La burocracia en Cuba, en específico en las instituciones relacionadas con el fondo habitacional, es casi legendaria. Incluso la prensa oficial, que no acostumbra a publicar historias profundas y denuncias sobre este tema tan sensible, lo reconoce.
Este lunes, el periodista José Alejandro Rodríguez, a cargo de la sección Acuse de recibo del diario Juventud Rebelde, que se dedica a recepcionar y difundir quejas de la población con respecto a diversos asuntos de la realidad nacional, así como las consecuentes respuestas, o justificaciones, de las entidades del Estado involucradas, dio a conocer los casos de tres personas que llevan entre dos y 31 años esperando para poder legalizar la propiedad de una vivienda.
"Comienza 2022, y hablando en propiedad, aún quedan personas viviendo sin la propiedad de su vivienda por múltiples razones, a pesar de que se han preocupado por ello. Y eso las conmina a un limbo de inseguridad que no merece ningún ciudadano", advierte Rodríguez.
Los afectados son Jesús Martínez Pérez, Benilde O. Guibert Agramonte y Pedro Antonio González Martín, residentes todos en La Habana. El primero lleva más de 15 años para hacer su trámite, el segundo, más de dos, y el tercero, 31.
En el caso de Martínez Pérez (calle 230 No. 8905, entre 89 y 91, Reparto Bello 26, La Lisa) "el asunto tiene que ver con la casa que él y su hermano heredaron de su mamá, para desglosarla", pues "había que arreglar un error de tiempos atrás en el nombre de su abuelo, que se llamaba Mateo Anacleto.
"A su hermano, en la inscripción de nacimiento le aparecía el nombre del abuelo como Anacleto, y en la de Jesús figuraba como Mateo", precisa la nota.
Por ello, en la Dirección Municipal de la Vivienda le solicitaron a Martínez Pérez que fuera a la provincia de Pinar del Río, a un pueblito que se llama Cayuco, donde su abuelo viviera, y volviera de allí con tres testigos que avalaran el nombre de Mateo Anacleto.
"Imagínese usted, buscar en ese pueblo tres ancianos que hayan conocido a mi abuelo, quien nació, según decía mi madre, en 1850. ¡Imagínese que yo encuentre a tres viejos de 160 o 170 años! Y si los encontrara, ¿cómo los traería para La Habana, dónde los alojaría, con qué pagaría los viajes?", contó en su misiva al diario.
Benilde O. Guibert Agramonte (calle 184, No. 1313, altos, entre 13 y 15, Siboney, Playa) tiene una historia menos siniestra, en comparación con los otros dos ciudadanos, pero igual de absurda. Sus trámites los inició el 2 de noviembre de 2018 en la Dirección Municipal de la Vivienda, que había sido de Educación y ya había sido liberada, el 11 de abril de 2019 le radicaron el expediente con el número 322/19, y le prometieron una respuesta en 50 días hábiles.
"Llevo dos años y seis meses esperando dicha respuesta. En Vivienda de Playa nadie sabe el derrotero de mi expediente. Sin querer ofender a nadie, digo que esto es una falta de respeto. El directivo que tiene que velar y cumplir con la ley de nuestro país, la viola… Y mi caso, ¡no tiene justificación con la pandemia!", aseguró.
Pero la más terrible de las experiencias es la de Pedro Antonio González Martín (calle 35, No. 11821, apto. 1, entre 118 y 118 A, Marianao), quien realizó una ampliación su casa en la planta alta en junio de 1988 y, en diciembre de 1990, luego de que su construcción recibiera la categoría de habitable utilizable, se dirigió a Prado 257 a legalizarla. Allí le dijeron que esperara, él tendría entonces 57 años.
Al parecer, el hombre pasó más de dos décadas sin noticias de ninguna institución, y no conforme con la falta de respuesta, el 17 de julio de 2012 llevó su caso ante el Instituto Nacional de la Vivienda. Sin embargo, tampoco tuvo suerte. Le informaron que estaban suspendidas las legalizaciones en edificios múltiples y, una vez más, le pidieron que esperara.
Cuatro años más tarde, el 6 de agosto de 2016, el ciudadano entregó sus documentos en Planificación Física de Marianao, y allí le respondieron que su solicitud no procedía por una escalera de caracol que tenía y que siempre había estado en los planos y otros documentos y no se identificó como un obstáculo cuando la vivienda se consideró habitable.
El 24 de marzo de 2021, González Martín volvió a insistir con Planificación Física y, una vez más, la respuesta fue que siguiera esperando, que en 60 días le avisarían. En enero de 2022, González Martín, con 88 años, sigue esperando.
"¿Por qué por una resolución emitida mucho después de realizar legalmente todo, estoy afectado y no tengo derecho a legalizar mi propiedad? ¿Cuántos recursos de los cuales hoy no dispongo serían necesarios para modificar algo que en su momento aceptaron y fue legal? Tengo los documentos originales, así como las copias enviadas. Y tengo ya 88 años. ¿Veré la propiedad de mi vivienda?", señaló.
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