Violaciones de los derechos humanos en Cuba en el último año

La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, invita a un repaso a violaciones documentadas en el último año en Cuba: un panorama marcado por 3.075 detenciones arbitrarias, 141 regulados y 123 presos políticos, según datos facilitados a CiberCuba por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

De los 123 presos políticos, la organización sin ánimo de lucro -con sede en Madrid pero con amplia red de informantes en la Isla- precisa que 13 se encuentran bajo condición de licencia extrapenal, y que 32 ingresaron a la cárcel en el transcurso del 2019.

Encarcelamiento de José Daniel Ferrer

El encarcelamiento desde el 1 de octubre de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y de los también activistas Roilán Zárraga, Fernando González Vaillant y José Pupo Chaveco, por el presunto delito de secuestro y golpiza a otro ciudadano en Santiago de Cuba, permanece como la más visible violación de los derechos humanos en la Isla en el último año.

La detención arbitraria de los cuatro activistas -que ya se extiende por más de dos meses y que no da visos de concluir- ha ido acompañada, en el caso de Ferrer, de una estudiada campaña de descrédito orquestada por el gobierno de la Isla.

Ferrer ha sido tratado como un delincuente en un editorial del periódico Granma, en un vídeo difundido por medios de prensa cubanos y en una carta al Parlamento Europeo.

El caso traspasa ya ampliamente las fronteras cubanas y un número creciente de organizaciones internacionales -encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo- vienen reclamando la liberación de Ferrer y de sus compañeros. Permanece como un drama en curso que está dañando, todavía más, la maltrecha imagen del régimen de la Isla en materia de derechos humanos.

Detenciones arbitrarias

Decenas de opositores, periodistas y artistas independientes fueron sometidos a detenciones arbitrarias y a sistemáticos episodios de represión y acoso en Cuba en el último año. Numerosos activistas fueron detenidos durante horas o días en estaciones de policía sin orden judicial o se les impidió moverse de su casa para viajar a otras provincias o participar en actos públicos en la Isla.

Se mantienen casos crónicos como el de las Damas de Blanco, reprimidas en sucesivos domingos cuando intentaron asistir a misa para orar por la excarcelación de los presos políticos en la Isla; además de que la sede nacional de esa agrupación femenina se encuentra bajo vigilancia permanente por parte de la Seguridad del Estado.

También han sido foco de frecuentes arrestos artistas independientes como Luis Manuel Otero Alcántara, activistas por los derechos de la mujer en Cuba, como Nancy Alfaya y Marthadela Tamayo, entre otros; y periodistas independientes como la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández o Luz Escobar.

En el caso de episodios represivos grupales sobresalen al menos tres. En febrero, días antes del referéndum constitucional, ocho sedes de UNPACU, en Santiago de Cuba, fueron asaltadas violentamente por agentes de la policía cubana.

En mayo, la represión a la marcha independiente organizada por la comunidad LGBTI+, en La Habana, concluyó con el arresto de varios activistas, entre ellos Boris González Arenas, Iliana Hernández, Ariel Ruiz Urquiola y Oscar Casanellas.

El 8 de septiembre, la llamada “Marcha de los Girasoles”, en Santiago de Cuba, también concluyó con el arresto de varios activistas, entre ellos José Daniel Ferrer, quien fue liberado y detenido nuevamente apenas unos días después.

Roberto Quiñones y el matrimonio Rigal-Expósito

El abogado y periodista independiente, Roberto de Jesús Quiñones, cumple condena de un año de prisión por los supuestos delitos de "resistencia" y "desobediencia".

Quiñones fue arrestado en abril cuando cubría el juicio un matrimonio evangélico -Ramón Rigal y Ayda Expósito- quienes a su vez fueron condenados en Guantánamo a dos años y un año y medio de cárcel, respectivamente, por pretender educar a sus hijos en casa, al margen del sistema educativo cubano.

Regulados

Uno de los temas más candentes en materia de derechos humanos en Cuba en el último año ha sido el de "los regulados", categoría que se viene aplicando de forma recurrente para bloquear la salida de la Isla a activistas críticos con el Gobierno.

Numerosos son los casos denunciados en los cuales las autoridades cubanas han negado la salida del país en el último momento, sin ofrecer a los afectados ninguna explicación convincente.

Las víctimas de la regulación aseguran que el objetivo del régimen es que no se dé a conocer en el exterior su versión de la vida política y civil en la Isla, y enfatizan que no existe ley, en la nueva Constitución cubana, que ampare el impedimento de salir del país tal como se les ha aplicado a ellos.

El Instituto Patmos -una de las organizaciones que ha documentado el número de personas en esa situación- ha indicado que desde el 2012 existe en la Isla la figura del "regulado", pero indican que en principio esa categoría solo sería aplicable a altos dirigentes, universitarios vinculados a programas estratégicos y funcionarios relacionados con actividades de primer orden en materia de desarrollo económico y científico del país.

El activista religioso, Guillermo del Sol, realizó una huelga de hambre de 55 días entre agosto y septiembre para exigir al Gobierno el cese de la aplicación de una categoría que viola el derecho al libre movimiento, pero no consiguió su objetivo.

