La prensa oficialista en Cienfuegos criticó a los revendedores en esa provincia, a quienes culpó en parte de la escasez de productos en el territorio, y pidió a las autoridades aplicar la ley.
El periódico estatal 5 de Septiembre solicitó a las autoridades gubernamentales acabar con "el descontrol" y aplicar a quienes especulan y acaparan el artículo 230 del Código Penal de Cuba. Ese texto legal establece una sanción de "privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas".
El citado medio denunció tanto a los "acaparadores" particulares como a los estatales. En el extenso artículo apuntó que en muchas ocasiones "la mercancía pasa directa del camión estatal al carrito del privado", los revendedores dan propinas a las dependientes y estas venden solo una caja de productos demandados mientras las otras van al mercado negro.
"La insuficiente oferta de productos muy demandados por el pueblo, coyuntura aprovechada por el binomio acaparador-especulador, esos que tienen unas jabas-estómagos más grandes que la de Meñique, esos que tienen una impunidad vigorosa", señala el medio estatal, donde califican a los trabajadores estatales como quienes "llevan uniforme y labial rojo", en referencia a las dependientes.
El acaparamiento en Cienfuegos es un fenómeno casi pandémico y los "revendedores están abusando de sus propios congéneres, y eso se está permitiendo, que es igual de negativo", agrega 5 de Septiembre.
Aunque el desabastecimiento en el país es responsabilidad directa del régimen, los medios estatales y las autoridades suelen culpar a los cuentapropistas, los acaparadores y a la administración de Donald Trump de la crisis económica.
En noviembre de 2019 la TV estatal culpó a los acaparadores de la conocida como Batalla de Cuatro Caminos.
La ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez, también responsabilizó a Estados Unidos y a los "acaparadores" de la racionalización de alimentos en Cuba.
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