Murillo y el ministro de Economía mienten culpando a los empresarios privados de aumento de precios en Cuba

Uno de los principales temores del pueblo cubano hacia la Tarea ordenamiento es el aumento de inflación que se va a producir como consecuencia de la devaluación del peso y. tal es su miedo, que ya no lo niegan ni siquiera los medios oficiales del régimen.

La devaluación supondrá un aumento de los precios de los productos importados, que se tendrán que trasladar a los costes so pena que las empresas entren en crisis y, por otra parte, la mejora de la competitividad exterior moverá a numerosos productores a dirigir su oferta al extranjero, dejando sin atender a la demanda interna.

Pero el gobierno comunista quiere afrontar este escenario con instrumentos propios de la planificación central (precios centralizados, controlados, topados) pero pronto chocará, una vez más, con la terca realidad. Los cubanos tienen dudas sobre los efectos que tendrá una subida de precios en aumento sobre unos salarios y pensiones nominales muy bajos, lo que reducirá más aún el bajo poder adquisitivo de la población.

Cubadebate ya ha puesto la yagua antes que caiga la gotera y pretende responsabilizar al acosado sector privado del incremento de precios; acusación falsa y peligrosa porque si el sector privado de la economía sube los precios, es porque el régimen no le da otra alternativa.

Al parecer, han sido el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández y el responsable de los lineamientos, Marino Murillo Jorge quienes, en el programa Mesa Redonda, cargaron la responsabilidad de los aumentos de precios de productos y servicios en los trabajadores por cuenta propia y emprendedores.

El razonamiento de ambos burócratas fue, más o menos, el siguiente “en el caso de los trabajadores por cuenta propia se va a producir un incremento en los precios de los servicios, porque la tendencia de las personas es que si me subieron los costos, voy a subir los precios para que mis márgenes de ganancias no se afecten”.

Y añadieron, para acabar de crear un conflicto, que “habría que ver si el mercado les permite que los precios crezcan de manera indiscriminada. Nosotros hemos calculado un incremento de los precios de los Trabajadores por Cuenta Propia y es importante decir que se está revisando la carga tributaria con la que operan hoy”.

Mienten ambos responsables de la economía cubana, y lo saben. Y ello por varias razones.

Primero, porque los emprendedores privados pueden decidir no trasladar los aumentos de costes a los precios, y asumir menores rentabilidades a corto plazo, a cambio de ganar más clientes y experimentar un aumento de demanda. Esa flexibilidad en la gestión que, por ejemplo, no tienen las empresas estatales, abocadas a recibir subsidios para no perecer en el intento. Se requiere aumentar la oferta interna.

Segundo, porque los aumentos de precios de productos importados podrán ser compensados con el recurso a la oferta interna. Precisamente esta opción es mucho más favorable en las ocupaciones de servicios en las que se especializa buena parte del sector emprendedor privado. Salvo aquellos que utilicen derivados del petróleo, que Cuba no produce, el resto, optarán con agilidad por esta vía de sustitución. Lo que se tiene que hacer es aumentar la oferta interna.

Tercero, porque los emprendedores privados nunca han tenido fácil acceso a los mercados exteriores, ni a la inversión extranjera, así que pueden mantener una cierta independencia de la devaluación, en términos de economía cerrada. Su éxito reside en aumentar la oferta.

Además, Murillo y Gil saben que los precios de los sectores que se van a disparar tras la devaluación o los que ya han aumentado el valor de sus servicios o productos no pertenecen al sector emprendedor privado, que se ha visto sometido a ajustes muy intensos como consecuencia de la pandemia, lo que ha supuesto, en cambio, una notable reducción de la oferta.

De hecho, si se presentan situaciones de especulación y reventa, la responsabilidad es del gobierno cubano, por ejemplo, de La Habana, donde, el Consejo de Administración Provincial (CAP) estableció los temidos precios máximos (topados) de venta de productos agropecuarios que suponen una pérdida segura para los productores, lo que redujo el estímulo de la oferta para servir a la distribución.

Si faltan productos, el responsable es el sistema comunista, no los productores privados. De igual modo, si en Camagüey la libra de carne de cerdo se vende ahora, en el mercado irregular, a 70 pesos cubanos, el café a 110, la libra, la malanga a 25 y el cartón de huevo a 150, es evidente que la distribución oficial no funciona, y crea situaciones injustas para la mayoría de los cubanos, al tiempo que no se logran los objetivos de productores, consumidores y distribuidores.

