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La periodista independiente cubana Camila Acosta, quien ha sido víctima de la represión del régimen castrista por su trabajo en medios de prensa no oficialistas, forma parte de un proyecto surgido que lucha por la libertad de expresión en la isla.
En una entrevista concedida a CiberCuba, Camila explicó que el detonante de esta iniciativa ha sido la imposición por las autoridades de numerosas multas a miembros de la sociedad civil al amparo del Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote o Ley Mordaza.
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“Desde enero de 2020 aumentó la aplicación de este Decreto Ley, fundamentalmente durante la crisis del COVID-19. Debido a esta escalada represiva, un grupo de multados y de personas indignadas por lo que estaba sucediendo en Cuba, dimos a conocer una declaración contra la Ley Azote el pasado 16 de abril”, reveló.
“Como resultado de esta campaña contra el Decreto Ley 370, fundamos el Movimiento cubano por la libertad de expresión, que nos proponemos llevarlo mucho más allá de esta ley, sino contra todas las leyes dictadoras que coartan nuestra libertad de expresión”, precisó.
“Actualmente estamos trabajando un grupo de personas en esta campaña, nos estamos organizando para exigir nuestros derechos, fundamentalmente el respeto a la libertad de expresión, que cuando se limita, esto conlleva a que se limiten otras libertades como las de pensamiento y asociación”, añadió.
Camila se graduó de Periodismo en 2016 y fue ubicada en el Canal Habana. Menos de dos años después decidió abandonar para siempre su labor en la prensa oficialista. Actualmente trabaja en el portal web CubaNet.
“Pedí mi baja a inicios de 2018 por una serie de frustraciones profesionales; me comencé a dar cuenta de cuál era el verdadero papel que tenía, el rol del periodista en estos medios oficialistas y decidí apartarme definitivamente”, relató.
“Todo los que se publique en los medios oficialistas pasa por el filtro del Partido Comunista, yo que lo viví, lo puedo asegurar. (…) Me decepcionaron varias cuestiones, me di cuenta que yo no había estudiado cinco años para ser esa vocera que me sentía, una vocera gubernamental, del Partido Comunista”, precisó.
La joven reportera ha sufrido en primera persona el castigo que supone atreverse a mostrar la realidad de un país gobernado por una dictadura.
Ella es una de los tantos intelectuales cubanos incluidos en la categoría de regulados, término usado por el gobierno para catalogar a aquellos ciudadanos a los que no permite salir al extranjero como represalia por sus ideas políticas.
En febrero de este año fue desalojada de la vivienda que rentaba haca casi tres años y apenas un mes después, sancionada a pagar 3.000 pesos de multa al amparo del citado Decreto Ley 370.
Sin embargo, pese a todos los obstáculos, no se siente pesimista en absoluto.
“Creo que estamos en un contexto sumamente importante, que lo ha posibilitado el acceso a Internet. Esa posibilidad de conectar con diferentes actores con la sociedad civil que no existía antes, de establecer contactos, de colaboraciones, de mostrar al mundo la verdadera realidad, la represión que padecemos acá dentro de Cuba, de denunciar al mundo lo que está pasando con organizaciones de derechos humanos internacionales”, recalcó.
“Lo importante es no dejarnos apastar, no callarnos, seguir denunciando, de lo contrario seguiremos 61 años más así”, concluyó.
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