Recomendaciones a la “futura” ley de empresas en Cuba

A diferencia de la nueva política de “perfeccionamiento” del trabajo por cuenta propia, que ha causado un gran revuelo informativo, el régimen comunista cubano tan solo hace unos días, anunció en su plan/calendario de actividad legislativa una “ley de empresas”, de la que poco se sabe, y lo único que, de momento se puede decir, es que ha sido programada con bastante retraso respecto al resto de iniciativas legislativas. Sin conocer el contenido de la norma, no conviene generar expectativas. Hay buenos motivos para ello.

Para empezar, la constitución comunista de 2019 ha dejado bien claro el espacio prioritario de la empresa estatal socialista como eje del sistema económico, y el resto de formas de propiedad no estatal son tan solo eso, “formas” a las que se reconoce un marco relativamente limitado de derechos, a la vez que se encuentran sometidas al imperio absoluto del estado intervencionista.

En cualquier caso, hablar de empresas en Cuba no parece una mala idea. Las empresas existen. De hecho, desde 2014 a 2019, han experimentado una reducción significativa, pasando de 1.992 a 1.774, 218 menos, equivalente a un 11% de la cifra inicial. El entorno de la actividad empresarial en Cuba ha sido caracterizado por un exceso de burocracia, la jerarquía en la cultura organizativa, el predominio del sector presupuestado como comprador, todo ello combinado con una elevada inseguridad jurídica o la lentitud de los tribunales y su absoluta dependencia del poder ejecutivo. Los obstáculos estructurales que crean obstáculos, limitan y dificultan el papel fundamental que desempeñan las empresas en las economías de todos los países del mundo son, en la economía cubana, formidables, al tiempo que responden a principios ideológicos y políticos lo que dificulta su eliminación.

Ni siquiera las empresas extranjeras que invierten en la isla pueden escapar de ese paquidermo intervencionista e ineficiente que es el estado comunista, que alarga los procesos administrativos, impide la ejecución de proyectos en condiciones de solvencia y tiende a crear unas relaciones entre el poder y el ámbito empresarial, difíciles de observar en otros países del mundo.

Por ello, la economía cubana necesita definir un nuevo marco jurídico, político, económico y social para las empresas. Y ahora que se anuncia una reforma del trabajo por cuenta propia, que previsiblemente tendrá un impacto sobre el número de personas que desempeñan sus funciones en este sector, la ley anunciada debería intentarlo. En cierto modo, se necesita establecer un modelo de empresa que supere la actual disyuntiva estatal no estatal, y reconozca los elementos de independencia, autonomía, seguridad jurídica y propiedad que exigen las empresas para poder cumplir sus fines. Sin embargo, si la ley que están pensando las autoridades mantiene el conjunto de barreras regulatorias, el exceso de burocracia, la penosa duplicidad de controles, la intervención directa de los comunistas locales en las decisiones y la escasa flexibilidad, se habrá perdido una oportunidad histórica para avanzar hacia un marco moderno y aceptable para la actividad empresarial en Cuba.

¿Qué sería necesario para esta nueva ley?

Ante todo, tener bien claro que las empresas no necesitan ideología para funcionar, sino agilidad y un marco jurídico estable que ofrezca certidumbre para la toma de decisiones. No es admisible que en pleno siglo XXI en Cuba el derecho de creación de empresas continúe proscrito para el conjunto de la población. Que un cubano pueda impulsar una joint ventures con un extranjero o implementar con absoluta libertad una startup en el garaje de su casa, es imposible en las actuales condiciones.

La aparición de un sector privado a partir de las reformas raulistas iniciadas en 2006, ha conducido tan solo a un 13% de la ocupación, unas 600.000 personas, porcentaje que sitúa a Cuba en los niveles más bajos del conjunto de países del mundo. Lo peor es que, la voluntad política de las autoridades hacia este sector sigue siendo la misma: sacar gente que opera en la economía informal y conseguir un mayor crecimiento de ingresos tributarios. La reforma anunciada hace unos días, se inspira sustancialmente en estos dos objetivos. Nadie debe ver el diseño de un sector privado en la economía cubana, mientras el artículo 30 de la constitución siga en vigor y no exista un marco jurídico estable para el respeto a los derechos de propiedad.

El legislador que vaya a abordar la cuestión de las empresas en Cuba no se debe quedar solo en la punta del iceberg, y pensar que con reducir trabas burocráticas o ampliar la participación social en la creación de empresas, se puede resolver el problema. Por supuesto, desregular es fundamental y reducir el número de trámites, también, al tiempo que avanzar hacia la simplificación o la creación de ventanillas únicas. Pero hay que tener claro que todo esto, siendo necesario no es suficiente y no garantiza el marco favorable para el desarrollo y crecimiento de la actividad empresarial en Cuba. Las reformas estructurales de la economía son fundamentales, y en este ámbito de las empresas, quedarse solo en parches superficiales, es perder el tiempo.

Si la nueva ley acierta en su diseño, atacar los excesos de burocracia, reducir los costes asociados a una compleja legislación que no solo afecta los procesos administrativos sino la viabilidad misma de las empresas, debería permitir ahorros sensibles de costes, de tiempo, de esfuerzo personal en la creación de las empresas, lo que podría incentivar los proyectos emprendedores, al tiempo que la administración se pone al servicio de las empresas y no como viene ocurriendo actualmente, que es justo al revés.

Otro aspecto, no menos importante, que la ley tiene que vigilar para su cumplimiento es la unidad de mercado nacional. Las autoridades comunistas han mostrado una especial predilección por el desarrollo local, como fórmula para alimentar a la población, y lo cierto es que estos programas no han dado resultados. Existe una obsesión por el régimen de mantener bajo control el crecimiento de la escala técnica de las distintas unidades productivas, sobre todo en el campo donde la cesión de tierras a cuentagotas tiene como objetivo impedir la acumulación.

Y esta política es contraria a lograr empresas, estatales y no estatales, eficientes que obtengan rendimientos crecientes al situar su nivel de operaciones en la escala técnica eficiente donde se produce a los mínimos costes. Esta perspectiva de crecimiento de escala de las empresas es fundamental para consolidar los proyectos, de modo que exista espacio tanto para aquellos que quieran superar el minifundismo y crecer, al tiempo que se mantienen las condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, que quieran operar con sus reducidas dimensiones. El acierto en el diseño del subsistema empresarial tendrá mucho que ver con el éxito de la norma. De hecho, hasta en Cuba se ha podido observar que no es el sector estatal, sino el privado, el que contribuye a crear riqueza en la economía, y para conseguir este objetivo, se necesita Administración que ayude y no frene la actividad de las empresas.

La ley, finalmente, tiene que establecer diferencias entre las empresas, con sus formas de organización jurídica, dimensiones, especialización sectorial, territorial, objetivo de beneficio, y los trabajadores autónomos, profesionales independientes que deciden implementar productos o servicios de forma unilateral. La tendencia a combinar unos y otros no es buena cosa para consolidar una economía de empresas al servicio de la sociedad. Los profesionales autónomos deben tener su marco jurídico propio, distinto del empresarial, porque no son lo mismo.