Tres mil seiscientos cubanos pidieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular la derogación "por inconstitucional" del Decreto 370/2019 (Ley Azote), mediante un escrito dirigido al presidente Esteban Lazo Hernández, con copia al mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otros altos funcionarios, constató CiberCuba este lunes en La Habana.
El documento, que está firmado por mas de 500 ciudadanos residentes en la isla y otros tres mil 100 que viven en el extranjero, se apoya jurídicamente en el articulado de la Constitución de la República de Cuba y en los compromisos internacionales suscritos por su gobierno, y tiene el apoyo de extranjeros de 83 países, según la nota.
El escrito original fue entregado en la Asamblea Nacional por Iliana Hernández Cardosa y Esteban Rodríguez, y copias del documento fueron entregadas también en el Consejo de Estado por los opositores Oscar Casanella y Héctor Luis Valdés Cocho; Esteban Rodríguez, Iliana Hernández y Maikel Osorbo en el Tribunal Supremo, y Camila Acosta y Ángel Santiesteban Prats, en la Fiscalía General de la República de Cuba.
El Decreto Ley 370 es una norma legal que establece restricciones a la libertad de expresión que no son admisibles en el derecho internacional de los derechos humanos y por tanto es incompatible con lo establecido en la Constitución cubana, asegura el escrito presentado al parlamento cubano.
En su exposición de motivos la Ley Azote es descrita como un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo, la defensa política de la revolución, la soberanía tecnológica, la seguridad y defensa nacional y la ciberseguridad, subrayan.
En sentido general esta norma supedita el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TICs) a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, entre ellos la participación política, la privacidad, la libertad de expresión y el derecho de asociación, asegura.
El carácter restrictivo de la norma se constata en la simple lectura del Artículo 50 del Decreto Ley 370, que faculta al ejército de Cuba a desplegar las acciones que aseguren “la fiabilidad, estabilidad y uso seguro de las TICs”, las cuales podrán ejecutar de manera discrecional y opaca, en términos de la propia ley, dice el documento.
El Artículo 60 impone, a todo proveedor de servicios públicos de las TICs. el "deber" de brindar al Ministerio de Comunicaciones la información que este determine para el cumplimiento de sus funciones. Esta redacción, planteada en términos amplios y ambiguos, habilita al Estado cubano a solicitar cualquier información sin restricción en aras de cumplir con sus objetivos represivos, añade.
La privacidad de las comunicaciones desplegadas a través de las TICs estarían en riesgo por las amplias facultades conferidas al Ministerio de Comunicaciones por el Decreto Ley 370 que, en su Artículo 68, establece nueve contravenciones bastantes generales y abstractas, asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación, que ponen en riesgo derechos humanos fundamentales.
Las nueve disposiciones contravienen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, en especial la llamada prueba tripartita que permite "imponer restricciones legítimas a la libertad de expresión".
La Ley Azote establece multas de tres mil pesos cubanos pesos (aproximadamente 120 dólares norteamericanos), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente, y penalizaciones de diez mil pesos para las personas jurídicas.
El impago de estas multas, aparece configurado como un delito con sanción de seis meses de cárcel; y el propio decreto establece sanciones accesorias, como el decomiso de los equipos y medios, de los cuales podrá apropiarse el Ministerio de las Comunicaciones, la remoción de la licencia para la prestación de servicios de forma temporal o definitiva, y la clausura de las instalaciones., recuerdan los firmantes.
En 2008, Cuba suscribió el Pacto sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero nunca los ha ratificado, tras haber pedido tiempo legislativo para adaptar las leyes cubanas a la normativa de ONU; pero "la adopción del Decreto Ley 370 demuestra que no hay voluntad de cumplir con los derechos establecidos en el Pacto", afirma el documento.
La candidatura del gobierno cubano a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2021-2023) carece de legitimidad para los promotores de la iniciativa, que recuerdan el requisito de que los estados que aspiren a integrar ese órgano, deben "aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos".
Los firmantes exponen que a todos ellos -junto al resto de cubanos- les asiste el derecho a la libertad de expresión, y el libre acceso a medios y tecnologías de la información y educativas para el desarrollo humano.
El principio de Progresividad, reconocido en la Constitución, ordena al estado ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas concretas; y establece el deber de interpretar en sentido amplio las normas que regulan los derechos, nunca de manera regresiva, en el sentido que implique desconocer su alcance, protección y garantías, recuerdan los cubanos a la Asamblea Nacional y al presidente Díaz-Canel Bermúdez.
Recientemente, el portavoz de Mesa de Unidad de Acción Democrática, Enix Berrio Sardá, estuvo más de 48 horas detenido en una estación policial de San Antonio de las Vegas (Mayabeque), tras haber presentado una propuesta a la Asamblea Nacional pidiendo la derogación de los artículos 68 y 76 de la Ley Azote.
Las instituciones oficiales cubanas tienen un plazo de 60 días para contestar a la iniciativa de tres mil 600 cubanos pidiendo la derogación del Decreto Ley 370/2019, por "inconstitucional".
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (7)Archivado en: