La directora ejecutiva de la organización Archivo Cuba, María Werlau, aseguró que el gobierno de Cuba promueve el tráfico de personas a través de las leyes vigentes en el país y que impactan en los integrantes de brigadas médicas en el extranjero.
A propósito del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el tráfico de personas, Werlau elogió que este año la administración Biden haya decidido enfocarse en los Estados que promueven prácticas de esclavitud moderna.
“Lo que contiene este informe que me parece a mí muy significativo es que por fin el Departamento de Estado destaca el hecho de que este es un Estado que está cometiendo el tráfico”, dijo Werlau, en referencia al Estado cubano, durante la emision de este viernes de Las mañanas de CiberCuba.
La investigadora, quien ha documentado por más de una década la explotación laboral en las brigadas internacionales de Cuba y las prácticas similares de Corea del Norte, consideró meritorio que el informe destacara 11 países “con distintos grados de participación del Estado” en el esquema de trata de personas.
En relación a las brigadas médicas cubanas, Werlau advirtió que es el Estado quien “trafica los trabajadores para la exportación” e insistió en que el caso de Cuba “es muy particular”, porque “las mismas leyes de Cuba promueven el tráfico y castigan el no tráfico, la prevención del tráfico”, sentenció.
Archivo Cuba ha seguido de cerca esta legislación, a saber: la Resolución 168 que rige la vida y la intimidad de los llamados “colaboradores”, les impide relacionarse con nacionales de los países donde trabajan, socializar, conducir un auto y restringe severamente sus movimientos.
La ONG menciona, además, la Ley 1312 “Ley de Migración” que regula la entrada y la salida del país, así como el artículo 135 del Código Penal cubano que proscribe el derecho de todo obrero a rescindir un contrato laboral, e imputa penas de hasta ocho años de cárcel por “abandono de funciones laborales”, entre otras leyes contrarias a los derechos humanos, ciudadanos y laborales.
Desde la perspectiva de la investigadora, otro aspecto “muy importante” a destacar del informe del Departamento de Estado “es que muchos de los Estados donde hay misiones médicas, y donde hay misiones no solo médicas sino deportivas y de y de otra calidad de trabajador, han sido señalados”, dijo.
Para Werlau, la utilidad de la mención es que, por un lado, advierte a los países que participan o se favorecen de la trata de trabajadores cubanos que ese proceder “tiene repercusiones”. También contribuye a “crear conciencia sobre este tema de que es una violación del derecho internacional que están cometiendo los Estados que entran en estos contratos bilaterales”, agregó.
Cuba tiene desplegados más de 28 mil profesionales en brigadas internacionales en alrededor de 60 países. Los convenios bajo los cuales laboran los empleados civiles contienen una cláusula de confidencialidad que impide conocer la dimensión de la explotación a la que son sometidos y los estados parte en este engranaje consienten las condiciones deplorables que impone el gobierno cubano, en mayor o menor medida, a su fuerza laboral calificada.
Por esa razón Werlau considera que “los gobiernos que firmaron esos acuerdos son cómplices”, dijo, y agregó que “ellos son parte del problema, están totalmente conscientes de esto. Por eso hay que seguir denunciándolo”.
El Informe del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas mantiene a Cuba en la categoría 3, que incluye a países que no cooperan para eliminar la trata de personas, y exhorta a las autoridades de la isla a que cumplan con las normas internaciones en materia de derechos laborales si pretenden continuar exportando servicios profesionales.
Recientemente el Secretario de Estado, Antony Blinken, señaló que “este año el informe se enfoca en los Estados patrocinadores de tráfico humano”. Entre ellos mencionó el caso de Cuba, cuyo gobierno “se ha beneficiado de la explotación de las misiones medicas en el extranjero”.
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