El gobierno cubano ha dedicado la más reciente emisión televisiva de la Mesa Redonda a defender del aluvión de críticas su reciente Decreto Ley 35, que tipifica los delitos en Internet y contemplan como contrario a la ley "la difamación de mensajes contra el Estado" y la "incitación a movilizaciones".
El programa oficialista de este martes, en el que comparecieron la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín, el viceministro Wilfredo González Vidal, la presidenta ejecutiva de Etecsa, Tania Velázquez Rodríguez y el también viceministro de Comunicaciones Ernesto Rodríguez Hernández, giró sobre las regulaciones incluidas en el Decreto Ley No. 35, “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, y en la Resolución 105, “Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad”.
Rodríguez Hernández aseguró que "no se está limitando la participación social en las plataformas digitales" y dijo que las políticas públicas cubanas "defienden la Internet como un espacio de debate, intercambio, reflexión, de expresión de quejas y planteamientos".
“Con las nuevas normativas se busca complementar estos fines, a partir de exigir que se haga un uso adecuado, respetuoso, ético, con apego a la verdad, de estos canales de comunicación”, aseguró.
Con respecto a quienes relacionan la censura con en estas normativas, Rodríguez Hernández ejemplificó que Alemania tiene desde el 2017 una ley de aplicaciones de redes que condena el discurso de odio, de difamación, de incitación a la violencia, y que establece la imposición de multas a los ciudadanos y a las empresas proveedoras de plataformas que no eliminen estos contenidos en determinado tiempo.
Igualmente, citó la aprobación hace dos años en Francia de una ley que persigue frenar las publicaciones ilícitas: mensajes que inciten al odio, al racismo, a la violencia, a prácticas pornográficas y al acoso.
La nueva normativa cubana, aprobada en abril y que ha entrado en vigor tras las inéditas manifestaciones del pasado 11 de julio, mezcla delitos de opinión con cibercrímenes reconocidos en la legislación internacional y tipifica como delitos de ciberterrorismo la "subversión social", la “divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país” (siempre según la óptica del gobierno).
De "obligatorio cumplimiento para personas naturales y jurídicas", el reglamento establece 17 "incidentes (delitos) de ciberseguridad", que van de niveles de "peligrosidad" de "medio" a "muy alto".
Entre ellos, destaca la "subversión social" para "alterar el orden público" y "promover la indisciplina social".
También figuran, entre otros, la "divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país", el ciberacoso, el engaño pederasta, el servicio de TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) ilegal y el robo de información.
Las reacciones al nuevo reglamento, que pretende censurar en el territorio cubano el dominio de las redes sociales y sus contenidos, empezaron a aparecer casi de manera inmediata en Twitter.
Usando dos hashtags o etiquetas #NoAl35 y #NoAlDecretoLey35, los internautas de la isla han condenado este recurso, como sucediera antes tras la salida del Decreto Ley 370, conocido como "Ley Mordaza".
El director de Human Rights Watch en América, José Miguel Vivanco, dijo en Twitter que el "régimen cubano restringe aún más" la red al publicar "normas que permiten interrumpir el internet cuando se publique información que el gobierno considere 'falsa'".
Añadió que Cuba trata "la divulgación de noticias que dañen el 'prestigio del país' como casos de ciberseguridad".
El internet móvil, que llegó a Cuba apenas en 2018, se ha convertido en unaliado de colectivos y organizaciones ciudadanas para expresar sus demandas y fue vital el 11 de julio cuando las manifestaciones se reprodujeron de manera masiva en las redes sociales por toda la isla.
El nuevo reglamento entra en vigor en momentos en que Cuba acusó el pasado jueves de "agresión" al Senado de Estados Unidos por intentar brindar acceso libre a internet a los cubanos, para sortear un eventual apagón digital del gobierno.
Durante el estallido, el gobierno cortó por cinco días aplicaciones y servicios de conexión que fueron vitales en esa movilización. Biden anunció entonces que su gobierno estudiaba cómo podía restaurar la conectividad.
En correspondencia, el Senado estadounidense aprobó la semana pasada una enmienda que crearía un fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología ya existente con el objetivo de proveer de internet a los cubanos.
En esa misma línea, los departamentos del Tesoro y el Comercio de Estados Unidos emitieron un día después una hoja informativa que detalla los pasos para las concesiones de licencias para los servicios de internet y telecomunicaciones relacionados con Cuba.
Según organizaciones independientes como Freedom House, Cuba está considerado dentro de los 30 países con mayor censura virtual en el mundo, y es uno de los tres únicos países del hemisferio ociidental que impone bloqueos parciales y totales al servicio de internet.
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