la persona beneficiada, por tanto, se trata de buscar el justo medio, para que el Estado emplee todo lo que pueda en función de la conservación de la vivienda, de la solución del problema habitacional del país, pero que sea sobre bases racionales que permitan una sostenibilidad en el tiempo", agregó el representante del MICONS.
Cuba tiene un déficit habitacional cercano al millón de viviendas, según cifras oficiales publicadas en 2018. El gobernante Miguel Díaz-Canel espera acabar con esa situación en una década con programas como la construcción de casas en los municipios.
El sucesor de Raúl Castro llegó a afirmar que en el país se debe producir una vivienda diaria por municipio. Pero, Granma reconoció la pasada semana el incumplimiento de esa promesa por falta de materiales como acero, alambre o cemento.
A esto se suman los problemas con la transportación por la falta de combustible.
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