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El gobierno de Cuba actúa con poco apego a sus propias leyes, en medio de la crisis del coronavirus, aplicando medidas que corresponden a un “estado de excepción” no decretado y aprovecha para conculcar derechos ciudadanos, asegura el opositor Alejandro González Raga.
González Raga, que es director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), está en contacto permanente con una red de juristas en la isla, que monitorean el cumplimiento de la legalidad antes, durante y después de la emergencia sanitaria.
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Las autoridades cubanas tienen asidero legal para tomar medidas extraordinarias, como el aislamiento o suspensión de la movilidad, pero otras, como el uso obligatorio del nasobuco, no cuentan con el debido respaldo legal, asegura el portavoz del OCDH.
Los tribunales interpretan "por analogía" determinadas normas penales y aplican fuertes sanciones por propagación de epidemia, un delito contemplado en el Código Penal cubano vigente, pero ese modo de actuación es "un dislate jurídico propio de países donde no existe estado de derecho", explica.
Para los colaboradores del OCDH en Cuba, no respetar términos y condiciones conduce a posturas extremas y manifestaciones de exceso de poder, que generan una distorsión de los derechos y obligaciones de cada una de las partes y la desprotección del ciudadano.
El gobierno cuenta con leyes, decretos y resoluciones que usa para esquivar la implantación de un estado de emergencia, facultad que la Constitución otorga exclusivamente al presidente de la república, y que anularía cualquier ilegitimidad posible, indica González Raga.
El control totalitario y una oposición con voz, pero sin voto y con escasa capacidad de influencia en el tratamiento de los asuntos públicos, facilita que las autoridades comunistas adopten decisiones unilaterales, incluso contraviniendo sus propias leyes, argumenta el director ejecutivo del OCDH.
En el discurso oficial, Cuba es una potencia médica, que vende servicios de la salud en condiciones de "esclavitud laboral", pero si el gobierno decretara un estado de excepción estaría negando su condición de fortaleza sanitaria, arguye.
Por ejemplo, cuando el gobierno decreta el aislamiento de territorios para evitar la propagación del coronavirus, lo hace con una decisión de un Consejo de Defensa Municipal o provincial, pero es algo que solo está contemplado en la Ley 75 de Defensa Nacional, previa declaración de un estado de emergencia total, asegura.
Quizá la clave está en que el gobierno cubano prefiere "actuar ilegalmente antes que asumir el costo político del estado de excepción”, matiza.
Cuando el gobierno muestra su fuerza frente a los ciudadanos con juicios ejemplarizantes amplificados en la prensa oficialista, está generando alarma; pese a que el propio Díaz-Canel dijo que las violaciones de las normas no podrían solucionarse solo con represión.
En esos juicios no se respetan las garantías procesales y son limitadas las posibilidades de testigos de parte de los acusados, según han constatados los abogados que colaboran con el OCDH desde Cuba.
La aberración jurídica más perversa la dijo un juez del Tribunal Supremo: Aunque las medidas no están escritas se usa la lógica. ¿Cómo se puede tomar como base una norma que no esté publicada?, por muy lógica que parezca la decisión a profesionales y legos, cuestiona.
Esos juicios mediáticos violan la dignidad humana como valor supremo, el respeto a la intimidad personal y familiar, así como la garantía de presunción de inocencia, derechos recogidos en la Constitución y las leyes cubanas, que parecen papel mojado en las actuales circunstancias, asevera.
Las enormes distancias a recorrer debido a la suspensión del transporte público, la desprotección del sector privado y el acoso y sanción a aquellos que utilizan las redes sociales para publicar fotos, vídeos o comentarios sobre las crisis en Cuba evidencian la indefensión jurídica de muchos ciudadanos, subraya.
¿No asegura el gobierno que la culpa de la escasez actual la tiene el bloqueo imperialista; entonces cómo se justifica la represión severa contra aquellos ciudadanos que denuncian las consecuencias del recrudecimiento de las sanciones norteamericanas?, concluyó Alejandro González Raga, residente en Madrid y ex preso de la Primavera Negra (2003).
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