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Dos cubanoamericanas de Miami presentaron una demanda contra Trafigura Trading, una compañía de Singapur con subsidiarias en Estados Unidos y vínculos contractuales con el gobierno cubano para operar en la zona del Mariel.
La demanda en nombre de Hilda M. Castañedo Escalón y Emma Díaz fue presentada esta semana en un tribunal federal de Houston, Texas, y está amparada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
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La reclamación se fundamenta en que Trafigura Trading, que es propietaria de Trafigura Group, radicada en Texas, tiene una filial en Singapur en sociedad mixta con el gobierno cubano, mediante la cual se han realizado inversiones en el sector de la minería en Pinar del Río.
De acuerdo con la demanda, de 23 páginas y numerosos anexos, las reclamantes heredaron de su padre la propiedad sobre unas importantes minas de metal en Pinar del Río, las Minas de Matahambre. Sin embargo, la revolución de Fidel Castro le incautó a la familia esas y otras propiedades como almacenes, carreteras e instalaciones portuarias en Santa Lucía, en el territorio pinareño, en 1961.
La empresa demandada funciona en la mina Castellanos, al norte de las Minas de Matahambre y cercana a la terminal marítima de Santa Lucía, que es realmente la propiedad que las demandantes identifican como objeto de tráfico. Las implicaciones con la llamada Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) se derivan de que las embarcaciones de mayor calado no pueden entrar al puerto de Santa Lucía y deben enviarse a través del puerto del Mariel.
Las minas que explota la sucursal de Trafigura Group son de zinc y plomo, aunque la zona es mayormente conocida por sus yacimientos de cobre. La intervención de la mina de cobre de Matahambre fue la primera industria que nacionalizó el gobierno de Fidel Castro, en julio de 1961.
El valor de los negocios de la empresa de Singapur en Cuba asciende a casi $600 millones, según cifras compiladas en la demanda.
Castañedo y Díaz abandonaron Cuba con su familia siendo niñas, y en las décadas de 1960 y 1970 se hicieron ciudadanas estadounidenses.
El documento se basa en el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual establece que las demandantes pueden exigir hasta tres veces el valor de las ganancias obtenidas por la propiedad incautada por el régimen cubano.
El Título III de la Helms-Burton permite a los ciudadanos estadounidenses reclamar compensación en tribunales federales por sus propiedades expropiadas en Cuba, y fue activado en mayo de 2019 por el entonces presidente Donald Trump, después de ser suspendido desde 1996 por administraciones demócratas y republicanas.
Un total de 34 demandas han sido presentadas hasta el momento desde la activación de la cláusula legal, pero solo 11 de ellas corresponden a propiedades certificadas por el Departamento de Justicia en 1972. Un total de 5,913 reclamaciones están certificadas, lo cual viabiliza el proceso de los litigios bajo la ley Helms-Burton.
El Título IV de la misma legislación puede prohibir la entrada a EE.UU. de los responsables de la empresa al “traficar” con la propiedad decomisada en Cuba, como sucedió con el consejero delegado y vicepresidente de Meliá International Hotels, Gabriel Escarrer, debido a su involucramiento en la construcción de hoteles en una zona confiscada a una familia.
Hasta el momento, ninguna demanda ha obtenido un fallo favorable a los demandantes cubanoamericanos. En 2020, un informe de la consultora especializada The Havana Consulting Group aseguraba que la activación del Título III y la implementación del Título IV de la Helms-Burton habían frenado las inversiones extranjeras en Cuba, sobre todo en la ZEDM.
La ZEDM es uno de los mayores proyectos económicos del gobierno cubano que emprendió en colaboración con Brasil, intentando convertir el puerto en un centro de inversiones. Sin embargo, las operaciones no han tenido mucho éxito, viéndose también afectadas desde el año pasado por la crisis del coronavirus.
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