La Televisión cubana dedicó ayer varias horas del horario de máxima audiencia a negar las evidencias de desapariciones, detenciones ilegales, torturas y vejaciones a manifestantes que la semana pasada salieron a las calles en más de sesenta protestas masivas por toda la isla.
Los medios oficiales de propaganda divulgaron la versión oficial de los hechos, según la cual "en Cuba no existen personas desaparecidas" a pesar de los listados de cientos de personas arrestadas o en paradero desconocido que han recopilado varias organizaciones independientes de la isla y grupos en redes sociales.
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Entrevistado por el vocero oficialista Humberto López, el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, aludió a la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la cual la Isla es firmante y negó que hubiera habido desapariciones forzadas tras las protestas.
El oficial reconoció, sin embargo, que “desaparición forzada” no está calificada en el ordenamiento jurídico cubano como un delito.
José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento de Supervisión en la dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, también aseguró que tras las detenciones se sigue el debido proceso y que "en las primeras 24 horas la familia generalmente conoce dónde se encuentra el detenido". “El Ministerio del Interior tiene un sistema automatizado, entrelazado entre todas las unidades, un sistema de atención e información a la población donde se asienta cada una de las personas que están detenidas", afirmó Blanco sin sonrojo.
Sin embargo, numerosos testimonios divulgados en redes sociales evidencian la violación de las propias normas legales del régimen y de los protocolos más elementales para los arrestos y los posteriores juicios exprés.
Una de las denuncias que desmiente la versión del MININT la hicieron familiares del fotógrafo Anyelo Troya, detenido por grabar las manifestaciones del pasado 11 de julio. Ayer se dirigieron con un abogado a la prisión de 100 y Aldabó, donde Troya se encontraba detenido, acusado de desorden público. Al llegar a la unidad se enteraron de que lo habían trasladado al Tribunal de 10 de Octubre para hacerle un juicio sumario. Al llegar, resultó que ya el proceso había finalizado, sin previo aviso a la familia ni defensa permitida. Fue un juicio sumario colectivo, denuncian amigos y familiares: junto a Troya condenaron a 11 muchachos más.
La organización independiente Prisoners Defenders (PD) ha denunciado la aplicación de estos juicios exprés y sumarísimos, una fórmula conocida como “atestado directo”.
“Es la policía, y no la fiscalía, quien maneja las riendas del proceso de principio a fin. El objetivo perseguido es constituir un método y una vía, ágiles y expeditas, de dar curso legal a los asuntos que se tramitan dentro del proceso sumario en los tribunales municipales”, asegura PD en su denuncia, hecha pública ante la ONU.
En este tipo de procesos, el juez se convierte de esta forma en acusador, defensor y juez, porque el juicio se realiza a puerta cerrada, mano a mano entre policía y juez revolucionario. El acusado no tiene garantizado ni siquiera el derecho a nombrar defensor, a comunicarse con sus familiares o a recoger pruebas en su defensa. Si le dan la opción de nombrar a un defensor abogado del Estado, éste solo dispondrá de unas horas para estudiar el caso. Para concluir, cuando llega la sentencia por vía rápida, ésta es oral, lo que dificulta aún más las apelaciones.
El gobierno no ha hecho pública ninguna lista oficial de detenidos. La dimensión del operativo estatal impide saber a ciencia cierta cuántos son, a cuántos han liberado o impuesto medidas cautelares y cuántos ya están en prisión. Entre estos últimos figuran varios conocidos opositores, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, y José Daniel Ferrer, expreso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
Anque el grupo de Facebook Desaparecidos #SOSCuba está lleno de denuncias de familiares que no saben dónde se encuentran los detenidos, los funcionarios cubanos sólo tienen registradas 63 personas que han acudido a la Fiscalía con ese fin desde el 12 de julio.
