La llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca abre un nuevo capítulo en la relación entre Cuba y Estados Unidos, luego de cuatro años en un escenario caracterizado por crecientes tensiones políticas, desencuentros diplomáticos y sanciones aplicadas en todos los frentes económicos, comerciales y financieros que vinculan a ambos países.
Los cuatro años que terminan este 20 de enero con la salida de Donald Trump marcaron el desmontaje total de la política establecida por la administración Obama desde 2009, potenciada con la era del deshielo a partir de 2015.
Aunque el propio Biden ha insistido en que tratará de retomar el rumbo de la política de Barack Obama hacia Cuba, todo indica que los pasos de la flamante administración demócrata serán mucho más calibrados y estarán condicionados por prioridades de emergencia y circunstancias inéditas en la nación americana.
Si para Obama la idea de dar un vuelco a las empantanadas relaciones con la isla vecina tuvo un carácter de novedad y reto histórico, Biden asumirá la presidencia en un momento totalmente distinto, con el conocimiento de las trabas y las oportunidades desaprovechadas por el régimen de Raúl Castro ante las ofertas aperturistas de Washington en la ocasión anterior.
Está claro que Cuba no figura en la lista de prioridades de la administración Biden, ni siquiera entre los asuntos de mayor atención en la esfera internacional. Pero también es obvio que el nuevo gabinete no quiere tampoco desaprovechar la oportunidad de ajustar las diferencias a términos de normalidad y cooperación en áreas de beneficio, incluso para la seguridad de Estados Unidos, como la inmigración ilegal, los operativos de tráfico humano, el narcotráfico, la colaboración en certificaciones legales, los acuerdos de deportación y la protección ambiental ante posibles desastres ecológicos, entre otras cuestiones.
Un reciente documento titulado "The United States and Cuba: A New Policy of Engagement", elaborado por el Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), dio a conocer un prontuario de recomendaciones a la administración Biden para un necesario cambio de política. El documento fue presentado como una suerte de "hoja de ruta" del pretendido acercamiento con La Habana.
Pero miembros del equipo de transición de Biden dijeron a CiberCuba que no hay ninguna hoja de ruta pautada para la nueva política hacia Cuba.
"Estamos en un proceso de evaluación de estrategias y estableceremos una política a partir de las circunstancias específicas por las que atraviesa Cuba actualmente", dijo la fuente que pidió no ser identificada. "Nuestras prioridades son la batalla contra la pandemia, la restructuración económica y la sanación de las heridas nacionales".
A partir del mapa de sanciones, acuerdos aplazados y promesas de la campaña electoral, CiberCuba ha elaborado esta relación de tareas fundamentales que Biden tendrá que revisar y encarar -con mayor o menor pertinencia e inmediatez- en algún momento de su mandato. Algunas decisiones dependerán de órdenes ejecutivas, pero otras deberán enfrentar un intrincado proceso de negociaciones y tecnicismos legales.
1. Reanudación de viajes regulares y fletados a aeropuertos del interior de Cuba
A propuesta del Departamento de Estado, el Departamento de Transporte (DOT) prohibió los vuelos regulares a los aeropuertos del interior de Cuba desde el 10 de diciembre de 2019, los cuales habían sido restablecidos el 31 de agosto de 2016, después de 53 años. La misma medida se aplicó para los vuelos fletados a partir del 10 de marzo de este año, lo cual limitó al aeropuerto internacional de La Habana los viajes desde Estados Unidos. El DOT había autorizado 20 vuelos regulares diarios de ida y vuelta a La Habana, 90 viajes al resto de los aeropuertos cubanos habilitados, así como un total de 3.600 vuelos chárteres anuales. La proliferación de vuelos a Cuba alcanzó la cifra récord de 552,816 visitantes cubanos y cubanoamericanos en 2019, convirtiéndose en el segundo mayor grupo emisor de visitantes hacia la isla.
2. Reposición plena de remesas familiares y envíos de dinero
Desde el 9 de octubre de 2019, la administración Trump impuso un límite de $1.000 dólares por trimestre en los envíos que un familiar puede hacer a un ciudadano cubano, y se prohibieron las remesas a familiares cercanos que sean altos funcionarios del gobierno y del Partido Comunista. La restricción familiar se extiende a hijos, padres, abuelos y primos. También se eliminó la autorización para envíos de remesas en la categoría de donaciones a ciudadanos cubanos. Se permiten las remesas a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en Cuba como apoyo a la actividad económica en el sector no estatal. A partir de noviembre de 2020, la compañía Western Union, principal vía para las transacciones de remesas a Cuba, se vio obligada a cancelar sus operaciones en la isla como resultado de la sanción impuesta a FINCIMEX, bajo la sombrilla de la corporación GAESA.
3. Reinicio de viajes de cruceros a Cuba
Todos los viajes de cruceros de Estados Unidos a Cuba fueron prohibidos desde el 5 de junio de 2019. Las compañías de cruceros comenzaron a navegar a Cuba en mayo de 2016 y corporaciones como Carnival, Norwegian y Royal Caribbean establecieron rutas populares entre los estadounidenses, incluyendo los cubanoamericanos. Un total de 142.721 ciudadanos estadounidenses ya habían visitado la isla durante el primer cuatrimestre de 2019, un incremento de más de 300% respecto al mismo período del año precedente.
4. Designación de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo
El pasado 11 de enero, el Departamento de Estado anunció el regreso de Cuba a la lista de naciones patrocinadoras de terrorismo, junto a Corea del Norte, Irán y Siria. La administración Obama había eliminado a Cuba de este listado en 2015, para pavimentar el camino al restablecimiento de relaciones diplomáticas. El gobierno de Ronald Reagan la había incluido por primera vez en 1982. La decisión de eliminar a Cuba del listado se convierte de hecho en un reto para la administración Biden, pues cualquier acercamiento hacia el régimen de La Habana se verá limitado por restricciones financieras, comerciales y de seguridad nacional, así como la posible designación de un embajador estadounidense. El proceso para revertir esta decisión puede tomar semanas y hasta meses. Se trata de un obstáculo legal y burocrático, pero la rapidez de su solución dependerá de las evidencias presentadas en el informe de inteligencia previo a la designación. Una fuente del equipo de transición dijo a CiberCuba que "el cambio pudiera ser relativamente rápido, si hay voluntad". Un proyecto legislativo presentado por la congresista novata María Elvira Salazar para vincular la salida de Cuba de la lista de naciones terroristas a la liberación de presos políticos y la realización de elecciones libres, patrocinada por ocho representantes, no tiene reales posibilidades de avanzar en el pleno de la Cámara de Representantes.
5. Desactivación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton
Tan pronto como el jueves 4 de febrero de 2021, la administración Biden podría suspender nuevamente el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba de 1996 (Ley Helms-Burton), que fue activado por la administración Trump el 2 de mayo de 2019, luego de haber permanecido inactivo por 23 años.
El Título III autoriza la presentación de demandas en los tribunales federales por parte de empresas y particulares con reclamación certificada por el Departamento de Justicia (5.913 en total), u otras 200.000 no certificadas que no han recibido indemnización del gobierno cubano o de una tercera parte que esté utilizando la propiedad. El Título IV establece que el Secretario de Estado deberá negarles visas a todos los extranjeros que se determine hayan confiscado o trafiquen con una propiedad sujeta a una demanda de un ciudadano estadounidense.
Una suspensión no afectaría a las 32 demandas ya presentadas bajo el Título III, pero una vez desactivado, los tribunales no aceptarían más litigios. En total, han presentado demandas 11 reclamantes certificados y 21 no certificados. Cuatro demandas han escalado hasta los tribunales de apelación. Ninguna ha llegado aún a juicio.
6. Consideración de las empresas y nacionales cubanos en las "listas negras" del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado
La Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) fue establecida desde hace décadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro e incluye narcotraficantes y personas con vínculos con países considerados terroristas o sujetos a un embargo comercial, lo que convierte en ilegal cualquier relación comercial que puedan establecer con entidades en Estados Unidos. La Cuban Restricted List (CRL) fue creada por la administración Trump en noviembre de 2017, con el fin de reafirmar las sanciones a entidades y nacionales cubanos, sobre todo por sus vínculos con organismos militares y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ambas listas implican funciones y restricciones similares. Hay 83 entidades cubanas en la SDN y más de 220 en la CRL, y algunos nombres y empresas se repiten en ambas. ¿Optará Biden por eliminar la CRL y reconsiderar los casos cubanos incluidos en la SDN? De cualquier manera, es un proceso burocrático intrincado para su reajuste y llevará tiempo. Un foco de atención es FINCIMEX, añadida en ambos listados, por su posible reactivación en el negocio de remesas con Western Union.
7. Defensa de los derechos humanos y programas de apoyo a la democracia en Cuba
La política de acercamiento hacia Cuba tendrá necesariamente que enfocarse en empoderar la sociedad civil, reclamar respeto para los derechos humanos y promover los esfuerzos de democratización en la isla.
La administración de Biden debe retomar las conversaciones en comisión que quedaron truncas y con casi nulos avances entre 2015-16 sobre el tema de los derechos humanos, particularmente por el atrincheramiento del gobierno cubano al no aceptar críticas a sus violaciones ni reconocer la legitimidad de una oposición política.
Pero esta etapa no parece destinada a repetir el mismo camino de deshielo de la administración Obama. El nominado asesor para América Latina, Juan González, ya dejó claro que sobre Cuba "el compromiso no será un regalo para un régimen represivo": "Es un acto subversivo para promover la causa de los derechos humanos y potenciar al pueblo cubano como protagonista de su propio futuro".
Del mismo modo, la nueva política va a replantearse los programas de ayuda a proyectos, asociaciones y grupos prodemocráticos dentro y fuera de Cuba. La designación de Samantha Powell como directora de la USAID es una señal significativa.
8. Funcionamiento de la Embajada de Estados Unidos en La Habana
El 29 de septiembre de 2017 el gobierno de Estados Unidos ordenó abandonar su embajada en Cuba a más de la mitad de su personal y canceló de "forma indefinida" la emisión de visas tras alegados "ataques" contra sus diplomáticos. El motivo de esta reducción fue que 21 miembros de la legación diplomática se vieron afectados por los aún misteriosos "ataques sónicos", con trastornos cerebrales y auditivos. El funcionamiento de la embajada se redujo a personal de emergencia. Desde el 5 de marzo de 2018, la entidad opera como «puesto diplomático sin acompañante», que se define como un destino en el cual no se permite residir a ningún familiar. Las operaciones de solicitud de visas y otros trámites consulares están prácticamente cancelados, y los servicios han silo reorientados a terceros países. Aunque pesa la indefinición de responsabilidad sobre los "ataques sónicos" y el informe de la Academia de Ciencias de Estados Unidos no fue concluyente sobre las causas de estas irregularidades, la nueva administración valoraría una restauración de servicios e incluso el nombramiento aún pendiente de un embajador en funciones.
Este martes, en una audiencia especial en el Senado, Antony John Blinken, nominado por Biden como Secretario de Estado, dijo que una de las primeras cosas sobre las que quería conocer era el llamado "Síndrome de La Habana", y aseguró que ya ha sido informado al respecto.
9. Reanudación de las charlas migratorias semestrales
Desde finales de 2018 el gobierno de Trump descontinuó el calendario de conversaciones migratorias bilaterales. La última reunión se desarrolló en Washington el 11 de julio de 2018 y no se programó la reunión correspondiente a diciembre de ese año. Las charlas regularmente se convocaban dos veces al año y eran un encuentro para ventilar los problemas migratorios entre los dos países.
10. Restitución de las 20 mil visas anuales para inmigrantes y las visas de cinco años para visitas de cubanos
Desde el año fiscal 2018, Estados Unidos no cumple el acuerdo de 20,000 visas anuales que por 22 años consecutivos había honrado estrictamente como parte de los acuerdos migratorios 1994-1995. A partir del 18 de marzo de 2019 se paralizó también el otorgamiento de visas B2 por cinco años, y se limitaron los visados de visita a una sola entrada y validez de tres meses.
11. Liberación de la ciudadana estadounidense Alina López-Miyares, prisionera en Cuba
Alina López Miyares, maestra de profesión, fue arrestada a su llegada al aeropuerto de La Habana en un vuelo procedente de Estados Unidos, en enero de 2017, y condenada por espionaje a 13 años de cárcel, en octubre de ese mismo año. El proceso correspondió a la Causa No. 1 de 2017 e incluyó además a su esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, un exdiplomático de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas y veterano oficial de la Dirección de Inteligencia, quien fue sentenciado a 17 años.
