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La jueza de Palma de Mallorca que instruye la demanda de la familia de exiliados Sánchez-Hill contra la cadena hotelera Meliá, en la que reclaman una fuerte compensación económica por la explotación de dos de sus hoteles en tierras cubanas, decidió archivar la causa por falta de competencias, reportaron este martes medios locales.
La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Palma determinó desestimar la causa al considerar que la demanda debe ir dirigida contra el Estado cubano, responsable del acto originario que se denuncia. Y que, por tanto, al afectar a otro Estado, ningún tribunal español tiene competencias para enjuiciarlo.
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Para estas conclusiones, la magistrada se basa en un informe emitido por el Ministerio español de Asuntos Exteriores el pasado abril. En él, tras ser requerido por el Juzgado, el Gobierno español esgrime que la "nacionalización de bienes acordada por el Estado cubano en 1960 es un acto iuri imperii". Es decir, una acción soberana que está protegida por la inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otros países.
El dictamen judicial argumenta que Meliá fue autorizada por el gobierno cubano para explotar los terrenos expropiados, y debe considerarse lo que llevó a la nacionalización de estos terrenos y no las actuaciones que se produjeron con posterioridad.
La jueza agregó que las pretensiones de los demandantes no son los negocios concertados a Meliá, sino la declaración de ilegal del título de propiedad que Cuba ostenta sobre estas tierras expropiadas.
La decisión adoptada por la jueza de Palma aún no es firme y puede ser revisada por la Audiencia Provincial si lo reclamara la familia demandante.
Los abogados de la familia Sánchez-Hill dijeron de inmediato que apelarían la decisión a la Audiencia Provincial.
"Nosotros apelaremos debidamente este desafortunado fallo de nuevo al la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, la misma corte que reversó la primera decisión de la Jueza Crespi en este caso, reconociendo plenamente que nuestro equipo legal español posee la razón", dijo a CiberCuba el abogado Nick Gutiérrez, integrante del equipo legal de los Sánchez-Hill y secretario corporativo de la firma Central Santa Lucía.
Gutiérrez consideró que es insostenible la excusa de que el gobierno de Cuba y la corporación Gaviota SA., a los cuales se les ofreció la oportunidad de comparecer en el caso y decidieron no hacerlo, sean partes indispensables y por eso hay que archivarlo.
La jueza a cargo del caso consideró que la demanda no podía resolverse sin que fueran llamados como partes demandadas los titulares actuales de los derechos de propiedad, el Estado cubano y la empresa Gaviota S.A., propietarios de los terrenos y los dos hoteles en litigio.
Es una ofensa a todas las nociones civilizadas de la justicia", declaró el abogado.
En abril de 2019, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez-Hill anunciaron que reclamarían a Meliá una compensación por el aprovechamiento de un terreno de más de 40.000 hectáreas en la provincia de Holguín, donde se alzan dos hoteles de la compañía: el Sol Río de Luna y Mares, y el Paradisus Río de Oro.
Ambos se construyeron en los terrenos de una antigua hacienda azucarera que perteneció a esa familia cubana hasta 1960, cuando el Gobierno de Fidel Castro los nacionalizó.
La familia reclama que esas tierras en las que se levantan los establecimientos de la compañía balear fueron de sus antepasados y acabaron confiscadas de manera ilegítima. Por ello recurrieron hace tres años a la justicia española para pedir una compensación de diez millones de euros, equivalente a los beneficios económicos obtenidos por los usufructuarios del terreno durante los últimos cinco años.
La causa, inicialmente archivada, fue reabierta por la Audiencia Provincial balear y la acusación se amplió en enero contra al Estado de Cuba.
La Audiencia Provincial aceptó entonces un recurso de apelación en la demanda de la familia Sánchez-Hill contra la cadena hotelera, abriendo la posibilidad de iniciar un juicio por apropiación ilícita de propiedades confiscadas en Cuba.
El Estado cubano no ha contestado a la demanda ni se ha personado, pese a la ampliación de la denuncia y a figurar como demandada en el proceso judicial que se sigue en Palma.
El auto reconocía el derecho de la compañía estadounidense Central Santa Lucía LC a obtener una sentencia, lo que obligaba a tramitar todo el procedimiento, y contradecía por tanto la sentencia del juzgado de Primera Instancia de Palma, que había archivado previamente estas actuaciones por falta de jurisdicción.
La cadena española Meliá Hotels International enfrenta desde hace años varias demandas amparadas en la Ley Helms-Burton por comerciar con propiedades incautadas por el gobierno cubano. Sin embargo, esta reclamación de los Sánchez Hill ante el tribunal de Palma de Mallorca no estaba basada en la legislación estadounidense, sino en el Código Civil español.
Meliá, con 38 hoteles en Cuba, fue una de las empresas españolas más afectadas por la activación del Título III de la legislación estadounidense, activado por el presidente estadounidense Donald Trump en 2019, aunque hasta el momento ha conseguido que se archiven la mayoría de las reclamaciones en su contra presentadas en EE.UU.
Desde hace años la familia Sánchez-Hill trata de negociar con Meliá una posible indemnización, apelando a distintos escenarios legales. Entre 2000 y 2002 sostuvieron cuatro reuniones: dos en Miami y otras dos en Washington, una de ellas en el Departamento de Estado. En ese momento, ambas partes estuvieron muy cerca de un acuerdo de indemnización por $5 millones de dólares.
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