En la comparecencia televisiva, el coronel Álvarez Valle aseguró que esas listas de detenidos y desaparecidos es “una lista manipulada, que pierde seriedad, sostén y solidez, a partir de la falta de datos”. "No aparecen los números de carné de identidad, ni la provincia de residencia, incluso hay nombres con un solo apellido. Además, “hemos comprobado que hay personas que nunca han sido detenidas ni entrevistadas por la policía”.
El oficial citó el caso de Ramón Samada, presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos.
El joven cineasta José Luis Aparicio Ferrera explicó en Facebook el origen del malentendido que incluyó a Samada en las listas.
Sobre el estado legal de los detenidos por los hechos del 11 de julio, el representante del MININT dijo que “hay un número muy pequeño, cuyos abogados se han ido personando a partir de que la Fiscalía ha ido decretando la prisión provisional”.
La realidad es que en Cuba se dificulta encontrar un abogado defensor que esté dispuesto a enfrentar a la Fiscalía en juicios con trasfondo político. En muchos casos, los abogados no son siquiera informados de los detalles del proceso o de los cargos. Casi ninguno ha podido revisar la actuación, entrevistar de manera privada a su defendido, participar en algunas acciones investigativas y de instrucción penal, ni proponer pruebas.
Los cargos contra muchas de las personas que protestaron la semana pasada son por desorden, desacato, alteración del orden, incitación a delinquir, y han traido siempre, como reconoció el oficial del MININT, la medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Activistas han documentado más de 500 detenidos desde las protestas del 11 de julio en Cuba, entre ellos varios menores de edad, mientras organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días.
Activistas han hecho circular un listado interactivo en un documento Excel con los datos personales de los arrestados, la fecha y hora de detención, el último reporte o el lugar donde fueron vistos por última vez.
El elenco incluye ya más de 560 nombres en localidades de todo el país, entre ellos varios menores de edad. Otras listas hablan de 642 personas, de las cuales 116 habrían sido liberadas con medidas cautelares.
“En todos los lugares donde existen personas detenidas, ya sea en las unidades de policía o en las de investigación criminal, hay alimentación y servicio médico las 24 horas del día. Como norma, para ingresar a esos órganos se hace un chequeo médico”, dijo Álvarez Valle.
Una afirmación desmentida por una de las detenidas, Solveig Font, que en Facebook aseguró haber recibido medidas cautelares sin fiscal, tener amigos desaparecidos y torturados.
"¡¡Si se respetarán los derechos a manifestarse y los derechos humanos no estaríamos hablando de esto!!", dijo Font.
Un "diálogo fluido"
"La tortura no es ni será una práctica en Cuba", aseguró también en la TV cubana el coronel Álvarez Valle.
“Nos interesa conversar. Porque detrás de esa conversación conocemos motivaciones, implicaciones y, de alguna manera, contribuir a perfeccionar el trabajo y a profundizar en la investigación del caso. Por tanto, es una oportunidad que tienen los fiscales de estar a solas con los detenidos, siempre en un lugar de entrevistas, donde hay un diálogo fluido”, añadió el jefe de departamento de Supervisión en la dirección de Procesos Penales de la FGR.
La versión oficial ha sido desmentida por numerosos testimonios de torturas, golpizas y vejaciones sufridas en los calabozos cubanos estos días. Entre ellos, el del estudiante universitario Leonardo Romero Negrín, detenido durante la manifestación del 11 de julio frente al Capitolio de La Habana.
Romero Negrín detalló varias golpizas y vejaciones sexuales a detenidos, incluso a varios esposados.
Mientras tanto, la versión oficial sobre los numerosos interrogatorios es que no son tales: “más que un interrogatorio, es un diálogo donde se dan las condiciones propicias para si existiera alguna preocupación o denuncia se pueda transmitir a la Fiscalía para su investigación”, aseguró el oficial.
Diferentes gobiernos y organizaciones han criticado la represión por parte del gobierno verificada estos días. "Están enviando un mensaje de terror para persuadir a las personas de que no regresen a las calles", aseguró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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