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Al menos 223 ciudadanos cubanos fueron impedidos de viajar al extranjero en 2019 como represalia por sus actividades políticas, una de las medidas más usadas en los últimos años por las autoridades del régimen contra la disidencia interna.
El Instituto Patmos, coordinado por el pastor Mario Félix Lleonart y con sede en Madrid, publicó este 31 de diciembre una lista de “regulados”, término con que el gobierno castrista nombra a los nacionales a los que arbitrariamente impide salir del país por el tiempo que él establezca.
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El listado lo integran activistas pro derechos humanos, periodistas independientes, líderes religiosos, artistas, escritores y otros miembros de la sociedad civil independiente en la Isla. Muchos de ellos habían planificado participar en el exterior de la Isla en eventos relacionados con el tema de la defensa de la democracia.
La prohibición de salir del país es una de las tantas políticas represivas que aplica la Seguridad del Estado contra la oposición cubana, pero su empleo se ha intensificado particularmente desde finales de 2016.
El régimen basa su aplicación en el Decreto Ley 302, que entró en vigor el 14 de enero de 2013, y que en su artículo 25 dispone la prohibición de salida “por motivos de interés público o de seguridad nacional”.
Muchas de las víctimas de esta infame política han sido notificadas de que no podrían viajar en el mismo aeropuerto, al momento de chequear sus boletos de viaje.
Así les sucedió el pasado 24 de octubre a 15 activistas políticos que tenían previsto volar a Miami, y que perdieron la reserva porque la mayoría de ellos aparecieron en el sistema como regulados.
Otra de las que este año ha sufrido el particular ensañamiento de la policía política es la periodista independiente Luz Escobar, a quien las autoridades migratorias le han impedido salir del país en cuatro ocasiones por “razones de interés público”.
En agosto, el líder religioso Guillermo del Sol Pérez, miembro de la ilegal Iglesia Católica Antigua, de Santa Clara, se declaró en huelga de hambre para protestar por los derechos de los regulados luego de que su hijo, el comunicador independiente Adrián del Sol Alfonso, fuera impedido de viajar.
Del Sol Pérez inició además la campaña #Ni1ReguladoMás en las redes sociales, para darle visibilidad al problema. El 5 de octubre cesó la huelga, luego de 55 días.
Otros miembros de la oposición cubana han manifestado su inconformidad por otras vías. Según revelo a la agencia Cubanet Ernesto Oliva Torres, activista de la Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la iniciativa Cuba Decide, su organización presentó una queja ante la oficina de Inmigración y Extranjería.
“Quien nos atendió fue un jefe de la Seguridad del Estado y nos dijo que no saldríamos de Cuba porque estamos bajo un proceso de investigación, por supuestamente reunirnos con instituciones que atentan contra la soberanía e independencia (del país)”, detalló.
En el actual listado del Instituto Patmos se incluyeron los nombres de personas que ahora están en prisión, pero que anteriormente tampoco pudieron viajar al exterior. Ellos son el líder de UNPACU José Daniel Ferrer García, el abogado y periodista independiente Roberto Quiñones Haces, y el matrimonio de pastores religiosos Ramón Rigal y Ayda Espósito.
Esta entidad ha publicado desde julio de 2018 un listado de cubanos afectados por la llamada “regulación”. Cuando comenzó el registro, la enumeración constaba de 52 nombres.
Reconocido por la organización de derechos humanos European Citizen Action Service (ECAS) en 2013, Patmos promueve en Cuba cuatro objetivos fundamentales: el ejercicio del diálogo interreligioso, la incidencia política, el monitoreo y defensa específica de las libertades religiosas y la educación en general de los Derechos Humanos Fundamentales, consagrados en los treinta artículos de la Declaración Universal.
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