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La respuesta de la administración de Donald Trump a los misteriosos episodios que afectaron la salud del personal diplomático de la embajada estadounidense en La Habana estuvo plagada de mala gestión, liderazgo deficiente, falta de coordinación e incumplimiento de los procedimientos establecidos, según revela un informe interno del Departamento de Estado.
El reporte de 104 páginas -con una amplia relación de anexos- considera erráticas y excesivas las decisiones que acompañaron el comportamiento gubernamental al llamado Síndrome de La Habana, que provocó traumas cerebrales y auditivos a 26 diplomáticos estadounidenses y sus familiares.
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"La respuesta del Departamento de Estado a estos incidentes ocurridos entre 2016 y 2017 se caracterizó por la falta de liderazgo de alto nivel, la ineficacia de las comunicaciones y la desorganización sistémica", indica el documento elaborado por la Junta de Revisión de la Rendición de Cuentas (ARB) en julio de 2018 y difundido este miércoles por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), con sede en Washington.
El NSA, entidad investigativa sin fines de lucro, obtuvo el documento bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). Las revelaciones oficiales constituyen las más duras evidencias sobre el deficiente manejo de la administración Trump con respecto a los sucesos ocurridos en su sede diplomática en Cuba.
Otros tres informes encargados a instituciones federales estadounidenses se han hecho públicos hasta el momento, sin arrojar resultados concluyentes. Las evaluaciones anteriores corresponden a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia Nacionales de Ciencias Ingeniería y Medicina, y coinciden en sus evaluaciones cautelosas respecto a las causas y el desarrollo de síntomas en los pacientes.
"El informe del ARB arroja una luz considerable sobre la historia del Síndrome de La Habana, pero no resuelve el misterio permanente de lo que ocurrió en Cuba", declaró Peter Kornbluh, director del proyecto de documentación sobre Cuba en el NSA. "Las pistas para resolver este misterio probablemente estén en los registros aún secretos del Departamento de Estado, la CIA, el FBI y el Pentágono".
El reporte de ARB halló "serias deficiencias en la respuesta del Departamento de Estado en áreas de rendición de cuentas, coordinación interinstitucional y comunicación, en todos los niveles, o que contribuyó a la confusión que rodea los incidentes, y retrasó una acción efectiva y coordinada".
El tema de los llamados ataques acústicos no fue hecho público por el gobierno de Trump hasta mediados de 2017, y desencadenó una escalada de tensiones en las relaciones bilaterales como parte de un cambio radical en la política hacia el régimen de La Habana.
La ARB -una entidad creada por el Congreso en 1986 con fines de supervisión- señaló que no se designó a ningún alto funcionario como responsable general para lidiar con la situación creada, lo que dio lugar a muchos de los numerosos problemas señalados por el informe. La referencia alude tácitamente a la responsabilidad del entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, quien renunció a su cargo por claras diferencias con el presidente Trump.
La decisión del ex secretario Tillerson de reducir el personal de la Embajada de La Habana en un 60 por ciento y cerrar, de hecho, el Consulado de Estados Unidos, a fines de septiembre de 2017, es valorada en el informe como una medida precipitada, pues no respetó las normas correspondientes ante los supuestos ataques acústicos.
Al respecto el documento refiere: "La decisión de retirar el personal en La Habana no parece haber seguido el procedimiento estándar del Departamento de Estado y no fue precedida ni seguida por ningún análisis formal de los riesgos y beneficios de la presencia física continua de empleados del gobierno de Estados Unidos en La Habana".
"Nadie puede explicar por qué esto no ha sucedido", señala el reporte.
La ARB confirmó además que la CIA retiró a dos agentes que tenía en La Habana por sospechas de que estaban siendo atacados, luego de que sufrieran lesiones médicas mientras se hospedaban en el Hotel Nacional, en agosto de 2017.
Por no compartir información sobre estos hechos, la Junta criticó a la CIA, pues el “secretismo” retrasó la capacidad del Departamento de Estado para reaccionar rápidamente.
"Muchas de las comunicaciones relacionadas con los incidentes no transitaron por los canales habituales del Departamento de Estado y, por lo tanto, puede haber documentación que no se haya puesto a disposición", consideró la Junta.
La demora de Tillerson en nombrar a funcionarios de alto nivel, incluido un subsecretario de Estado para la gestión (puesto que no se cubrió por decisión de su sustituto en el puesto, Mike Pompeo, hasta mayo de 2019), así como su práctica de dejar a funcionarios interinos, con una autoridad, es señalada por el reporte de ARB como "la deficiencia más significativa en la respuesta del Departamento".
"En consecuencia, nunca se llevó a cabo un esfuerzo global de todo el gobierno para identificar el mecanismo de las lesiones y los autores, para comprender el universo de personas potencialmente afectadas, y para tratar y rehabilitar a los empleados lesionados", afirma el documento.
Además, señala que si bien varias oficinas e individuos tomaron medidas para abordar su parte específica en el problema, todos los entrevistados por la Junta coincidieron en que no había ningún funcionario a cargo.
La convocatoria de la Junta para analizar lo sucedido en La Habana se retrasó durante casi un año, a pesar de que la ley exige acción dentro de los 60 días siguientes a un suceso vinculado a la seguridad del servicio exterior. Cuando el informe estuvo listo, Tillerson ya había abandonado el puesto.
Entre los aspectos que sí se habían hecho públicos acerca del informe en 2018, se encuentra el elogio a la Oficina de Servicios Médicos del Departamento, que “brindó una respuesta competente y profesional a una situación sin precedentes, pero no tenían recursos suficientes para respaldar la atención a largo plazo y el seguimiento necesarios para este tipo de incidentes”.
La ARB no constató que ningún empleado del gobierno estadounidense hubiera incurrido en mala conducta o hubiera actuado de manera insatisfactoria con relación a estos incidentes, que siguen siendo un enigma para los investigadores y los expertos científicos.
El gobierno cubano ha negado enfáticamente tener conocimiento de lo que podría haber causado las afectaciones a los diplomáticos estadounidenses. Los presuntos ataques sónicos también causaron daños similares a un grupo de 15 funcionarios de la embajada de Canadá en La Habana.
Los síntomas se han atribuido a ataques sónicos intencionados, pesticidas, grillos, enfermedades infecciosas y energía de microondas, pero ninguno de los reportes periodísticos e investigaciones de entidades científicas de Estados Unidos y otros países se han aventurado a dar una conclusión definitiva sobre las causas del problema.
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