El cubano Lidier Hernández lleva un mes sin poder regresar a su vida normal en Uruguay, donde reside desde hace tres años, porque las autoridades de la isla lo tienen "regulado".
"Hace un mes que no puedo salir de cuba, volver con mi esposa, regresar a mi hogar", dijo el activista cubano a través de un video en directo en Facebook para asegurar que desconoce los motivos de su retención arbitraria en la isla.
Tras contar cómo evoluciona su proceso desde que las autoridades de la isla le impidieron regresar a Uruguay el pasado 15 de febrero, porque supuestamente él participaría en manifestaciones frente a la sede diplomática de la isla en ese país latinoamericano, aún espera una posible respuesta a sus demandas.
"Me están obligando a estar acá, en contra de mi voluntad", se lamenta el cubano, que presentó ante la Fiscalía una demanda por daños y perjuicios, ya que teme perder su trabajo en Uruguay y le preocupa el estado de su esposa que se encuentra sola.
Su esposa y amistades se acercaron al consulado cubano en Uruguay, allí les prometieron llamarles y hasta la fecha eso no ha ocurrido.
"Yo no tengo ningún problema con la justicia cubana, el único problema que tengo es que para ellos no soy ideológicamente correcto", asegura Lidier, mientras se queja que la ausencia de información por parte de las autoridades cubanas que violan el artículo 53 de la Constitución vigente en la isla.
"Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna", recoge la Carta Magna.
Respecto a la demanda que presentó en la Fiscalía, tras esperar varios días porque estaban en cierre estadístico, supo que su denuncia no procede porque el MININT está en el plazo de 60 días que establecen para darle una respuesta. Sin embargo de ese tiempo máximo estipulado, solo han transcurrido 18, por tanto, el opositor considera que las autoridades cubanas tienen toda la intención de demorarse para que se complique su situación.
En la isla hay un listado de de más de 200 personas "reguladas" un término que usa el Gobierno y las autoridades migratorias para impedir que determinadas personas salgan de la isla por ser periodistas independientes, activistas políticos, sindicalistas independientes o simplemente pensar de un modo diferente.
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