La creciente cifra de regulados en el último año llevó a la convocatoria, este 10 de diciembre, de una manifestación pacífica que pretende reunir activistas y periodistas independientes de la Isla en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de la capital cubana.

Asedio y vigilancia a activistas y opositores

La vigilancia y asedio a opositores y activistas fue constante en el último año en torno a acontecimientos claves como la votación de la nueva Constitución, en febrero; así como por la visita de los Reyes de España y las celebraciones por los 500 años de La Habana, estos dos últimos acontecimientos en noviembre.

Varios periodistas independientes y activistas cubanos, entre ellos Yoani Sánchez, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro, Nancy Alfaya, Jorge Olivera, Yunia Figueredo y Camila Acosta, entre otros, denunciaron haber sido sitiados en sus domicilios por agentes de la Seguridad del Estado para impedirles salir durante los actos de celebración por los 500 años de La Habana.

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, llegó a documentar en imágenes la estrecha vigilancia de que fue objeto durante los días que duró la visita de los Reyes de España a Cuba.

Multas injustificadas, fabricación de delitos, despidos arbitrarios o impedimentos de entrar al país

Como parte de la maquinaria de asedio a opositores y activistas se encuentran las denuncias relacionadas con la fabricación de delitos para encarcelar a opositores, la imposición de multas injustificadas y el despido arbitrario -por razones políticas- de centros de trabajo o de estudios.

Especial resonancia tuvo en este último apartado el despido de la activista Omara Ruiz Urquiola como profesora del Instituto Superior de Diseño Industrial, lo que motivó un cruce de declaraciones con las altas instancias del Ministerio de Educación, que no dudó en recordar que la universidad en Cuba es para los “revolucionarios”.

En el último año, los despidos también afectaron a ciudadanos que no son opositores políticos consumados, sino que simplemente mostraron una actitud crítica hacia el régimen cubano. En este apartado sobresalen los casos del profesor universitario René Fidel González García (Universidad de Oriente) y del estudiante universitario Jorge Enrique Cruz Batista (Universidad de Camagüey).

En el caso de González García fue despedido por haber publicado -entre 2013 y 2016- artículos de opinión en La Joven Cuba, Rebelión, Sin Permiso, Cuba Posible, entre otros medios digitales, en los cuales se habría ido "radicalizando”, según fue argumentado en el procedimiento administrativo de despido.

Cruz Batista, alumno de la carrera de Arquitectura, por su parte, fue acusado de haber sido uno de los autores de los carteles aparecidos en enero de este año en ese centro de estudios, que decían: "Abajo Díaz-Canel".

Denuncias de expatriaciones forzosas

Relatores especiales de Naciones Unidas elaboraron un informe en el último año en el que denunciaron hostigamientos, amenazas y expatriaciones forzosas contra activistas políticos y periodistas independientes en la Isla.

Una de ellas habría sido la de Daniel Llorente Miranda, conocido por correr con una bandera estadounidense momentos antes de que se iniciara la marcha en la Plaza de la Revolución, el 1 de mayo de 2017.

Tras su permanencia en prisión primero y luego en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, en mayo de 2019 las autoridades del régimen habrían obligado al opositor a tomar un vuelo para salir de Cuba rumbo a Guyana.

La ONG Cuban Prisioners Defenders también ha denunciado que la Seguridad del Estado presiona a opositores para que se exilien. "Es evidente que esto es algo que sucede en una escala masiva y alarmante y que es imperativo que se detenga", aseguró un informe que publicó esa organización, en el que detalló que la policía política de la Isla amenazó a los opositores con llevarlos a prisión o causarles daños físicos.

Anuncio de ley cubana que autoriza la vigilancia electrónica de los ciudadanos

El Gobierno cubano publicó en noviembre el Decreto-Ley 389 con nuevas disposiciones sobre vigilancia electrónica, que legaliza en algunos casos "la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo".

Al decir del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, tales prácticas son un “intento del gobierno de Cuba de legalizar o ‘blanquear’ su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, fundamentalmente a aquellos que disienten del discurso oficial y viola derechos humanos como la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones".

Médicos cubanos de misión en el extranjero

Numerosas organizaciones que velan por los derechos humanos en el mundo han reiterado en el último año que el régimen de la Isla utiliza prácticas semiesclavistas a la hora de promover sus programas de misiones médicas en el extranjero.

Médicos cubanos que formaron parte de misiones en Venezuela, Brasil y Bolivia denunciaron -en un evento organizado por el Departamento de Estado de EE.UU.- las prácticas laborales abusivas a que fueron sometidos, en algunos casos por los gobiernos de esos países con la anuencia de La Habana, y en otros casos directamente por el gobierno cubano.

En una conferencia de prensa organizada por el Departamento de Estado norteamericano en septiembre, los médicos ofrecieron testimonios que evidenciaron acoso, intimidación y violación de sus derechos.

Denunciaron sentirse durante las misiones médicas en un régimen militar, en el que tenían prohibidas las salidas, las relaciones con los residentes locales, y a cambio de su trabajo les pagaban un salario muy bajo, que ni siquiera percibían de forma íntegra.

