La administración de Joe Biden prohibió este martes que el gobierno de Estados Unidos destine fondos para programas educativos y de intercambio cultural con Cuba.
“Según lo dispuesto en la sección 110 (d) (1) (A) (ii) de la Ley, determino que Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio, ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba”, según la directiva presidencial publicada por la Casa Blanca.
La orden responde a la preocupación de Estados Unidos en relación con la trata de personas y la manera en que afrontan este flagelo determinados gobiernos en el mundo, entre ellos el cubano, al que señalan por el modelo de contratación de las misiones médicas internacionales y ubican en el nivel 3 de incumplimiento en esta materia.
Junto a los de Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria, el gobierno de Cuba no ha realizado los esfuerzos que se le han señalado ni ha colaborado para combatir la trata de personas, según expresa el texto de la “Determinación presidencial con respecto a los esfuerzos de gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas”.
En julio, Estados Unidos señaló a Cuba entre los países que no cooperan en la eliminación del tráfico de personas y reclamó que los médicos enviados a misiones en el exterior reciban salarios justos y sin el control impuesto sobre ellos por el régimen cubano.
Invocando la sección 110 de la “Ley de protección de las víctimas de la trata de 2000”, el presidente Biden dispuso dichas medidas “para el año fiscal 2022, hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos de la Ley o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos”.
La directiva da instrucciones a los directores ejecutivos de Estados Unidos que trabajan en Bancos de Desarrollo multilaterales, así como en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para votar en contra y hacer todo lo posible por denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de sus respectivas instituciones a dichos países.
Quedan fuera de la directiva presidencial aquellos fondos destinados a la asistencia humanitaria, a la asistencia relacionada con el comercio y aquellos programas de ayuda al desarrollo que aborden directamente las necesidades humanas básicas.
Durante el año fiscal 2022 (hasta el 30 de septiembre de 2022), Cuba estará en la lista de los países castigados, en represalia por no colaborar en la lucha contra la trata de personas, “hasta que el gobierno cumpla con los estándares mínimos de la Ley o haga esfuerzos significativos para lograr el cumplimiento de las normas mínimas”.
La Determinación Presidencial No. 2022-06 incluye exenciones parciales en el régimen sancionador a países a los que anteriormente se le ha vetado fondos de estas características, destinados a programas de intercambios culturales y educativos, en función de su comportamiento en el tema de la trata de personas o por cuestiones de interés estratégico.
El Informe sobre trata de personas de 2021, presentado en julio por el Departamento de Estado, indicó que el gobierno cubano "no cumple con los requerimientos mínimos para combatir la trata de personas y no está haciendo esfuerzos notables" para eliminar esa forma moderna de esclavitud laboral, expresada a través de sus programas de colaboración internacional en materia de salud.
"El gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas en el extranjero enviando su personal médico al extranjero, sin informarles de los términos de sus contratos, confiscando sus documentos y bajo amenazas a sus familiares si tratan de escapar de la misión”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken al presentar el reporte anual en conferencia de prensa en Washington.
Durante los últimos tres años Cuba se ha mantenido en el nivel 3 de incumplimiento en materia de trata de personas; una designación que pone el foco en las arbitrariedades cometidas respecto a las misiones médicas cubanas en el extranjero.
"Durante 2020 el gobierno cubano sacó provecho de la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o a abordar las violaciones laborales y los delitos de trata de personas, a pesar de las persistentes denuncias de observadores, ex participantes y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en los abusos", indicó el reporte.
Entre las recomendaciones hechas en el documento, se instó a garantizar que las misiones médicas en el extranjero cumplan con las normas laborales internacionales como condición para mantenerse en vigor, y garanticen que sus participantes reciban salarios justos, pagados en su totalidad en cuentas bancarias que puedan controlar personalmente, manteniendo el control de sus pasaportes, contratos y credenciales académicas.
El informe pidió además "garantizar un entorno de trabajo a salvo de la violencia, el acoso y la vigilancia intrusiva" y que los profesionales cubanos puedan tener libertad de movimiento para considerar el abandono del programa o el rechazo de una asignación sin sanciones como la amenaza, el encarcelamiento o la prohibición de regresar a Cuba.
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