Daniel Ortega emite orden de detención contra el escritor y exvicepresidente sandinista Sergio Ramírez

La fiscalía nicaragüense acusa al intelectual de lavado de dinero y conspiración.

Sergio Ramírez en una foto de archivo © Facebook/ Fundación Gabo
Sergio Ramírez en una foto de archivo Foto © Facebook/ Fundación Gabo

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Este artículo es de hace 3 años

El régimen de Daniel Ortega sigue arremetiendo contra cualquier asomo de oposición. Esta semana le ha tocado al escritor Sergio Ramírez, quien fuese vicepresidente del propio Ortega hace décadas.

La fiscalía nicaragüense, controlada por la pareja presidencial, ha dictado orden de detención contra Ramírez acusándolo de “lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.


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“La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes”, reaccionó Ramírez en Twitter después de que el Ministerio Público emitiese la acusación.

“No es la primera vez que ocurre en mi vida. En el año 1977, la familia Somoza me acusó por medio de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir, y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura igual que lucho ahora contra esta otra”, recordó el escritor.

La acusación contra el escritor, Premio Cervantes y uno de los más importantes intelectuales en activo de Iberoamérica, llega casi tres meses después de que la Fiscalía lo citase presencialmente a su sede para entrevistarlo sobre el supuesto caso de “lavado de dinero” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una ONG que brindaba apoyo técnico al periodismo y que era dirigida por Cristiana Chamorro, precandidata presidencial en prisión domiciliaria desde junio.

La Fiscalía ha girado ahora una orden de captura contra Ramírez, quien se encuentra fuera de Nicaragua presentando su último libro.

El escritor, mano derecha de Ortega en los años 80, es uno de los disidentes sandinistas más prominentes. En enero de 1995, Ramírez anunció su renuncia a la militancia del Frente Sandinista. Dejó la política para concentrarse en su proyecto literario. Sin embargo, desde entonces ha sido uno de los críticos más certeros del proyecto autoritario de la pareja presidencial.

En 2018, al recibir el premio Cervantes, Ramírez dedicó su discurso “a los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando, sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser República”.

“Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio, y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder, y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos, y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás”, declaró Ramírez.

“Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros. Los libros de un escritor. Los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras, y nunca me impondrán el silencio”, sostuvo el literato.

La persecución política contra Ramírez es parte de una escalada represiva desatada por los Ortega-Murillo que acumulan, 36 presos políticos en los últimos tres meses.

Entre ellos hay, hasta el momento, siete precandidatos presidenciales, exguerrilleros sandinistas históricos, banqueros, líderes de sociedad civil y periodistas.

El Gobierno de Ortega y Murillo ha echado mano a una serie de leyes punitivas aprobadas en 2020 para acallar y perseguir a sus críticos, liquidando con cárcel, hostigamiento y exilio las elecciones generales previstas para noviembre próximo.

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