La madre del rapero contestatario Richard Adrián Zamora Brito, El Radikal, denunció que su hijo lleva 36 días en prisión sin haber podido contactar con su familia ni contratar a un abogado, tras haber participado en las protestas masivas del pasado 11 de julio.
Zamora Brito, residente en Colón, Matanzas, se limitó a sumarse a los manifestantes que recorrieron su ciudad.
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En 2018, el rapero ya había sido expulsado de su trabajo por criticar al régimen a través de su música y sus publicaciones en redes sociales.
En un video colgado este lunes en redes sociales, la madre de El Radikal precisó que la única respuesta que le han dado las autoridades hasta el momento es que su caso y su expediente se encuentran en manos de la Fiscalía Militar.
El rapero se encuentra actualmente en el Combinado del Sur en Matanzas, donde se le ha negado la atención médica, según ha sabido su madre por otros reclusos. "Nos hemos enterado que tuvo COVID y no se nos informó. Tiene grandes problemas psiquiátricos y no le están dando los medicantos. Estuvo vomitando y el guardia le dijo que se podía morir vomitando", dijo la madre.
También subrayó que su hijo no tiene antecedentes penales y él fue a las manifestaciones del 11 de julio a expresar sus sentimientos. "No hizo ningún daño, no hizo contrarrevolución", aseguró.
"Pido libertad para mi hijo, que lo liberen que no podemos más", concluyó la madre del músico entre sollozos.
A finales de julio, el músico contestatario Osvaldo Navarro, conocido como Navypro, denunció el arresto de su colega y criticó el tratamiento del caso.
"Todos los comunicados que le han dado a la familia han sido de manera verbal. no han dado ningún documento oficial que acredite el número de expediente o una causa", explicó Navarro.
Un mes después de las protestas antigubernamentales que estremecieron la isla, cientos de manifestantes y activistas siguen encarcelados mientras que sus familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian malos tratos, falsas acusaciones e irregularidades procesales.
Según el centro de asesoría legal Cubalex, que monitorea los arrestos y brinda asesoría legal a los detenidos y sus allegados, la lista total de detenidos ronda ya las 850 personas.
La abogada Laritza Diversent, directora y fundadora de Cubalex, explicó hace poco que la Seguridad del Estado presiona a los familiares de los detenidos para que no informen los casos de sus seres queridos en prisión y exige retractaciones públicas a cambio de eliminar causas penales.
Algunos, como la madre de Adrián, han perdido el miedo y están usando las redes sociales para denunciar el calvario de estar más de un mes sin noticias de los desaparecidos.
A la mayoría de los manifestantes arrestados se les imputan delitos como desacato, incitación a delinquir, propagación de epidemia, desorden público, atentado o resistencia, castigados con entre varios meses y años de cárcel en el Código Penal.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que en su mayoría las acusaciones son falsas o carentes de pruebas, lo que no ha impedido que decenas de personas recibieran condenas de prisión en juicios exprés.
"Muchas personas fueron juzgadas sin la presencia de un abogado y la sentencia se dicta de manera oral, lo que constituye una violación de las garantías del debido proceso", aseguró Diversent.
El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, negó recientemente la existencia de juicios sumarios, aseguró que se trata de "procedimientos abreviados para los delitos menores" y dijo que la Justicia cubana "cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales".
Sin embargo, cada día crecen las evidencias proporcionadas por activistas, organizaciones y familiares de los detenidos, que no confían en la imparcialidad e independencia del sistema judicial cubano.
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