Vídeos relacionados:
La ONG Human Rights Watch (HRW) alertó el miércoles de la “consolidación” de las “dictaduras” en Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como de la ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en América Latina.
“El año pasado ha sido probablemente uno de los peores años para los derechos humanos, yo me atrevería a decir, en las últimas tres décadas”, aseguró el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en una conferencia de prensa en la que se presentó el informe anual en materia de Derechos Humanos.
Lo más leído hoy:
En el caso de Latinoamérica, Vivanco destacó que el continente ha sufrido la “consolidación de tres dictaduras” en Cuba, Venezuela y Nicaragua, regímenes que, en su opinión, están “más fuertes que nunca”.
Según HRW, en cada caso hay factores propios que explican esa realidad, pero también se da la “ausencia manifiesta de liderazgo por la causa de los derechos humanos” en la región, que hace más difícil enfrentar a esos Gobiernos.
En el capítulo dedicado a Cuba en su informe anual, HRW parte de reconocer que “el gobierno cubano reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública”, y que continúa “utilizando contra sus críticos tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo”.
La ONG afirma que la presidencia de Díaz-Canel no ha producido cambios positivos en las políticas del gobierno sobre derechos humanos.
Entre las violaciones principales figuran las detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración en los que “los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención”. A ello se suma que los detenidos reciben “advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva”.
El informe cita 1.028 detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2020, según la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, que también presentó recientemente un documento que resume las principales violaciones ocurridas en Cuba en el año recién finalizado.
Precisa el informe de HWR que a menudo en Cuba se utilizan todo tipo de métodos para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Añade, igualmente, que “es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días”.
Entre las violaciones se cita que en junio las autoridades detuvieron o amenazaron con detener a numerosas personas para evitar una manifestación contra la violencia policial en La Habana. También menciona que el 8 de septiembre, las autoridades detuvieron o amenazaron con detener a decenas de personas en todo el país para impedir manifestaciones por la democracia.
El informe de HWR refiere como uno de los puntos más delicados en Cuba la falta de libertad de expresión, pues el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Según un informe de 2019 elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cuba tiene el “clima más restringido para el ejercicio del periodismo de América”.
El documento precisa que “el gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a muchos de estos sitios de noticias y blogs dentro de Cuba” y enfatiza que en 2019, “antes del referéndum viciado que avaló una nueva constitución, bloqueó varios sitios de noticias considerados críticos del gobierno, incluidos 14ymedio, Tremenda Nota, CiberCuba, Diario de Cuba y Cubanet”.
El informe refleja que los periodistas independientes, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que crítica hacia gobierno "suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias”.
También destaca la situación de los presos políticos. Hasta agosto, en Cuba había detenidas 75 personas que encuadraban en la definición de presos políticos, y otras 28 personas estaban detenidas por sus creencias políticas.
Otras 33 habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional. Es de destacar que el gobierno no permite que organizaciones independientes de derechos humanos puedan acceder a las cárceles en el país, ello hace que las organizaciones locales consideren que es superior la cantidad presos políticos.
Otros problemas son las restricciones a la posibilidad de viajar, pues el gobierno dispone de amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, lo que le ha permitido negar selectivamente la salida a personas que expresan críticas al gobierno.
El informe no pasa por alto las malas condiciones en centros de detención cubanos, que están sobrepoblados y donde los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas preestablecidas.
También refleja la falta de derechos laborales, pues aunque la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, "en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba".
En este sentido, recuerda que Cuba envía al extranjero a decenas de miles de trabajadores de la salud todos los años que, aunque ofrecen valiosos servicios, "lo hacen bajo normas estrictas y abusivas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y los derechos de expresión y de asociación".
Semejante listado de irregularidades se potencia porque el gobierno cubano "todavía no reconoce a la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos", lo que favorece que las autoridades "hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que han intentado documentar abusos".
El informe alude, también, a la incongruencia de que Cuba fuera reelegida en octubre de 2020 para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su quinto mandato en los últimos 15 años, teniendo en cuenta "la desastrosa situación de los derechos humanos del país".
A comienzos de diciembre, José Miguel Vivanco, director Ejecutivo para las Américas del organismo Human Rights Watch, exigió el cese del acoso contra miembros del Movimiento San Isidro, pocos días después del desalojo que el Gobierno cubano llevó a cabo contra los activistas que permanecían acuartelados en la sede en La Habana Vieja.
Fundada con su actual nombre en 1988, aunque sus antecedentes datan de 1978, Human Rights Watch es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York, aunque cuenta con oficinas en varios países del mundo.
Seguidora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Human Rights Watch se opone a las violaciones de derechos humanos básicos y defiende fervientemente la libertad de religión y de prensa.
Archivado en: