Las empresas estatales no son la solución para la economía cubana

La constitución comunista de Cuba de 2019 lo tiene claro. En el Título II relativo a los fundamentos de la economía, y en el artículo 27 dice al respecto, “la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. La ley regula los principios de organización y funcionamiento de la empresa estatal socialista”.

Con este enunciado, poco más hay que añadir. El modelo económico social comunista no cree en la empresa privada, simplemente la ignora, denominándola con el insultante calificativo de “otras formas de propiedad”. La prohibición del enriquecimiento y de la concentración de la propiedad de los emprendedores privados (artículo 30), apoyada en los baluartes del Estado como órgano director, regulador y controlador de la actividad económica y de la planificación socialista (artículo 19) define el diseño de un modelo obsoleto, que ha mostrado su absoluta incapacidad para adaptarse a las tendencias del siglo XXI y mejorar las condiciones de vida y prosperidad de los cubanos.

Porque es conveniente precisar que cuando se habla de la centralidad de las empresas estatales en Cuba conviene tener en cuenta varios datos, antes de continuar.

Primero, que el número de empresas estatales no ha hecho más que disminuir desde 2014. En aquel año, según datos oficiales de la ONEI, había en Cuba 1.992 empresas inscritas en el Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas (REEUP). Pues bien, en 2019, ese número lejos de crecer, como cabría suponer de la relevancia que otorga la constitución, se había reducido a 1.774, empresas con un descenso del 11%, equivalente a 219 unidades. Por citar un ejemplo, las entidades pertenecientes al sector presupuestado en el mismo período pasaron de 2.297 a 2.241, con un descenso menor, de solo un 2,3%.

En todo caso, asombra contemplar que en Cuba el número de entidades dependientes del presupuesto estatal 2.241 es superior al número de empresas, 1.774. ¿Cómo si no interpretar ese índice de producción industrial en 2019 de 61,3 con respecto al año base 1989=100? Un 40% menos de producción industrial lleva detrás una importante eliminación de empresas, todas ellas estatales. Y así, con el resto de sectores y actividades. Récord difícil de observar en otros países y que condiciona la productividad global de la economía.

Por lo tanto, dejando de lado demagogias oportunistas, los comunistas cubanos han practicado sobre las empresas estatales de Cuba un “ajuste silencioso” de esos que denominan “terapias de choque” con el cierre o la transformación de aquellas que no eran rentables. Una decisión completamente desacertada, si se tiene en cuenta la experiencia de algunos países del este de Europa que, al emprender la privatización de las empresas, descubrieron que algunas que habían sido insolventes bajo titularidad del estado, al pasar a manos privadas, se convertían en potentes generadores de productividad, empleo y riqueza. Los comunistas cubanos han dejado de lado esta posibilidad y con su carga ideológica trasnochada, han preferido cerrar empresas, liquidar sus activos y centrifugar los trabajadores hacia las OSDEs y otras entidades del sector presupuestado, donde el subempleo es la nota común.

Segundo, qué sentido tiene en la Tarea Ordenamiento autorizar a las empresas estatales en Cuba a distribuir utilidades, después de pagar impuestos, entre sus trabajadores, al cierre de cada trimestre, sin límites en el monto a distribuir y sin que ello esté condicionado al cumplimiento de indicadores. Evidentemente, para llegar a este paso, que es importante y al que no vamos a cuestionar su significado, antes hay que generar plusvalía, en términos marxistas para que se entienda, y esto para muchas empresas resulta imposible por muchas razones. Los beneficios no son fáciles con controles de precios e injerencias continuas de los dirigentes comunistas locales.

Pero más difícil aún cuando el estado practica sus periódicas exacciones no tributarias que arrasan con cualquier gestión ordenada de la cuenta de explotación, reteniendo divisas e, incluso, limitando las importaciones vitales para muchos procesos productivos. Esa dependencia del estado, como dueño de las empresas, está en el origen del pésimo funcionamiento de estas entidades, lo que significa que antes de proceder a su recuperación, simplemente se cierran. Murillo sabe bien en qué consiste este proceso, que arranca del perfeccionamiento empresarial creado precisamente por él.

No se va a conseguir con el pago de pluses por utilidades a los trabajadores que las empresas estatales reaccionen, como pretenden las autoridades, porque para que se produzca esa reacción, lo primero que tienen que tener claro las empresas es qué hacer y a dónde dirigirse. La eliminación del CUC y el nuevo tipo de cambio, con una fuerte devaluación para las empresas de un 2.400%, nunca antes vista en otros países, no van a servir para estimular la productividad o las exportaciones, y un funcionamiento mejor organizado de las mismas.

Por lo pronto, cualquier injerencia del estado en los procesos de gestión, es contraproducente. En estos términos hay que interpretar lo dispuesto en la Resolución 375/2020 del Ministerio de Finanzas y precios que, por ejemplo, obliga a las empresas a realizar el pago de los pluses salariales a los trabajadores, dentro del trimestre siguiente, con una vaga referencia a la planificación de los desembolsos con relación a los flujos financieros y así llegar hasta donde permita la liquidez.

Por lo pronto, parece poco sensato aplicar un formato homogéneo a todas las empresas para el pago de beneficios a los trabajadores, si se tiene en cuenta las características técnicas y productivas de cada sector o actividad, y la duración de los procesos. Esta obsesión con dirigir toda la economía desde la centralidad sin bajar a la realidad explica por qué funcionan tan mal las empresas estatales.

Visto desde esta perspectiva, ya tienen algún indicador para llevar al próximo congreso del Partido Comunista, el número de empresas estatales desaparecidas, el 11% combinada con la estabilidad de la tasa de desempleo. Cualquier analista de la correlación entre las dos variables, se sorprendería. Porque ni la economía funciona mejor en términos de eficiencia o productividad, ni aparecen nuevas actividades o sectores que generen puestos de trabajo, ni se adoptan las medidas adecuadas para que ello sea posible. ¿Dónde van los trabajadores excedentes de las empresas estatales cerradas o desaparecidas? La magia confunde y no deja ver la dura realidad.

Creer que la Tarea Ordenamiento supone cambios para la economía cubana es un gran error. Precisamente, la Tarea, combinada con la Estrategia económico-social del país, son los nuevos instrumentos del régimen para la permanencia de su modelo de política económica.