López Miyares se encuentra con afectaciones de salud y por razones humanitarias se ha solicitado su liberación, debido a que su madre Alina Miyares, de 94 años, se encuentra sola en Miami. El caso recuerda la condena a prisión de Alan Gross, con la diferencia de que el caso del contratista estuvo rodeado de una intensa campaña por su libertad, con gestiones de la administración Obama. Las apelaciones de la familia de López Miyares a los congresistas y la administración Trump no resultaron fructíferas.
12. Reanudación de conversaciones sobre indemnización de propiedades confiscadas
Si Biden desactiva el Título III como instrumento jurídico para los 5.913 reclamantes certificados por el Departamento de Justicia en 1972 y 2006, Estados Unidos podría retomar de inmediato las conversaciones iniciadas con el gobierno de cubano en 2015 para negociar un arreglo por los 1,902 millones en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, unos $8,500 millones en la actualidad, con intereses incluidos.
13. Autorización de transacciones "U-Turn" o triangulaciones bancarias
En octubre de 2019, el Departamento del Tesoro eliminó la autorización para que las instituciones bancarias bajo jurisdicción de Estados Unidos procesaran ciertas transferencias de fondos que se originan y terminan fuera del territorio estadounidense, comúnmente conocidas como transacciones "U-turn". La medida fue una de las flexibilizaciones aprobadas por la administración Obama, lo que permitió que numerosas actividades de instituciones y ciudadanos nacionales lograran acceder a pagos internacionales por bancos de Estados Unidos a través de una triangulación de las transacciones.
14. Levantamiento de restricciones de viaje para contactos pueblo-a-pueblo
El gobierno de Obama permitió 12 categorías de viajes legales y los contactos pueblo a pueblo favorecieron el intercambio directo con la población cubana con una licencia general, prácticamente sin escrutinio alguno. Las actividades culturales fueron la variante más popular, lo que generó críticas de quienes consideraron que se trataba de una forma velada de turismo, que es ilegal. En junio de 2019, Trump congeló esta categoría. El 24 de septiembre de este año, limitó la opción de los estadounidenses para "asistir u organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba". Biden podría considerar un levantamiento gradual de ambas prohibiciones.
15. Alojamiento en hoteles controlados por el gobierno
Desde septiembre de 2020, quedó prohibido a los estadounidenses el alojamiento en los hoteles en Cuba que estén bajo control gubernamental. La medida afecta a 433 hoteles e instalaciones de estancia turística, relacionados en un listado de alojamientos incluidos en la llamada Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba (CPA, Cuba Prohibited Accommodations). El listado añadió 116 hoteles que ya estaban registrados en la CRL por su dependencia del complejo militar estatal GAESA.
16. Importación de alcohol y tabaco por viajeros
El Departamento del Tesoro prohibió a los estadounidenses que visiten Cuba traer de vuelta ningún "producto de alcohol o tabaco de origen cubano" desde septiembre de 2020. La medida canceló una directiva de la administración Obama de 2016, la cual permitía llevar legalmente en el equipaje esos productos por valor de hasta $100 dólares.
17. Reclamación de prófugos de la justicia estadounidense y cooperación antiterrorista
El principal caso de reclamación de fugitivos de la justicia estadounidense continúa siendo Joanne Chesimard, condenada por matar a un policía estatal de Nueva Jersey en 1973. Chesimard, de 73 años, figura entre los Terroristas Más Buscados del FBI, con una recompensa de $2 millones de dólares, pero el gobierno cubano nunca ha cedido a las solicitudes de EE.UU., tratándose de un caso especialmente protegido por el fallecido gobernante Fidel Castro. Sin embargo, la lista de prófugos en Cuba que el presidente Trump ordenó actualizar al Departamento de Justicia nunca ha sido revelada y varios intentos de CiberCuba solicitando una precisión del número de fugitivos, resultaron infructuosos. Solo se han mencionado además a Ishmael LaBeet, condenado por matar a ocho personas en las Islas Vírgenes, en 1972; y a Charles Lee Hill, acusado de asesinar a un policía en el estado de Nuevo México, en 1971.
Sin embargo, desde que Raúl Castro asumió temporalmente el poder en 2016 y hasta la fecha, las autoridades cubanas han devuelto a Estados Unidos una veintena de prófugos de la justicia. El último caso involucró al cubano residente en Texas, Osvaldo Iglesias Ruiz, devuelto en menos de 24 horas cuando intentaba ingresar a Cuba huyendo de un encausamiento por tráfico de drogas en un tribunal federal.