Mantener a raya a los precios de los productos agropecuarios exige mayor libertad en las condiciones técnicas y productivas, para que sean los empresarios agrarios los que decidan qué producir, cuánto y a qué precios vender. Fórmulas alternativas de planificación e intervención en la economía acabarán dando al traste con cualquier proceso de mejoría, y al final, los que pagarán las consecuencias serán los cubanos en forma de precios más elevados y desabastecimiento en las tiendas estatales. Además, hay que dejar bien claro que si se quiere salir de este círculo vicioso, la Tarea Ordenamiento sirve de bien poco.

Y luego viene la distribución final. Si el carretillero vende a precios altos, es porque en origen ha tenido que pagar altos precios. Lo ideal para el carretillero es comprar barato al productor en el campo, para luego vender a sus clientes a precios competitivos, obteniendo para si una ganancia (que le incentive desarrollar este trabajo tan útil para todos a diario) pero si se quiere lograr estos objetivos, hay que dejar libertad para producir y que sea el mercado el que ajuste el equilibrio oferta y demanda.

Las decisiones intervencionistas de las autoridades cubanas hacen que los precios de venta del carretillero sean altos, y que, además, no fluctúen a corto plazo, como consecuencia de esos controles administrativos en la economía, uno de los males comunistas que se tienen que corregir cuanto antes.

El gobierno cubano apuesta por la distribución comercial, adoptando una serie de medidas en una estrategia para intentar que la producción reaccione a un nuevo modelo en el que, al parecer, la vieja empresa Acopio, dejará de funcionar. Pronto se darán cuenta que mejorar la distribución es condición necesaria, pero no suficiente, para que el campo cubano mejore su productividad y rendimientos de las diferentes cosechas.

El gobierno comunista sabe que los mercados que gestionan los pequeños emprendedores privados, los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y los distintos agentes que están funcionando al margen del estado, son más eficientes, están mejor suministrados, se han especializado en dar valor añadido a sus clientes,obtienen altos beneficios y progresan de forma importante, pese a la jungla de controles administrativos, normas y procedimientos del modelo de control social comunista.

Y además, se gana dinero. Y no entienden cómo es posible que este sistema competitivo no funcione en las empresas estatales, donde las pérdidas exigen cuantiosos subsidios que ahora se quieren reducir o eliminar. El temor reside ahí, precisamente, en lo que puede acabar ocurriendo con los precios de estos productos cuando los subsidios ya no estén.

El gobierno quiere cercar, pero no sabe cómo, los precios de los servicios que se prestan en los mercados privados. El temor es que vuelvan a las andadas, y acentúen de nuevo la presión comunista que asfixia a la actividad privada. Se recuerda, al respecto, que en su estrategia, el Ministerio de Finanzas y Precios (único en el mundo con estas funciones) señaló que “establecería de manera gradual una política única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal, como no estatal”, al tiempo que se planteó flexibilizar de forma gradual los actuales niveles de descentralización en las aprobaciones de precios, y el rediseño y perfeccionamiento de los mecanismos de control e inspección de precios.

Parches por no recurrir al mercado que es la institución eficiente para determinar precios en cualquier economía. Para colmo de males, la estrategia igualmente quiere “potenciar el control popular de los precios, que integre el monitoreo de los mismos, su regulación y enfrentamiento sistemático a las violaciones, en especial los precios abusivos y especulativos, derivados en no pocos casos de actividades económicas ilícitas”.

Con este tipo de mensajes, el régimen comunista revela su peor rostro, el de las delaciones, los enfrentamientos y la represión a la actividad económica privada. Un camino del que no se quieren despegar desde hace 61 años. Sus razones tendrá. Pero de lo que no cabe duda es que en lugar de abrir espacios para que la actividad privada florezca, aumente de escala y sea más competitiva y de mayor valor a sus clientes, el gobierno cubano vuelve a las andadas. Lo peor es que dicen utilizar “las denuncias de la población” para justificar medidas de carácter totalitario en la gestión de la economía. ¿Es así como dicen que no van a dejar nadie atrás? Es el cuento de la buena pipa.