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El administración de Joe Biden reiteró su voluntad de cerrar la prisión de Guantánamo y pidió al Congreso de Estados Unidos que elimine las restricciones para el traslado de los detenidos hacia otras instalaciones penitenciaras en territorio continental.
La petición se produce luego de la firma de la ley federal de presupuesto, gasto y política del Departamento de Defensa y coincide con los 20 años de la llegada de los primeros presos a GITMO, como parte de la llamada guerra contra el terrorismo que comenzó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
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“Seguimos decididos a deliberar y a un proceso exhaustivo centrado en reducir de forma responsable la población de detenidos en la bahía de Guantánamo y, en última instancia, a cerrar las instalaciones”, agregó en conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
El funcionario reconoció además que la cárcel ubicada en la Base Naval de Guantánamo constituye una mancha moral para Washington, y dijo que es intención del ejecutivo hallar naciones adecuadas para trasladar a los detenidos y negociar acuerdos de transferencia.
Price agregó que parte fundamental del proceso depende de las regulaciones de la Oficina de Regulación Periódica (PRB, por sus siglas en inglés), encargada de definir qué prisioneros no están sujetos a la ley sobre detenidos de guerra y por lo tanto aplican a las garantías de seguridad y tratamiento humano.
"En este proceso, la PRB determina que un detenido ha sido considerado elegible para su traslado y puede recomendar países a los que ser enviados, pero no determina dónde serán enviados", explicó el portavoz quien además señaló que el Departamento de Estado mantiene comunicaciones regulares con las naciones que pudieran recibir a estos prisioneros.
Tras firmar la ley de Autorización de Defensa Nacional, Biden criticó el documento por incluir disposiciones que impiden el traslado de los presos, tanto dentro del país como fuera de sus fronteras.
"La ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros (...) y también prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos a menos que se cumplan determinadas condiciones", añadió el mandatario estadounidense.
El cierre de estas instalaciones constituye un reto pendiente para la administración demócrata. Desde su elección en 2020, analistas y políticos llamaron la atención sobre las dificultades que enfrentaría Biden en su propósito.
La propuesta de trasladar a los presos a cárceles en Estados Unidos ha tenido oposición de congresistas como el legislador cubanoamericano Carlos Gimenez, que se opone a que los reos sean ubicados en instituciones del sur de Florida.
Uno de los principales obstáculos es la poca atención que la opinión pública dedica al asunto, sobre todo porque la población de reclusos es de apenas 40 hombres. Durante su gobierno, Barack Obama fracasó en sus intentos de cerrar la cárcel.
Mientras, como aliciente a favor de la gestión del actual presidente sobresale el alto gasto presupuestario de la prisión, el cual superaba en 2020 los 445 millones de dólares. Además las condiciones constructivas del enclave se han deteriorado considerablemente.
En febrero de 2021 Biden inició una revisión formal del futuro de la prisión militar. "El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) trabajará de forma estrecha con los Departamentos de Defensa, Estado y Justicia para lograr progresos hacia el cierre de la instalación GTMO, y también mantendrá consultas estrechas con el Congreso", explicó en ese momento Emily Horne, portavoz del CSN.
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