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El Gobierno cubano ha anunciado, de forma oficiosa, la venta de alimentos y productos básicos en una red de tiendas de CIMEX, en la que los precios de los productos irán nominados en moneda convertible, y en la que solo se aceptarán pagos en dicha moneda, con tarjetas electrónicas referidas a cuentas corrientes en bancos, es un paso más en la carrera loca por salir de la actual crisis estructural de final del modelo social comunista cubano.
Este trabajo analiza algunas de las consecuencias que cabe prever de esta nueva medida. Se advierte al lector, que ninguna buena.
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En primer lugar, segmenta el poder de compra de los cubanos en función de la tenencia de divisas. En tal caso, factores como el trabajo, el salario o el patrimonio (inexistente en Cuba por imperativo legal) no serán determinantes del nivel de consumo de las personas.
Tan solo el acceso a dólares, o euros, en forma de remesas, o la participación en algunas de las actividades del sector abierto de la economía, permiten evitar las colas y las carencias de las tiendas estatales, y comprar lo que se desea.
Separar el consumo de la renta disponible atenta a los principios microeconómicos básicos de una economía, y las consecuencias de ello serán muy negativas.
En segundo lugar, no contribuye a consolidar el sistema bancario. Cierto es que se exige la apertura de cuentas en divisas en bancos estatales que emitan las tarjetas de pago. Pero la operatoria del débito pasa por una serie de condiciones previas que, en la economía cubana, no se han dado.
Se habla, incluso, de que no hay plástico suficiente para fabricar tarjetas. Los cubanos desconfían del sistema bancario, y hacen bien, de modo que mantienen un alto volumen de dinero en efectivo en relación con el PIB, un 27,8%, para las transacciones económicas. Mal camino si el Gobierno quiere bancarizar remesas de la emigración por esta vía.
En tercero, se habla de una eventual dolarización. No tanto por deseo de las autoridades, sino como consecuencia de los procesos en curso. En 1990, antes de la entrada en vigor del CUC, los cubanos otorgaban al dólar un valor superior al peso cubano, hundido en los mercados. En aquel momento, la dolarización avanzaba de forma natural, hasta que Fidel Castro lo advirtió y puso fin a ese proceso con la creación del CUC.
El dólar como refugio, como depósito de valor y ahora como instrumento para nominar precios de transacciones de bienes de consumo diario, se convierte en un referente de la economía cubana, y dada la presión social que se va a producir para conseguir esta moneda, se puede esperar una intensa apreciación del mismo, o una depreciación del peso cubano y, obviamente, del CUC, lo que facilitaría su eliminación por inservible. En todo caso, la dolarización del conjunto de la economía será complicada.
En cuarto, se alude a una posible reducción de la demanda para moderar los precios. Se podría pensar, que con esta medida, el Gobierno quizás busque este objetivo reduciendo el poder adquisitivo de la población. Es posible.
El acceso a la moneda convertible va a generar, ya las está provocando, notables desigualdades sociales. Sin dólares, sin cuenta bancaria previa, no se podrán comprar los productos, por mucho que se necesiten. Esto reduce el poder global de compra.
La resignación del consumidor vendrá dada por las divisas que pueda conseguir. La demanda se puede así contener de forma artificial, y evitar tensiones inflacionistas, ante la parálisis productiva de la oferta. Justo lo que no se debe hacer.
En quinto, se acentuará la segmentación de la oferta comercial. La cuestión es por qué en Cuba se permite la existencia de tiendas en divisas, generalmente bien surtidas y abiertas a todo tipo de productos de alimentación o higiene, como jabones, geles, champú y desodorantes, junto a los mercados estatales, que venden en pesos cubanos y convertibles, y que se encuentran casi siempre desabastecidas, deteriorados e incluso algunos cerrados sin dar servicio a la población.
Esta dualidad o fragmentación del sistema comercial es uno de los factores que actúan de manera más negativa sobre la oferta, e impiden su desarrollo.
Es necesario superar la diferencia en la oferta comercial que el régimen no quiere corregir. No se justifica, de ningún modo, que alguien deba pasar horas en una cola para comprar un producto básico en las tiendas estatales, con la posibilidad de no llegar a conseguir el producto tras la larga espera, si -al mismo tiempo- hay establecimientos bien surtidos, con la única diferencia de que se pagan los productos en dólares u otras divisas a las que no todo el mundo tiene acceso.
Sin embargo, las autoridades no parecen ir en la línea de unificar la oferta comercial, sino justo en la contraria, profundizando las diferencias para dejar claro que con dólares o euros, se puede conseguir cualquier cosa y elegir con libertad, sin ellos no.
Dicen que se preparan contra los efectos perversos que esperan que se produzcan, como por ejemplo, el acaparamiento, o el "alquiler" informal de la tarjeta, y ya se verá si lo consiguen. La creatividad de la gente se dispara ante escenarios prohibitivos e intervencionistas como el descrito.
En sexto lugar, creará tensiones innecesarias en los tipos de cambio. La demanda de dólares aumentará y eso supondrá una revalorización de la moneda de Estados Unidos (sobre todo en el mercado informal) y una depreciación del peso cubano y la práctica desaparición del CUC.
De modo que, abrumadas por lo que viene, las autoridades aspiran a apropiarse de las pocas divisas que funcionan en la economía en la situación actual. Sin embargo, el efecto principal de la medida, las desigualdades sociales tan denostadas por los comunistas cubanos, van a saltar a la palestra con especial intensidad.
Las autoridades castristas no quieren entender que la política económica cubana, la que se necesita para mejorar el nivel de vida de los cubanos, no se debe enfocar en la demanda, sino en la oferta.
Subieron los salarios del sector presupuestado de manera demagógica, y luego tuvieron que implantar “precios topados” para controlar la demanda, sin efectos positivos sobre la producción.
La política económica tiene que modificar las condiciones jurídicas que regulan los procesos productivos en la isla, con reformas estructurales de calado. De nada sirve que haya demanda para satisfacer, si la oferta no lo consigue. Se está viendo en la producción de alimentos.
Los dirigentes comunistas hablan de “remover las trabas”, y realmente lo que se tiene que hacer es modificar el sistema productivo. Una vez que la producción se organiza y se canaliza a los mercados, procede actuar sobre la demanda.
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