El manifestante del 11J Yosvany Rosell García Caso se declarará en huelga de hambre cuando culmine en Holguín su juicio esta semana, en el que la fiscalía le pide una sanción de 30 años de privación de libertad por el supuesto delito contra la seguridad del Estado de sedición.
“Mi esposo me acaba de comunicar que apenas se acaben los juicios se va a plantar en huelga de hambre para exigir sus derechos que le han sido arrebatados por exigir democracia y Libertad para el pueblo de Cuba”, expuso en su perfil de Facebook, Maylín Rodríguez Sánchez.
También Rodríguez Sánchez reclamó apoyo internacional para que “se conozcan públicamente todas las injusticias cometidas en estos juicios”.
García Caso en un mensaje que envío antes de comenzar su juicio este martes, y que reproduce el canal de YouTube de Radio República, aseguró que se “iba a plantar para que tengan que tomar una medida justa conmigo, ya que todo lo que están haciendo es arbitrario y violando todos nuestros derechos. Yo no he cometido delito y me voy a plantar hasta las últimas consecuencias”.
García Caso fue detenido de forma violenta el 11 de julio último en Holguín durante las protestas antigubernamentales en la capital de esa provincia del oriente de la isla.
Para la Fiscalía de la provincia de Holguín, García Caso, junto con otros trece acusados, se habrían manifestado de forma violenta en la tarde del 11 de julio frente a instituciones estatales, como el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, el edificio del órgano de la contrainteligencia del Ministerio del Interior y la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, con el propósito de "alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba".
García Caso tiene 33 años y es padre de tres niños pequeños. Reside en el reparto Alcides Pino del municipio cabecera Holguín, y padece del corazón desde los 23 años por lo que requiere triple medicación.
Entre el 11 y el 15 de enero, 21 cubanos será enjuiciados por el delito de sedición en la ciudad de Holguín, con peticiones fiscales desde 15 hasta 30 años de privación de libertad.
Al igual que el resto de las localidades del país donde están aconteciendo estos procesos penales, las autoridades desplegaron en las zonas cercanas al tribunal de esa ciudad oriental fuertes operativos policiales, además de colocar cámaras de seguridad a las afueras de los órganos de justicia.
También prohibieron la presencia de los familiares en el juicio, permitiendo solo un acompañante para cada acusado. El resto espera durante largas horas, de pie y al sol, mientras dura la sesión, bajo una recia vigilancia de agentes uniformados y de civil.
De acuerdo con la organización jurídica no gubernamental Cubalex, el delito de sedición es la “nueva tendencia para torcer la ley contra los manifestantes del 11J, en uno de los últimos zarpazos de un régimen no por moribundo menos cruel".
Según el grupo de trabajo para la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, Justicia 11J, 121 manifestantes de esas jornadas están siendo acusados de sedición en distintas provincias del país, con penas desde los 13 hasta los 30 años de privación de libertad, incluidos 11 menores de 18 años.
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