También hubo denuncias de que los agentes de la Seguridad del Estado los mantenían bajo un asedio constante, y los presionaban para que falsearan estadísticas e influyeran en la población en votaciones electorales.

A ello se suma que en el último año ha permanecido intacto el drama de los médicos cubanos que abandonan las misiones, quienes tienen prohibido el regreso a la Isla en un plazo de ocho años.

Situación oficial de Cuba en materia de Derechos Humanos

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. Cuba es firmante de esa declaración, la cual contiene una cláusula que denota los derechos fundamentales, deberes y garantías de los cubanos.

No obstante, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Instituciones como Freedom House, Human, Human Right Watch, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, consideran que la situación de los Derechos Humanos en Cuba es grave.

Las restricciones a la libertad de expresión, de asociación, de circulación, de derechos políticos, la ausencia de elecciones y la falta de independencia del Poder Judicial, llenan folios y folios en informes anuales de varias de las organizaciones citadas.

Aunque en el 2007 la ONU eliminó a Cuba de la lista de estados que violan los derechos humanos, el Gobierno cubano lleva diez años sin ratificar los pactos sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, que Raúl Castro firmó en el 2009.

Louise Tillotson, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, recordó en agosto que las autoridades cubanas continúan rechazando una multitud de recomendaciones formuladas por otros Estados miembros de la ONU para ratificar “los tratados internacionales de derechos humanos más básicos”, y añadió que la Isla también rechaza “recomendaciones para fortalecer la independencia del poder judicial o para alinear las leyes penales de Cuba con el derecho internacional”.

Tillotson indicó que el carácter continuista que pregona el hashtag oficial “Somos Continuidad”, “también significa que Cuba seguirá siendo el único país de América que Amnistía Internacional, y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos, no pueden visitar”.

Carlos Quesada, director del Instituto sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos, declaró en entrevista para CiberCuba -en octubre de este año- que en Cuba no solo se violan derechos políticos y civiles, sino también derechos económicos, culturales y sociales, marcados por la falta de una legislación que permita una oposición política legal y una sociedad civil que monitoree el respeto a los derechos humanos.

El especialista añadió que “por si fuera poco, Cuba padece la habilidad de su gobierno para usar el Código Penal para criminalizar a los que disienten, incluidos los defensores de derechos humanos que han sido y son encauzados por delitos comunes que supuestamente han cometido en el ejercicio de su labor”, entre ellos los delitos de desobediencia, desacato y ofensa a la autoridad.

Quesada también aludió a un aumento de la "represión personalizada", que definió como una forma de actuar más selecta o científica, para llamarlo de alguna manera, que incluye un estudio a fondo del sujeto "su perfil psicológico, su religiosidad, sus circunstancias particulares, sus relaciones profesionales y personales, sus apetencias sexuales, sus hobbies y aficiones, sus aversiones, etc." para presionarlo y obligarlo de manera más efectiva y privada.

El Gobierno cubano, mientras tanto, ante las voces que reclaman un mejora urgente en los derechos humanos en la Isla, continúa anteponiendo derechos sociales como Educación y Salud Pública a los derechos humanos y políticos reconocidos universalmente.

En este sentido, Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos precisó, en entrevista para CiberCuba en junio, que “ningún derecho humano es independiente de los demás, no deben enfrentarse o contrariarse entre sí, y todos son igualmente importantes para fundamentar la dignidad humana. Como cualquier régimen autoritario, el Gobierno cubano intenta justificar la ausencia de derechos políticos ofreciendo a cambio ciertos beneficios sociales que, en la práctica, se deterioran rápidamente o se pagan en exceso por los cubanos”.

"Todos los derechos humanos tienen una conexión raigal que es, en esencia, la libertad para su uso y disfrute, primicia sin la cual es imposible su materialización. Sin esta condición, aun cuando estos pretendidos beneficios (salud y educación) hayan sido pensados en positivo perderían ese valor, porque carecen de una esencia democrática, de una participación efectiva, crítica y libre del pretendido beneficiario”, añadió.

El 9 de diciembre de 2018, Miguel Díaz-Canel fue objeto de duras críticas en Twitter después de aludir al compromiso de Cuba con los derechos humanos.

"Cuba comprometida con la cooperación internacional sustentada en la indivisibilidad de los derechos humanos, la no selectividad y la no politización, por establecer un orden internacional más justo que garantice la realización de todos los derechos humanos", aseguró el gobernante.

No pareciéndole suficiente, al día siguiente regresó con otro tweet en el que, citando palabras de Fidel Castro, dijo que “el hombre necesita algo más que pan: necesita honra, necesita dignidad, necesita respeto, necesita que se le trate verdaderamente como a un ser humano”, y concluía preguntándose si “¿habrá algún país que haya hecho más por los derechos humanos que Cuba?”

Un editorial en el periódico Granma asegura este martes que "los derechos humanos en Cuba consagran la dignidad plena del hombre", sin embargo, activistas y opositores cubanos están denunciando, desde primera hora, que la Seguridad del Estado los mantiene arbitrariamente encerrados en sus casas, y les ha advertido que tienen prohibida la salida de su domicilio "hasta nuevo aviso".