18. Solicitudes de reunificación familiar
El procesamiento de casos de residencias permanentes para las solicitudes de reunificación familiar, patrocinados por residentes legales, permanece congelado. La medida afecta tanto a las solicitudes del Programa de Reunificación Familiar para Cubanos (CFRP), que tiene paralizados unos 20 mil expedientes desde finales del 2018, como las peticiones de familiares cercanos bajo el sistema regular de inmigración. Se calcula que más de 25.000 personas están afectadas. La designación del cubanoamericano Alejandro Mayorkas al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo a cargo de la revisión del programa de reunificación familiar, pudiera ser un factor determinante para agilizar este asunto.
19. Solicitantes de asilo y prisioneros cubanos en cárceles de ICE
Más de 10,000 cubanos han sido retornados a México desde 2019 como parte del programa Protocolo de Protección al Migrante (PPM) para esperar por una segunda revisión de sus solicitudes de asilo, de acuerdo con estadísticas oficiales. Una notable mayoría de ellos desistió de sus casos de asilo por temor a ser deportados y han abandonado México o, en cifras considerables, han reingresado a territorio estadounidense valiéndose de bandas de traficantes.
A la vez unos 1,200 cubanos permanecen arrestados en cárceles de ICE, y muchos de ellos son objeto de deportaciones expeditas, sin siquiera someterse al procesamiento de sus casos de asilo en tribunales de inmigración.
En sus declaraciones de campaña, Biden dijo que pondrá fin a las perjudiciales políticas de asilo de Trump, comenzando con el PPM, y restablecerá las leyes de asilo para proteger a las personas. También se comprometió a poner fin a la detención prolongada de los cubanos mientras esperan sus audiencias judiciales.
Horas antes de tomar posesión, Biden anunció que propondrá una legislación de gran alcance para dar a millones de inmigrantes indocumentados la oportunidad de convertirse en ciudadanos en tan solo ocho años, lo que también podría favorecer a miles de cubanos atrapados en un limbo migratorio.
20. Operaciones de Radio TV Martí
El funcionamiento de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), que supervisa las operaciones de Radio TV Martí, tiene varios retos inmediatos. De los $29 millones de dólares con que funcionaba, tendrá que restringirse a trabajar con unos $17 millones aprobados en el presupuesto 2021, lo que implicaría radicales recortes de personal y programación. Sin embargo, la gestión de OCB estará bajo escrutinio, además, por motivos que van desde nombramientos en su dirección, decisiones administrativas recientes y criterios de contratación de personal, hasta la validez de mantener las operaciones de televisión, cuya señal nunca ha llegado a Cuba. Una nueva dirección de OCB y de USAGM, la entidad rectora de los medios gubernamentales que dirige el aliado de Trump, Michael Pack, sería considerada en un plazo inmediato.
21. Invitación a Cuba a la IX Cumbre de las Américas
Estados Unidos será sede de la IX Cumbre de las Américas a finales de 2021. El foro servirá para que la administración Biden presente su nueva política hacia América Latina, incluyendo a Cuba. Será también una oportunidad para que el presidente estadounidense se reúna con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con la perspectiva de mejorar las relaciones bilaterales.
22. Consideración sobre el acuerdo entre Grandes Ligas (MLB) y la Federación Cubana de Béisbol
En diciembre de 2018, MLB y FCB firmaron un acuerdo histórico para permitir que los peloteros cubanos pudieran firmar contratos profesionales y jugar en las Grandes Ligas sin tener que radicarse fuera de la isla. En abril de 2019, la administración Trump desechó el acuerdo, pocos días después de que las autoridades deportivas cubanas publicaran su primera lista de 34 jugadores autorizados para firmar contratos directamente con las 30 franquicias profesionales de béisbol.
Bajo el acuerdo, la FCB se comprometía a liberar a todos los jugadores con al menos 25 años y seis o más años de experiencia en la Serie Nacional de Cuba; los equipos de MLB pagarían a la FCB una tarifa entre el 15 y el 25 por ciento del valor de los contratos de jugadores. El Departamento del Tesoro decretó inviable el acuerdo desde la perspectiva de que habría sometido a los jugadores a la "trata de personas", pues la FCB no es un organismo independiente del régimen cubano.
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