Aunque el código penal cubano contempla el derecho a la libertad condicional tras haber cumplido al menos la mitad de la condena, familiares de presos políticos en la isla han denunciado la negativa de las autoridades a conceder cualquier tipo de medida que alivie la prisión.
En entrevista con Radio Televisión Martí, varios familiares de los reclusos por delitos de conciencia se quejan que ninguno ha sido liberado, aunque varios cumplen ya los requisitos para que se les otorgue un cambio de régimen carcelario.
Las autoridades cubanas excarcelaron recientemente 6,579 reos para disminuir la población penal en medio de la pandemia, sin ningún tipo de anuncio oficial.
Sin embargo, al parecer los presos políticos no entran en la lista de esas medidas de alivio.
Uno de los casos denunciados es el del activista de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, José Rolando Cásares, quien cumple desde el 2017 una condena de cinco años de prisión por el delito de desacato. En enero de este año el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez le negó la libertad condicional.
En entrevista con Radio Televisión Martí, su esposa Yamilka Abascal, abogó por la suerte de todos los presos políticos.
"La vida de todos ellos peligra en las prisiones en medio de este pandemia", indicó Abascal para quien la vida junto a sus hijos se ha hecho mucho más difícil por estos días pues no tiene con quien dejarlos en casa para ir a comprar provisiones.
Otro caso, es el del del preso político Humberto Real Suárez.
Aunque el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo en una entrevista que revisarían los casos de presos con más de 20 años de condena, recuerda Graciela Suárez, madre del recluso, hasta el momento no ha sido liberado. La mujer también indicó que su hijo ha mantenido una buena conducta en prisión y ahora en medio de esta pandemia lo necesita más que nunca.
Humberto está recluido desde 1994 en la prisión provincial de Agüica, en Matanzas, lleva 26 años cumplidos de una condena de 30, luego de intentar desembarcar en Cuba, procedente de Estados Unidos.
Mitzael Díaz Paseiro, miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, cumple condena de tres años y medio desde 2017 en una prisión de Santa Clara por el delito de Peligrosidad Social Pre Delictiva. Su esposa, Arianna López Roque, asegura que está muy enfermo. Pero aún así no ha podido beneficiarse de las recientes excarcelaciones.
La pastora evangélica Adya Expósito, esposa del pastor evangélico Ramón Rigal, comentó a Martí Noticias que había contratado los servicios de un abogado para gestionar la libertad condicional para su esposo, condenado a dos años de cárcel en abril del 2019 por intentar educar a sus hijos en el hogar. "A él ya le lo tocaría pues ha cumplido la mitad de la sanción", dijo Expósito, quien estuvo encarcelada en la Prisión de Mujeres de Guantánamo desde el 16 de abril de 2019 hasta que recibió en marzo la libertad condicional.
El caso más conocido de estos presos políticos es el del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que lleva ya casi ocho meses en la prisión del Combinado Sur.
Quiñones Haces colaboraba con la publicación independiente Cubanet y fue condenado a un año de prisión por ejercer el periodismo independiente e intentar reportar el juicio a los dos pastores evangélicos antes mencionados. La sentencia le fue sustituida por un año de trabajo correccional con internamiento bajo los cargos de “resistencia” y “desobediencia”.
A pesar de que tiene 64 años y numerosos padecimientos de salud, las autoridades no lo han tenido en cuenta para ningún cambio del régimen carcelario.
A principios del mes pasado, un grupo de periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil cubana lanzó una campaña por su liberación.
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