Las autoridades de Estados Unidos habilitaron un nuevo servicio en línea para proveer información sobre migrantes que hayan cometido fraudes en el país.
A través de un formulario en la web, los usuarios podrán facilitar detalles de ese tipo a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), para que los investigadores de la agencia puedan rastrear posibles delitos de fraude o abuso de beneficios de inmigración.
“Salvaguardar la integridad de nuestro sistema (…) es la máxima prioridad para la administración Trump y es fundamental para la misión de la agencia”, dijo Joseph Edlow, subdirector de políticas del USCIS, en un comunicado.
“Este nuevo formulario en línea hace que la denuncia de fraudes sea más eficiente y robusta, proporciona a nuestra agencia la información necesaria para investigar y abordar el abuso del sistema y ayudará a nuestros socios federales a procesar el fraude de inmigración”, añadió.
La información que se solicita en el formulario es para fraude relevante, además, permite identificar el tipo de beneficio en cuestión y brinda espacios para que el usuario describa el presunto fraude o abuso en detalle adicional.
USCIS informa que trabajará en sugerencias enviadas previamente por correo electrónico para la finalización del servicio. A su vez, explica que el mismo hará posible detectar amenazas de seguridad nacional y seguridad pública, y maximizar la aplicación de la ley y las asociaciones de la comunidad de inteligencia.
En 2018, se informaba que más de 2.500 inmigrantes naturalizados en Estados Unidos estaban en riesgo de perder la ciudadanía estadounidense por posibles situaciones de fraude durante el trámite, luego de ser investigados por el USCIS.
Un año más tarde, las autoridades habían anunciado la “Regla de Carga Pública”, dirigida fundamentalmente a los inmigrantes en situación regular que usaran fondos públicos.
Las nuevas regulaciones se basaban en la Ley de Inmigración de 1882, que permitía al gobierno de Estados Unidos denegar una visa a cualquier persona que fuese proclive a convertirse en una responsabilidad para las arcas públicas.
A fines de 2019, el USCIS emitió una actualización sobre los “requisitos morales” que podían impedirle a un extranjero, desde esos días, obtener los documentos que lo acreditaran como ciudadano estadounidense.
Más recientemente, otra normativa federal alertaba a los cubanos que se han repatriado a la isla tras obtener la residencia legal permanente (LPR) en EE.UU., pues una ausencia del territorio norteamericano superior a los 6 meses, traería serias complicaciones para la naturalización de los solicitantes.
A los efectos de USCIS, la tarjeta de residente permanente (green card) es válida para ser readmitido en Estados Unidos si el portador de la misma no ha permanecido en el extranjero por más de un año. De lo contrario, necesitaría obtener un permiso de reingreso en el país.
Un total de 36.471 cubanos residentes en Estados Unidos han solicitado repatriarse al archipiélago. Algunos de ellos son beneficiarios de la Seguridad Social y optan por mantener la LPR para no perder el ingreso mensual que les permite su solvencia económica en la isla.
Bajo la actual legislación migratoria cubana, los nacidos allí pierden la ciudadanía después de 24 meses continuos de permanencia en tierras extranjeras, algo que ha sido reclamado al régimen en varias ocasiones por algunos sectores dentro de la comunidad del exilio.
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