El Gobierno cubano aprobó este jueves un Decreto Ley que impone seguro obligatorio para todos los choferes del país, a excepción de los que se desempeñan en los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior.
Durante una sesión del Consejo de Estado encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, el órgano legislativo aprobó dos decretos leyes, el primero de los cuales "instituye la obligatoriedad del seguro de responsabilidad social para los conductores profesionales de vehículos, incluidos los del sector no estatal", informó el Noticiero de Televisión.
De acuerdo con la información, el objetivo de la norma es "cubrir los daños o pérdidas materiales, la muerte, lesiones o perjuicios que puedan ocasionar a personas naturales o jurídicas en sus bienes o integridad personal" que ocasionen los choferes de autos.
La medida, sin embargo, no incluye a los conductores de las Fuerzas Armadas Revolucionaria y del Interior.
La información no precisa a través de cual empresa o aseguradora se podrán gestionar esos seguros.
En Cuba ocurre un accidente de tránsito cada unos 55 minutos, la mayoría por negligencia de conductores, como la ingesta de bebidas alcohólicas, según fuentes oficiales.
Al menos el 7 por ciento de estos incidentes viales resultan ser fatales. El pasado año la isla registró un promedio de 29 accidentes de tráfico por día, con 2 muertes y 21 heridos cada 24 horas, según un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial y Tránsito.
A inicios de año se informó que el Parlamento cubano celebraría dos sesiones extraordinarias en 2020, específicamente en los meses de abril y octubre, para poder hacer frente a una agenda legislativa en la que se prevén aprobar catorce leyes y modificar otras.
El segundo decreto firmado este jueves involucra a los cuadros del Estado y del Gobierno y establece las misiones, objetivos, principios generales y normas básicas para la aplicación y control del sistema de trabajo de estos y de sus reservas.
También evalúa las propuestas realizadas por las Asambleas Provinciales del Poder Popular sobre la especialización de los presidentes de sus comisiones permanentes de trabajo, detalló el reporte.
Algunas de las leyes que se modificarán están las Leyes de Procedimiento Penal y la General de la Vivienda, que deben sufrir cambios sustanciales, así como una Ley de Salud Pública que se anunció para finales de año.
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