El régimen castrista ha visto deteriorado sus mecanismos de control social por la crisis de la empresa estatal socialista frente al auge de los pequeños y medianos empresarios privados en el mercado nacional, y la reducción del gasto público debido a la crisis económica, el endeudamiento exterior y el incremento del déficit fiscal.
La fracasada estrategia del presidente Díaz-Canel quedó evidenciada en el desastroso papel del ministro de la Industria Alimentaria, en la Mesa Redonda, donde el gobierno hace gala de supuestos conocimientos gastronómicos intentando acallar los ruidosos estómagos de los cubanos; hambre que parece de la que culpan al “bloqueo, la mafia anticubana, coleros y acaparadores”; en medio de un proceso de dolarización acelerada de la economía.
Las reformas comprenden, también, restricciones a personas jurídicas extranjeras acreditadas en Cuba, en los pagos por compras minoristas e importaciones desde cuentas corrientes en dólares y otras divisas extranjeras y la prohibición de prestar servicios de importación a las sucursales, oficinas de representación, oficinas consulares y organismos internacionales.
Las autoridades cubanas aplican nuevas medidas represivas, luego de que varios noticieros de televisión muestran la cacería de brujas del Ministerio del Interior (MININT) contra los empresarios privados que, además, sufren la competencia desleal del Estado, que bonifica con un tipo impositivo de un 5% el pago de Impuestos sobre Ventas a las empresas que comercialicen alimentos producidos por los ministerios de Industrias y de Agricultura, el grupo AZCUBA y las mini-industrias de administración municipal.
La dictadura no responde a las exigencias de la sociedad cubana y mantiene a una desacreditada burocracia enquistada en los gobiernos locales, pone límites a la contratación de los pequeños empresarios privados y a las cooperativas en el ámbito de la construcción, pese a que la contratación de esta última genera más de un millón y medio de empleos en el país.
Las actuales restricciones no comprenden la existencia de más de 650 mil personas involucradas en pequeños negocios, fundamentalmente en servicios de transportación, gastronomía y alojamiento que benefician de manera directa a las comunidades y funcionan según los valores de la Economía Social de Mercado.
Las propuestas gubernamentales carecen de objetividad porque buscan aumentar las exportaciones de los emprendedores, y por otro lado limitan su participación en el mercado interno e inducen a la población al consumo de bienes y servicios con origen en la empresa socialista, lo que detiene la inversión de los empresarios nacionales en el sector de la gastronomía, que se encadena con productores agrícolas.
Sin embargo, los pequeños y medianos empresarios cubanos son los que garantizan los suministros de manera “informal” a restaurantes y bares del Ministerio del Turismo (MINTUR), así como a las empresas estatales de comercio y gastronomía del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), porque los proveedores estatales, oficial y previamente contratados, no ofrecen calidad en sus ofertas.
El control de las actividades de importación mediante tarjetas bancarias emitidas por sucursales del Banco Central de Cuba (BCC), supone que los empresarios extranjeros y el cuerpo diplomático verán afectada su gestión por la escasez y la falta de recursos, y un impacto mayor los sentirán los privados nacionales que verán reducida sus actividades por la disminución de clientes.
Los pequeños y medianos empresarios debían buscar una alianza estratégica con empresarios extranjeros que, permitiría mayores oportunidades de negocios y fortaleza para enfrentar la intenciones del Partido Comunista de Cuba (PCC) que pretende subordinar todas las inversiones a las necesidades de la empresa estatal socialista.
Los éxitos de los emprendedores cubanos, a pesar del inestable marco legal en los últimos años y del sabotaje permanente del gobierno castrista, son ejemplo de la capacidad de muchos cubanos para gestionar la creación de riqueza y bienestar al margen de la rigidez oficial, y una clara muestra de justicia social, por revalorizar el trabajo humano y construir el consenso nacional en un contexto carente participación social real y efectiva.
El empeoramiento de la crisis política y económica en Cuba ha inspirado un grupo de reformas políticas que inician la transición hacia un nuevo modelo económico, pero con pausas y sin prisas en su implementación, a ritmo de lineamiento, como dicen los cubanos; porque aún persiste el empeño ideológico que pretende exprimir al máximo a la empresa privada; mientras se contrae el gasto público, pero se mantienen intactos los aparatos represivos y burocráticos, incluidas las llamadas organizaciones de masas, que producen cero y consumen millones.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (2)Archivado en:
Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.