La esposa de José Daniel Ferrer, Nelva Ismarays Ortega, denunció que las autoridades cubanas la amenazaron con tomar medidas drásticas en su contra, como quitarle la custodia de su bebé de siete meses y confiscar las casas donde vive la familia del opositor.
Tal amenaza también había sido revelada este lunes por el hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer Cantillo, quien dijo que la Seguridad del Estado le anunció que decomisarían las dos sedes de la organización opositora “con todo lo que tienen dentro” para impedir que se hiciera “más activismo”.
Por su lado, Ortega aseguró igualmente que el régimen de la isla está ofreciendo la expatriación forzosa a Ferrer a cambio de cerrar su caso, algo que ratificarían el hijo del opositor y la organización con sede en España Cuban Prisioners Defenders.
Tanto Ortega como José Daniel Jr., de solo 17 años de edad, fueron arrestados e interrogados el lunes, después de que el oficialismo y los voceros del gobierno desplegaran ataques contra la moral de Ferrer y otros opositores.
El diario oficialista Granma ha calificado al activista santiaguero de “contrarrevolucionario, mercenario pagado por una potencia extranjera, o abusador que golpea hasta a la madre de sus hijos”.
Los reportes gubernamentales insisten en perfilar a Ferrer como un hombre con un historial de agresiones a distintas personas. Sin embargo, sus propios familiares han desmentido estas acusaciones.
Según el hijo del líder de UNPACU, quien fuera conducido a la Unidad policial El Palacete, su padre afirmó que estaba dispuesto a morir por la libertad de Cuba si fuera necesario.
Ferrer Cantillo debió responder preguntas a un oficial que se identificó como Franky Lázaro, jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Santiago de Cuba. El joven denunció que le retiraron su teléfono celular.
Cuando fue arrestada, sin que le fuera entregada una orden de detención, Ortega llevaba a su bebé de siete meses, al que pudo dejar con un familiar antes de ser trasladada a la estación donde sería "entrevistada".
El líder de UNPACU, junto a otros miembros de la organización, permanece encarcelado por el régimen cubano desde el primero de octubre de 2019, acusado de delitos comunes. A partir de entonces, muchas personas dentro y fuera de Cuba han estado pidiendo su liberación y denunciando violaciones a sus derechos humanos, entre estas, un proceso judicial, cuando menos, irregular.
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