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La filial en Estados Unidos del banco español BBVA, el francés Société Générale y los canadienses Bank of Nova Scotia y National Bank of Canada fueron demandadas por una familia de origen cubano bajo el título III de la Ley Helms-Burton.
La demanda acusa a los cuatro bancos de traficar con una entidad bancaria que les fue confiscada en Cuba tras el triunfo de la Revolución. Esta sociedad se integró dentro del Banco Nacional de Cuba, con el que el BBVA y restantes bancos llevan a cabo actividades comerciales de las que están obteniendo ganancias.
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Los demandantes son los sucesores de los propietarios del Banco Nuñez, el segundo banco nacional de Cuba en 1958, valorado entonces en 7.8 millones de dólares.
En 1959 el banco contaba con 105 millones de dólares en activos, 51.5 millones en préstamos y 9.9 millones en efectivo, según reza el documento de la demanda, citado por Vozpópuli. El banco fue confiscado en 1960 por el Gobierno de Fidel Castro e integrado en el Banco Nacional de Cuba.
Los demandantes indican que tienen derecho al 10.5% del valor del Banco Nacional de Cuba y piden a los bancos los 7.8 millones de dólares que valía su propiedad cuando fue confiscada, más un 6% de interés anual hasta julio de 2019.
El citado medio indica que la cuantía rondaría los $35 millones de dólares, pero denuncian "daños triples", así que la cifra podría multiplicarse por tres, llegando a superar los 100 millones.
Según detallan los demandantes, "el Banco Nacional de Cuba y el Banco Central de Cuba otorgaron licencias similares a los demandados Scotiabank, Banco Nacional de Canadá y BBVA para establecer líneas de crédito y realizar operaciones bancarias comerciales".
Aseguran, además, que las tres entidades cuentan con oficinas en Cuba y ahora reclaman un porcentaje sobre los beneficios que han obtenido.
La nueva demanda fue presentada el 24 de septiembre en un juzgado de Florida. En el caso de Société Générale, ya había sido denunciado en julio por la misma familia, pero ahora la demanda incluye al resto de entidades financieras mencionadas.
Una vez que reciben la notificación de la demanda, las compañías disponen de treinta días para pagar una indemnización y detener sus operaciones. Si no lo hacen, la familia puede reclamar hasta tres veces más del valor actual de sus propiedades.
Ya suman la treintena las empresas demandadas bajo la ley Helms-Burton, normalmente bajo acciones colectivas a las que pueden sumarse otras personas con casos similares. La ley establece un valor mínimo de la propiedad de 50 mil dólares para interponer una demanda bajo el título III.
En abril, Trump activó también el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a estadounidenses demandar a compañías que se benefician de las propiedades que fueron nacionalizadas o confiscadas a partir de 1950.
American Airlines, Melia Hotels International y Amazon figuran en el listado de compañías que han sido objeto de demandas hasta el momento.
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