El gobierno de Cuba reclama a Sudáfrica el pago de casi 13 millones de dólares tras escándalo por la compra a la isla de un fármaco contra el coronavirus, considerada ilegal por la recién nombrada ministra de Defensa y Veteranos Militares de ese país, Thandi Modise.
La secretaria de Defensa, Gladys Kudjoe, admitió ante el Comité de Cartera de Defensa del Parlamento de ese país que la parte cubana está presionando al gobierno sudafricano para el pago de los 180 millones de rands pendientes, equivalentes a unos 13 millones de dólares, refiere el medio local Politics Web.
Kudjoe afirmó que las autoridades cubanas exigen el dinero, pero Modise insistió ante el Parlamento que la compra fue realizada de manera ilegal por el Ejército, ya que no contaba con la autorización del Departamento de Salud.
Dijo que el fármaco Heberon Alpha R 2B tampoco está registrado por la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA, por sus siglas en inglés) ni aprobado para su uso en el país africano.
Aunque funcionarios sudafricanos han señalado que este asunto podría afectar las relaciones entre La Habana y Pretoria, Kobus Marais, líder de la opositora Alianza Democrática (DA, por sus siglas en inglés), afirmó que el Departamento de Defensa "no debería haber celebrado un acuerdo de suministro de medicamentos sin un certificado de aprobación de SAHPRA", refiere el citado medio.
Incluso, Marais llamó a la ministra Modise a "iniciar la cláusula de rescisión del contrato y a cancelar el pago de los 180 millones de rands pendientes".
El líder opositor insistió, además, en la invalidez del contrato porque también se habrían violado "las leyes de contratación pública y los reglamentos de importación de Sudáfrica, ya que el Departamento de Defensa aún no ha proporcionado pruebas de si solicitó una exención del Tesoro y del Departamento de Comercio e Industria para la compra exclusiva del medicamento".
"Peor aún, no hay evidencia que demuestre que el medicamento cubano Heberon tenga la Certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", apuntó Marais.
También expuso que no solo deben “rodar” las cabezas de aquellos que estuvieron involucrados en este espantoso abuso de los recursos públicos, sino que también deben rendir cuentas. Poco después de la presentación del informe ministerial en tres semanas, como prometió la ministra, el fiscal del distrito presentará cargos penales contra todos los implicados, anunció Marais.
Según el líder del partido opositor, la promesa de dar con los responsables que hizo ante el Parlamento la ministra Modise al denunciar el caso, "solo funcionará si se detiene el pago de los 180 millones de rands que están exigiendo los cubanos y responsabiliza a todos los funcionarios implicados por sus acciones".
Esa pesquisa implica a instituciones oficiales como la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA), la Defensoría Pública y la Policía.
Thandi Modise prometió el miércoles último, en su primera sesión informativa ante el Parlamento sudafricano, que tomaría acciones contra los funcionarios y generales del ejército involucrados en la compra de Heberon Alfa R a Cuba por el valor de 17,7 millones de dólares para supuestamente mitigar la COVID-19 en esa nación de África.
Modise advirtió en esa ocasión que las cabezas de aquellos altos funcionarios responsables de la transacción “rodarían”, ya que el proceso de adquisición del fármaco violó los protocolos de importación, y dejó fuera al Departamento de Salud.
En lo que va de año, este es el segundo revuelo en torno a los convenios entre La Habana y Pretoria.
En mayo de este año varios medios de prensa sudafricanos cuestionaron proyectos millonarios de cooperación por los que el gobierno de ese país africano habría pagado millones a Cuba, en vez de contratar a trabajadores locales.
Un artículo del portal Rapport reveló que el gobierno sudafricano pagó más de 1.600 millones de rands (115 mil millones de dólares) a Cuba por el Proyecto Thusano, un plan conjunto que comenzó en 2015 y que pretende "crear un sistema de transporte sostenible" para la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF).
Los mecánicos militares cubanos se habrían utilizado para brindar mantenimiento a los vehículos de la SANDF y capacitar a los técnicos locales.
El proyecto se inició en el ejercicio económico 2015/2016 con un pago de la SANDF de 6 millones de rands (434 mil dólares) para el Proyecto Thusano, gasto que aumentó rápidamente a 144 millones de rands en 2016/2017, 163 millones de rands en 2017/2018 y 261 millones de rands en 2018/2019.
Esta revelación surgió en medio de una batalla legal sobre el uso de ingenieros cubanos para ayudar a solucionar la crisis del agua en ese país africano.
En abril de este año, la ministra de Asentamientos Humanos, Agua y Saneamiento, Lindiwe Sisulu, recibió a 24 ingenieros para mejorar los esfuerzos del gobierno en el suministro de agua y servicios relacionados, como parte de un acuerdo bilateral de 2014 entre ambos países sobre cooperación en la gestión de los recursos hídricos y el suministro de agua.
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