La policía cubana decomisó al menos unos 525 sacos de trigo que habían sido adquiridos por un ciudadano de Placetas luego de comprarlos a un productor porcino, informó un reporte de la televisión cubana.
Los sacos de trigo habían sido dados en un principio por una Empresa Estatal para la alimentación animal, pero un receptador pagó un total de 157 mil 500 pesos por todo el lote, un precio que el oficialismo aseguró que es muy superior al valor real de cada saco de trigo.
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En todo el proceso hay implicadas hasta el momento al menos 5 ciudadanos, dos de ellos ayudaron al traslado del cereal y uno posee una flotilla de camiones que cobró mil pesos por cada viaje, aseguró un oficial del DTI.
El reporte se suma a la cadena de noticias que la televisión cubana difunde desde que comenzó la crisis del nuevo coronavirus, para dar alertar a los ciudadanos del costo legal que pueden tener las ilegalidades.
Hace pocos días la TVC transmitió un reportaje de un caso en el que estuvo implicado un cuentapropista repatriado en el 2014 y a quien le decomisaron más de 140 mil unidades de artículos de uso en el hogar.
El hombre violó, supuestamente, dos preceptos de la Ley 357: el 7.1 b, referidos al alcance de su actividad “porque está vendiendo artículos importados”, así como el 7.2, debido a que mantenía a un trabajador ilegal vendiendo en sustitución de él, indicó la prensa oficial.
Los "juicios públicos" son cuestionados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos quienes consideran innecesario el método y además inconstitucional, ya que en muchos de los casos viola el derecho de cada individuo a que se preserve su identidad e integridad moral.
La ONG calificó de "contrasentido" que el Gobierno dé lecciones legales a los supuestos acusados "cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero".
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